Alberto Arteaga Sánchez
Sin duda alguna, una de las expresiones que ha cobrado su más claro, contundente, evidente y trágico significado es el que califica como “hijos de la calle” a niños desamparados, productos de la violencia, del abandono familiar, de la indiferencia de las instituciones y de la anomia agresiva que se ha posesionado de Venezuela y cuyos hechos conocidos “antisociales” ocupan la página de sucesos de algunos medios de comunicación.
No produce alivio alguno conocer que los protagonistas del infausto suceso que encontró como víctimas a efectivos militares, fuera de servicio, serán sometidos a medidas de protección o –peor aún- a privación de libertad hasta por 10 años. Pero de inmediato, ¿qué ocurrirá?; ¿tendrán asistencia psicológica y ayuda social?; ¿habrá alguna institución que vele por la recuperación y reinserción social de los niños y adolescentes que han incurrido en graves transgresiones y actos calificados como punibles?; ¿se han determinado las causas de las acciones violentas?
El trágico suceso de Sabana Grande no solo debe ser investigado y analizado por especialistas en la materia, sino debe constituirse en momento de arranque de un verdadero plan de rescate de las bandas infantiles o juveniles que operan en Caracas, fuera de los objetivos concretos de instituciones del Estado y solo motivo de preocupación por parte de grupos de acción social de la Iglesia.
Sobre el caso de las muertes ocasionadas con aparente lujo de violencia es necesario, de una parte, determinar cómo ocurrieron en realidad los hechos y el comportamiento de víctimas y victimarios y, de otra parte, dejar en claro que una tragedia como esta señala con su índice acusador a una sociedad indiferente y a unos órganos del Estado que solo se han ocupado en inventar nombres de operativos y despachos oficiales con misiones imposibles.
No se puede ocultar la existencia de bandas infantiles y juveniles que operan con absoluta impunidad, al igual que las bandas adultas constituidas para traficar con drogas, secuestrar y, llegado el caso, matar como afirmación del poder que se adquiere de facto entre los miembros del grupo. Pero esta es solo una cara del problema.
Los niños de la calle no están en la nómina del “Vice-ministerio de la Suprema Felicidad del Pueblo”, que debe contar con no pocos burócratas. Están incorporados -eso sí- a la lista que nadie quiere leer de los seres más débiles y sensibles que han sido abandonados por la conciencia colectiva y por la indolencia de un Estado que nada ha hecho por ellos, salvo propiciar una ley que nadie lee y que solo se aplica con efectividad para manipular amparos escolares o para utilizar a los niños y adolescentes como instrumentos de cambio o trofeos de disputas familiares.
Los niños que deambulan por nuestras ciudades constituyen, sin más, el crudo testimonio de una sociedad sumida en el caos moral que simplemente demanda instituciones fortalecidas como la familia, siendo una de sus consecuencias la nota común de los seres más desprotegidos que han hecho de la calle su razón de vida y cursan, a marcha forzada, la carrera de la delincuencia.
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