MARÍA AMPARO GRAU
21 DE SEPTIEMBRE 2016 - 12:01 AM
Mucho se ha denunciado la intervención del Estado en las comunicaciones como un medio de control de la información. El Estado no solo ha intervenido mediante la empresa pública, sino que también lo ha hecho a través del ejercicio desviado de sus potestades al aplicar medidas dirigidas a imponer la censura y evitar la existencia del necesario pluralismo de los medios de comunicación, sobre todo, en lo que se refiere a la función de difundir la noticia y posibilitar la expresión de opiniones. Como lo ha indicado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos “la libre circulación de ideas y noticias no es concebible sino dentro de una pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de comunicación”.
Sin embargo, el control de la información es otro de los aspectos que denotan la inexistencia de un Estado de Derecho en Venezuela. La libertad de prensa es parte de la libertad como derecho humano fundamental, y si el Estado no propende a su protección y efectivo respeto no estará actuando en concordancia con el derecho. El artículo 13 sobre Libertad de Pensamiento y de Expresión, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisa que no se debe permitir que se restrinja el derecho de expresión, por medios indirectos, tales como, “el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
El caso de El Nacional constituye un claro ejemplo de la violación sistemática de la libertad de prensa y del ejercicio libre de la actividad comercial en materia de comunicaciones. Vistas las denuncias de actuaciones oficiales dirigidas a dificultar su funcionamiento, el sometimiento de toda su directiva a medidas judiciales y la acción u omisión ante las vías fácticas de ataque al medio, bien podría sostenerse que se ha utilizado todo tipo de medidas para obstaculizar la circulación de las ideas y opiniones que caracterizadas por la independencia en él se expresan.
En estas vías fácticas que se denuncian se incluyen desde la aberrante conducta de grupos nunca aprehendidos ni castigados, de tirar objetos y excrementos o causar daños materiales a la sede del diario, hasta la que denunciara nuevamente el director de El Nacionalen el editorial de la edición del día lunes 19 pasado, en cuanto que el “diario no ha recibido ni una bobina de papel por parte de la Corporación Maneiro, la agencia gubernamental encargada de esta responsabilidad”, advirtiendo que “existe una alta probabilidad de que el próximo año no podamos continuar siendo un diario impreso por falta de papel y nos concentremos en la web. Desde allí continuaremos haciendo lo que nos corresponde”.
La circulación vía Internet no está sin embargo exenta de la posible aplicación de medios indirectos “encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. En ese sentido,llama la atención el comentario de una lectora al director en esa oportunidad, cuando indica que también hay que denunciar que han colocado un “spam” en la página de inicio del diario El Nacional que impide su normal lectura.
O sea, que a toda la cadena de acciones persecutorias habría que agregar la posibilidad de que a la página web del periódico se le haya sometido, o se le esté sometiendo o se le someta en el futuro a una especie de ataque cibernético. Ya ha habido en el mundo ejemplos del ejercicio de la “ciberdelincuencia” para impedir el funcionamiento normal de un servicio esencial para la libertad de las personas como es el derecho de estar informado.
De allí que si se encuentra el usuario con dificultad para realizar la lectura en Internet del periódico, porque su página esté incidida por errores constantes, o por la aparición de “cookies” que desestabilizan y dañan el sistema informático del diario, bien podría presumirse que un ataque cibernético, no investigado, ni perseguido, ni sancionado podría estar siendo utilizado como otra herramienta de persecución a la libertad de prensa en el país.
De acuerdo con la red de periodistas internacionales, la guerra digital a un medio de comunicación puede comprender “ataques masivos de degeneración de servicios (DDoS, por su nombre en inglés) o desfiguraciones de sitios web (‘defacements’)”.
Así que ante la denuncia de la lectora en cuestión sobre la dificultad en la lectura, por lo que ella denomina “spam”, o lo que otro denuncie como posibles “cookies”, son cuestiones que al final concurren en “DDoS” o “defacements”, y sería entonces oportuno determinar si cabe también denunciar al mundo democrático lo que podría configurar otra concreción más de la permanente amenaza a la libertad de prensa que se verifica en Venezuela.
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