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Francisco Monaldi
The New York Times
Octubre 26, 2016
http://www.nytimes.com/es/2016/10/26/que-le-ensena-el-colapso-petrolero-venezolano-a-america-latina/?emc=eta1-es
En Venezuela, el país con una de las más abundantes reservas de crudo del planeta, la industria petrolera está colapsando. La producción ha caído en casi un tercio, más de un millón de barriles diarios, desde que el chavismo llegó al poder; más de trescientos mil barriles diarios, solo en el último año. Día a día aparecen en los medios historias que reflejan la destrucción de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), otrora una de las más respetadas del mundo. Inversión declinante, corrupción, mal manejo de los yacimientos, accidentes, desastres ambientales, robo de equipos, emigración del capital humano constituyen la realidad detrás de este colapso. Los altos precios del petróleo ocultaban dicha realidad, pero su desplome la ha hecho evidente y dramática.
Cuando Chávez ganó las elecciones en 1998, el precio del barril tocó su mínimo desde los años setenta, por debajo de los 10 dólares. Cuando él murió, en 2013, estaba por encima de los 100 dólares. La estadía de Chávez en el poder tuvo una sincronía singular con el ciclo de precios y con el ciclo de inversión en Venezuela. No solo se benefició del auge del precio, sino de la apertura de la industria petrolera al capital privado en los años noventa. Dicha apertura logró adicionar más de un millón de barriles diarios, con empresas internacionales como Exxon, Conoco y Total. Los ingresos extraordinarios entre 2004 y 2013 representaron para Venezuela más de 300 por ciento de su producto interno bruto anual. La bonanza más grande en la historia de la región.
Durante sus primeros seis años en el poder, Chávez respetó los contratos con las empresas internacionales, a pesar de haber sido un duro crítico de la apertura. No fue sino hasta 2005 —cuando aprovechando que el auge de precios estaba encaminado y los proyectos de inversión iniciados en los
noventa habían sido concluidos— que el gobierno inició la renegociación
forzosa de los contratos y la nacionalización de las empresas.
Sin embargo, para sorpresa de muchos, en 2008 y 2009 el gobierno abría
de nuevo el sector a la inversión extranjera. Chevron y CNPC, entre otras
empresas, firmaron contratos para ejecutar ambiciosos proyectos. Para ese
entonces, la producción había caído en más de cuatrocientos mil barriles
diarios, producto de las expropiaciones y del desmantelamiento de la
empresa estatal –que sufrió un duro golpe con el despido de más de 18.000
trabajadores, casi la mitad de su nómina, por su participación en el llamado
“paro petrolero” de diciembre de 2002 y enero de 2003—. El gobierno
necesitaba un nuevo ciclo de inversiones y pensaba que, con los altos
precios, las empresas internacionales invertirían a pesar de la debilidad de
los derechos de propiedad y las duras condiciones fiscales. Se logró atraer
muy poca inversión y la producción siguió decayendo.
En 2012 el gobierno empezó a negociar sigilosamente con sus socios nuevos
contratos más atractivos a cambio de inyecciones de capital. Dichos
contratos daban mayor control a los socios sobre la operación y los
ingresos, garantizándoles recuperar su inversión.
Luego del colapso de los precios en 2014, el pragmatismo se tornó en
desesperación. PDVSA, que ya en pleno auge de precios tenía problemas de
flujo de caja por la voracidad fiscal del chavismo, no tenía cómo emprender
las inversiones necesarias para evitar el colapso de producción y entonces
tuvo graves dificultades para honrar sus compromisos. Con los precios
actuales es menos atractivo invertir en el crudo extrapesado venezolano, de
bajos márgenes.
El nerviosismo es notable. En 2016, PDVSA vendió a la estatal rusa Rosneft
una participación en un proyecto de crudo extrapesado y en otro de gas
costa afuera, con un significativo descuento. A cambio de acceso a crédito,
también le otorgó a empresas de servicios petroleros, contratos en
condiciones muy desfavorables, y sigue negociando nuevas concesiones
contractuales con sus socios. Ahora, para intentar evitar el impago de su
deuda y ganar tiempo, PDVSA intenta que los tenedores de sus bonos de
próximo vencimiento acepten un canje por bonos de más largo plazo.
Como respaldo, PDVSA ha ofrecido CITGO, su subsidiaria en Estados
Unidos y una de sus propiedades más valiosas. Los tenedores no han mostrado interés. En respuesta, la petrolera advirtió que de no lograrse el canje, sería “difícil” pagar los bonos existentes a su vencimiento, una amenaza implícita de impago.
Pero el fenómeno descrito no se limitó a Venezuela. Paradójicamente, durante la década dorada, la producción total de Latinoamérica cayó 7 por ciento. En contraste, Estados Unidos y Canadá aprovecharon la oportunidad para incrementar su producción en 73 por ciento, con una geología menos abundante que la de sus vecinos del sur.
PDVSA es solo el caso más extremo de lo que ocurrió en buena parte de la región. La interpretación cortoplacista del “nacionalismo petrolero” —que lideró el chavismo— es en buena parte responsable del pobre desempeño regional. En Argentina, Bolivia y Ecuador, luego de una exitosa apertura al capital privado, expropiaron contratos y nacionalizaron empresas. Como consecuencia, la inversión cayó, o se estancó, en pleno auge de precios. En México, el endeudado monopolio estatal, Pemex, desaprovechó la oportunidad del auge y su producción también colapsó.
La ola de expropiaciones tuvo dos importantes excepciones que lograron atraer inversiones con un sólido marco institucional: Brasil y Colombia. Sin embargo, incluso en Brasil, el descubrimiento de recursos masivos en aguas profundas promovió un endurecimiento de las condiciones de inversión y la politización del sector, cuyas consecuencias se están viendo en el escándalo de Petrobras.
Ahora, con precios bajos y la necesidad perentoria de un nuevo ciclo de inversión, todos los países le ponen la alfombra roja a los inversionistas extranjeros y compiten entre sí.
¿Aprenderemos la lección esta vez? Venezuela casi mata a la “gallina de los huevos de oro” y otros países siguieron su ejemplo, aunque con menor saña. Para ellos fue una “década perdida”. Los vaivenes pendulares, del control estatal a la liberalización, han limitado el desarrollo del inmenso potencial de la región. Lo que esta requiere es una verdadera política “nacionalista” de largo plazo, a partir de la creación de instituciones estables que permitan el desarrollo sostenido del sector y garanticen los derechos de propiedad de los inversionistas, y la eficiencia y sostenibilidad financiera de las empresas del Estado.
Una política pragmática con amplio consenso político es la única solución perdurable. Aunque llegó tarde, la reforma de México parece estar más cerca de lograrlo. Inspirándose en Brasil y Colombia, creó una estructura institucional sólida con rango constitucional, basada en entes reguladores independientes. Promueve la inversión privada con un marco contractual y fiscal que se adapta a la rentabilidad de los proyectos, y reduce así los incentivos para la renegociación oportunista. El optimismo que esta reforma genera se ve solo atemperado debido a que la historia regional nos enseña que, si las condiciones que han dado origen al “nacionalismo petrolero” regresan, podríamos tropezar una vez más con la misma piedra.
Francisco J. Monaldi (Caracas, 1972). Economista por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Profesor de Economía Política la UCAB. Ph.D. en Política Económica por la Universidad de Stanford, Master en Economía Internacional por la Universidad de Yale; Profesor fundador del Centro de Estudios de Energía y Ambiente del IESA. Es investigador invitado para política energética de América Latina en el Centro de Estudios de Energía, sobre México y la Iniciativa América Latina en el Instituto Baker y profesor adjunto de economía política del petróleo en la Universidad Rice. Profesor Asociado en geopolítica de la energía en el Centro Belfer para la Ciencia y Asuntos Internacionales en la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard y Profesor Asociada en política energética de la Escuela de Gobierno en el Tecnológico de Monterrey en México, donde dirige el Programa sobre Petróleo y Gas, gestión y política.
Es autor de numerosas publicaciones académicas, incluyendo recientemente "colapso institucional," en Venezuela antes de Chávez: Anatomía de un colapso económico, R. Hausmann y F. Rodríguez, eds. (Penn State University Press, 2014); "El centralismo gasoil," en Petróleo y Gas en los sistemas federales, G. Anderson, ed. (Oxford University Press, 2012); y "La economía política del petróleo Renegociación de Contratos en Venezuela," en la trampa de Recursos Naturales: Inversión privada y sin compromiso público, W. F. Hogan y Struzenegger, eds. (MIT Press, 2010).
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