14 de septiembre 2016 - 12:01 am
La tenencia de cualquier suma de dinero parece ser la nueva
técnica de represión política en el país, pues bajo esta excusa se han
imputado líderes de la oposición y el conductor de un medio de
expresión. Ciertamente existe el delito de blanqueo de dinero o
legitimación de capitales que penaliza el “movimiento, destino o uso de
bienes o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos aparentar
como provenientes de una actividad legítima”. El lavado de dinero es el
último eslabón de la cadena criminal que implica que un dinero obtenido
de forma ilícita pretende legitimarse mediante su incorporación al flujo
económico legal.
Por tanto, cualquier tenencia de dinero no puede ser considerada sin más la comisión del delito de legitimación de capitales, ni ella permite, también sin más, la encarcelación en prisiones comunes de quienes lo portan. Asociado como ello está a que quienes se sancionan de esta manera están vinculados a hechos políticos de oposición al gobierno venezolano, se estaría produciendo un nuevo fenómeno de persecución antidemocrática y violatoria de los derechos humanos.
Dos miembros del partido Voluntad Popular fueron apresados como hampones comunes cuando se dirigían al estado Portuguesa para realizar actividad política de apoyo logístico en el proceso de validación de firmas para el referéndum revocatorio. La circunstancia de que estuvieran en posesión de una suma de dinero (2.990.000 bolívares) se anuncia como la razón de la detención, desde que Ministerio Público habría precalificado el delito de legitimación de capitales.
Al abogado y periodista Braulio Jatar se le ha apresado también bajo la imputación del delito de legitimación de capitales por funcionarios de la policía política Sebin, quienes afirmaron haber encontrado una suma de dinero en el carro propiedad del imputado, el cual es por cierto director del portal web Reporte Confidencial que habría difundido imágenes de las acciones de repudio a las que fue expuesto el primer mandatario nacional en visita a la comunidad de Villa Rosa.
Salta a la vista que la tenencia de sumas de dinero se asocia al delito de legitimación de capitales de forma totalmente arbitraria e inadecuada en casos en los que el tema político destaca como causa aparente de la represión aplicada. Se corrobora ahora el carácter político de estas detenciones cuando a través de la injerencia del gobierno español se ha liberado a uno de los dos dirigentes de Voluntad Popular, dejando al otro en prisión.
Entre tanto, se ha denunciado sin respuesta oficial un tema de lo que sería una verdadera legitimación de capitales en la Banca Privada de Andorra que involucra a ex funcionarios públicos y relacionados con el tema de la negociación de papeles del Estado venezolano, y por un monto superior a los 2 millardos de euros, al que se refiere en extenso Javier Ignacio Mayorca en su blog de El Nacional, Crímenes sin Castigo, el día 12 de septiembre.
La sistemática criminalización de la disidencia, mediante la utilización de la justicia penal como método de represión política que es aplicada en Venezuela impide que con ella pueda comulgar la comunidad internacional o sus líderes inscritos en el pensamiento democrático, al cual se une la concepción jurídica de los derechos humanos como función teleológica fundamental.
Por tanto, cualquier tenencia de dinero no puede ser considerada sin más la comisión del delito de legitimación de capitales, ni ella permite, también sin más, la encarcelación en prisiones comunes de quienes lo portan. Asociado como ello está a que quienes se sancionan de esta manera están vinculados a hechos políticos de oposición al gobierno venezolano, se estaría produciendo un nuevo fenómeno de persecución antidemocrática y violatoria de los derechos humanos.
Dos miembros del partido Voluntad Popular fueron apresados como hampones comunes cuando se dirigían al estado Portuguesa para realizar actividad política de apoyo logístico en el proceso de validación de firmas para el referéndum revocatorio. La circunstancia de que estuvieran en posesión de una suma de dinero (2.990.000 bolívares) se anuncia como la razón de la detención, desde que Ministerio Público habría precalificado el delito de legitimación de capitales.
Al abogado y periodista Braulio Jatar se le ha apresado también bajo la imputación del delito de legitimación de capitales por funcionarios de la policía política Sebin, quienes afirmaron haber encontrado una suma de dinero en el carro propiedad del imputado, el cual es por cierto director del portal web Reporte Confidencial que habría difundido imágenes de las acciones de repudio a las que fue expuesto el primer mandatario nacional en visita a la comunidad de Villa Rosa.
Salta a la vista que la tenencia de sumas de dinero se asocia al delito de legitimación de capitales de forma totalmente arbitraria e inadecuada en casos en los que el tema político destaca como causa aparente de la represión aplicada. Se corrobora ahora el carácter político de estas detenciones cuando a través de la injerencia del gobierno español se ha liberado a uno de los dos dirigentes de Voluntad Popular, dejando al otro en prisión.
Entre tanto, se ha denunciado sin respuesta oficial un tema de lo que sería una verdadera legitimación de capitales en la Banca Privada de Andorra que involucra a ex funcionarios públicos y relacionados con el tema de la negociación de papeles del Estado venezolano, y por un monto superior a los 2 millardos de euros, al que se refiere en extenso Javier Ignacio Mayorca en su blog de El Nacional, Crímenes sin Castigo, el día 12 de septiembre.
La sistemática criminalización de la disidencia, mediante la utilización de la justicia penal como método de represión política que es aplicada en Venezuela impide que con ella pueda comulgar la comunidad internacional o sus líderes inscritos en el pensamiento democrático, al cual se une la concepción jurídica de los derechos humanos como función teleológica fundamental.
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