MARÍA AMPARO GRAU
23 DE NOVIEMBRE 2016 - 12:05 AM
Como resultado del diálogo, el gobierno ha prometido liberar a 62 presos políticos. De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, la suma total alcanza más de 100 personas, con lo cual un buen número de ellas quedaría excluido de este beneficio. El defensor del pueblo ha declarado que las liberaciones son producto de medidas judiciales. Sin embargo, es claro que estas se deben a la instrucción gubernamental, pues son consecuencia directa de los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo con la mediación internacional entre gobierno y oposición.
A cambio de esto, se ha ofrecido la expresa decisión de desincorporar a los diputados de Amazonas, implícitamente la renuncia a que el referéndum revocatorio se realice antes del 10 de enero de 2017, fecha que permitiría el resultado de una nueva elección presidencial, pues después de ella de producirse el revocatorio del mandato el sustituto hasta el fin del mismo sería el vicepresidente en funciones.
La decisión de la oposición de aceptar someterse a una nueva elección para estos cargos de diputado no constituye necesariamente como ha querido hacerse ver admisión de los hechos que se alegan como base la impugnación oficial, y en todo caso la mera desincorporación no acarrea per se la consecuencia de la repetición de elecciones. Es necesario el fallo judicial que las anule o la renuncia de los electos. Probablemente el efecto querido por el gobierno es la mera desincorporación, pues con ello se elimina la mayoría calificada, tanto más si se considera que una nueva elección podría en todo caso repetir el mismo resultado e incluso ser aún más favorable al partido opositor.
En cambio, que el gobierno acepte la liberación de los presos políticos en el número que sea sí es prueba de que en Venezuela hay presos políticos y que el Poder Judicial se ha prestado para criminalizar la disidencia. No todos son políticos presos, pero sí presos políticos, pues se les ha encarcelado con ocasión del ejercicio de la protesta u oposición a un régimen autoritario que no entiende de la sumisión a derecho y que por el contrario es ejemplo del uso desviado de la juridicidad formal para dar apariencia de legalidad a lo que de fondo es abiertamente arbitrario y contrario a derecho.
La mesa de diálogo es sin duda un instrumento de la política que encuentra dificultad para un gobierno que se pretende cumplidor de las formas jurídicas y también para una oposición que reclama el respeto a la Constitución pero requiere propuestas que no encajan en ella.
El tema de los presos políticos y la recuperación de su libertad responde a una medida humanitaria, por lo que no puede pasar por el tamiz de la forma legal, porque el valor a restituir no admite el límite de la construcción jurídica.
Pero esta liberación no es un punto favorable para la sociedad, es decir, que trascienda a los meros involucrados, si no hay un compromiso en cuanto a la libertad como uno de los valores fundamentales, que aun ante la diversidad ideológica han de aceptarse como postulados limitantes del ejercicio del poder. Si se admite como punto de partida lo que es una de las funciones de la Constitución, como es la de integrar en una unidad política la pluralidad de fuerzas e ideologías presentes en la sociedad, la aplicación de los valores constitucionales no tendría que poder ser utilizada para privilegiar a ninguna de estas tendencias.
La libertad en su alcance completo debe llevar incluso a la revisión de las necesidades gubernamentales que se han alegado como justificación de su restricción. Es un cambio en la línea de actuación lo que se exige, de forma que se entienda que la libertad individual no puede supeditarse a la intolerancia desde el poder respecto de quienes a él no se someten, en el sentido de expresar opiniones contrarias.
Sólo si el compromiso se asume en relación con un acuerdo común sobre el valor libertad, el diálogo habrá surtido un efecto positivo. Para que ello sea de esta manera, la liberación no debe ser cuestión de números, debe abarcar a todos los presos vinculados a la protesta política, y lo que es aun más importante debe haber muestras claras de que tal conducta no seguirá implementándose en el futuro. Liberar 62 hoy y mantener el resto privado de libertad o incrementar el número en sucesivas detenciones de esta misma naturaleza implicaría un rotundo fracaso, pues el acuerdo no habrá sido en el tema esencial, que es de la libertad como valor fundamental.
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