FERNANDO OCHOA ANTICH| EL UNIVERSAL
domingo 18 de agosto de 2013 12:00 AM
La sesión de la Asamblea Nacional del martes pasado me produjo una profunda decepción y una gran tristeza. Nunca creí que la pasión política podría llegar al extremo de vulnerar el honor de Venezuela de la manera que lo hicieron los diputados Diosdado Cabello y Pedro Carreño. Es verdad, que sus antecedentes personales ya indicaban un comportamiento no cónsono con la dignidad que debe tener un representante del pueblo, pero nunca pensé que se atrevieran a utilizar un lenguaje tan soez como el que empleó Pedro Carreño para ofender el honor de Henrique Capriles. Por suerte en la vida no ofende el que quiere sino el que puede. Hay que tener suficiente autoridad moral para poder recriminarle a otra persona su conducta. Realmente, Pedro Carreño no la tiene ni como político, ni como ciudadano y mucho menos como militar.
En realidad no conozco los antecedentes de la hoja de servicio del capitán Carreño. Observé con sorpresa, en el programa de Vladimir Villegas, que mostró una resolución firmada por el ministro Radamés Muñoz, en la cual se le daba de baja de la Fuerza Armada por haber intervenido en una rebelión militar. Me imagino que estuvo comprometido en la insurrección del 27 de noviembre. Lo sorprendente, es que Pedro Carreño considere mucho más grave la acusación de estafa en una cantina, que la responsabilidad moral que surge por haber estado comprometido en una insurrección militar. Ese día, no solo se bombardeó Caracas, sino que perdieron la vida cerca de trescientos jóvenes venezolanos. Deseo recordarle al capitán Carreño que al insurreccionarse violó su juramento de soldado y traicionó a sus superiores y subalternos.
El caso de Diosdado Cabello también es muy delicado. Lo menos que debería hacer es ser prudente ya que existe en la opinión pública muy delicados cuestionamientos sobre su actuación administrativa en los cargos públicos que ha desempeñado. Yo no soy investigador de casos de corrupción ni mucho menos. Mi comentario se limita a la percepción de un ciudadano. No es fácil olvidar que Mario Silva, un "héroe" de la revolución, lo cuestionó públicamente en una grabación que él mismo se hizo para enviarla al gobierno de Cuba. Ese caso, no ha sido investigado suficientemente para que pueda considerarse sin responsabilidad en dichos hechos. También recuerdo el escándalo que rodeó la entrega de la gobernación de Miranda. Pienso que, en lugar de ser instrumento de una campaña para destruir a la oposición, debería aclarar dichos asuntos.
En realidad, no creo que las acusaciones realizadas por el diputado Andrés Méndez hayan sido hechas por propia iniciativa. Es todo un diseño estratégico que busca destruir las posibilidades electorales de Henrique Capriles y de Primero Justicia. El primer paso lo dio el propio Nicolás Maduro al iniciar su campaña contra la corrupción. Lo primero que hizo fue destituir a algunos funcionarios subalternos para darle credibilidad a sus acciones. Estas medidas no fueron suficientes. De inmediato en la opinión pública surgió una pregunta. ¿Dónde están los verdaderos responsables de los grandes hechos de corrupción? Estoy convencido que esta campaña es un instrumento que piensa utilizar Nicolás Maduro para destruir a sus adversarios dentro del PSUV y en la oposición.
Las acusaciones contra Edmée Betancourt, por irregularidades en el Bandes y en el Fondo Chino, le permitieron destituirla del Banco Central, debilitando al grupo de Jorge Giordani y congraciándose de esta manera con Diosdado Cabello, Rafael Ramírez y Nelson Merentes. Por suerte, los venezolanos conocen perfectamente este tipo de maniobra y difícilmente van a dejarse manipular con algunas medidas efectistas para tratar de ganar las elecciones municipales. La opinión pública ya ha empezado a cuestionar estas maniobras. La duda tiene un motivo fundamental. Nadie puede creer en una investigación hecha por propios miembros del PSUV. Si en verdad, Nicolás Maduro quiere realmente iniciar una lucha contra la corrupción debe designar, de común acuerdo con la oposición, a un Contralor General de la República y a una nueva Fiscal. Estoy seguro que esto no sucederá. Las mafias corruptas del PSUV no lo permitirán.
En realidad no conozco los antecedentes de la hoja de servicio del capitán Carreño. Observé con sorpresa, en el programa de Vladimir Villegas, que mostró una resolución firmada por el ministro Radamés Muñoz, en la cual se le daba de baja de la Fuerza Armada por haber intervenido en una rebelión militar. Me imagino que estuvo comprometido en la insurrección del 27 de noviembre. Lo sorprendente, es que Pedro Carreño considere mucho más grave la acusación de estafa en una cantina, que la responsabilidad moral que surge por haber estado comprometido en una insurrección militar. Ese día, no solo se bombardeó Caracas, sino que perdieron la vida cerca de trescientos jóvenes venezolanos. Deseo recordarle al capitán Carreño que al insurreccionarse violó su juramento de soldado y traicionó a sus superiores y subalternos.
El caso de Diosdado Cabello también es muy delicado. Lo menos que debería hacer es ser prudente ya que existe en la opinión pública muy delicados cuestionamientos sobre su actuación administrativa en los cargos públicos que ha desempeñado. Yo no soy investigador de casos de corrupción ni mucho menos. Mi comentario se limita a la percepción de un ciudadano. No es fácil olvidar que Mario Silva, un "héroe" de la revolución, lo cuestionó públicamente en una grabación que él mismo se hizo para enviarla al gobierno de Cuba. Ese caso, no ha sido investigado suficientemente para que pueda considerarse sin responsabilidad en dichos hechos. También recuerdo el escándalo que rodeó la entrega de la gobernación de Miranda. Pienso que, en lugar de ser instrumento de una campaña para destruir a la oposición, debería aclarar dichos asuntos.
En realidad, no creo que las acusaciones realizadas por el diputado Andrés Méndez hayan sido hechas por propia iniciativa. Es todo un diseño estratégico que busca destruir las posibilidades electorales de Henrique Capriles y de Primero Justicia. El primer paso lo dio el propio Nicolás Maduro al iniciar su campaña contra la corrupción. Lo primero que hizo fue destituir a algunos funcionarios subalternos para darle credibilidad a sus acciones. Estas medidas no fueron suficientes. De inmediato en la opinión pública surgió una pregunta. ¿Dónde están los verdaderos responsables de los grandes hechos de corrupción? Estoy convencido que esta campaña es un instrumento que piensa utilizar Nicolás Maduro para destruir a sus adversarios dentro del PSUV y en la oposición.
Las acusaciones contra Edmée Betancourt, por irregularidades en el Bandes y en el Fondo Chino, le permitieron destituirla del Banco Central, debilitando al grupo de Jorge Giordani y congraciándose de esta manera con Diosdado Cabello, Rafael Ramírez y Nelson Merentes. Por suerte, los venezolanos conocen perfectamente este tipo de maniobra y difícilmente van a dejarse manipular con algunas medidas efectistas para tratar de ganar las elecciones municipales. La opinión pública ya ha empezado a cuestionar estas maniobras. La duda tiene un motivo fundamental. Nadie puede creer en una investigación hecha por propios miembros del PSUV. Si en verdad, Nicolás Maduro quiere realmente iniciar una lucha contra la corrupción debe designar, de común acuerdo con la oposición, a un Contralor General de la República y a una nueva Fiscal. Estoy seguro que esto no sucederá. Las mafias corruptas del PSUV no lo permitirán.
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