José Guerra
Definitivamente hay hitos que marcan la historia económica reciente de Venezuela. Uno de ellos fue el masivo proceso de endeudamiento que ocurrió entre 1974 y 1978, el cual condicionó el rumbo de la economía a partir de entones. Otro no menos importante fue las significativas salidas de capital que propició la política económica aplicada entre 1979 y 1982. Pero hay uno que excede a los dos anteriores y se refiere a la reforma de la Ley del BCV del 20 de julio de 2005, conocida como la Ley León-Cabezas, debido a que fueron Armando León, miembro del directorio del BCV y vocero oficioso de ese cuerpo y Rodrigo Cabezas, para ese momento presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, sus impulsores. Esa ley ha tenido un efecto destructivo sobre la ya precaria estabilidad monetaria de Venezuela.
León y Cabezas presentaron ese adefesio legal como “un nuevo paradigma financiero” y también, con una dialéctica de arriendo, como la “nueva arquitectura financiera nacional” cuando en realidad lo que estaban haciendo era abonar el camino para la crisis de balanza de pagos y la galopante inflación que ha sufrido Venezuela. Con la Ley León-Cabezas se conformó el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) y se abrió el camino para dos reformas adicionales de la Ley del BCV, la de noviembre de 2009 y la de abrir de 2010, mediante las cuales se sepultó cualquier vestigio de estabilidad monetaria que podía quedar en Venezuela. Con la reforma de julio de 2005 se institucionalizó la descapitalización del BCV a través de un conjunto de traspasos de divisas del BCV a Fonden, situación esta que ha minado hasta el agotamiento las reservas internacionales del BCV y con ello el respaldo del bolívar.
Una vez despejado el camino que León y Cabezas hicieron posible, con las reformas de 2009 y 2010 se posibilitó que el BCV quedara reducido a una especie de casa de impresión de billetes cuyo valor se deteriora con el alza de los precios que esa impresión de billetes permite. Esto se materializó cuando se derogó de facto la Constitución de 1999 que prohíbe expresamente en su artículo 320 que el BCV financie los déficits fiscales. Se deshicieron de esta manera todos los principios de sanidad fiscal y monetaria que había establecido el texto constitucional vigente. Habilitada por esa reforma, la imprenta del BCV donde se manufacturan los billetes comenzó a trabajar sin pausa acrecentando el dinero en circulación a un ritmo vertiginoso. Así, entre diciembre de 2012 y julio de 2005, el dinero creado por el BCV (la base monetaria) aumentó en siete años en 1.065% (mil sesenta y cinco por ciento), lo que equivale a un aumento cada año de 42,0%. No hay economía que pueda soportar semejante expansión monetaria sin intoxicarse, en la medida en que la actividad económica marcha con regazos considerables.
Esa intoxicación con dinero sin valor la economía la fue resolviendo por dos vías. La primera con más inflación para validar la mayor cantidad de dinero circulante frente a bienes y servicios escasos en proporción a ese dinero y segundo con pérdida de reservas internacionales. Como documenta el gráfico adjunto, es claro que la inflación tomó un curso claramente alcista a partir de 2005 al tiempo que se amplía la brecha con la inflación de los socios comerciales, que contrariamente a Venezuela han mantenido un manejo apropiado de la política monetaria y fiscal. De esta manera, con inflación elevada era obvio que las importaciones se abaratarían y que ello en algún momento comprometería la posición externa de la economía, tal como ha venido sucediendo recientemente. La senda que ha seguido las importaciones es claramente insostenible no obstante los favorables precios del petróleo que han permito pagar esas importaciones y pedir prestado al mercado internacional y a China para que prosigan las compras al exterior.
Pero no solamente eso, buscando protección de la inflación, los venezolanos se volcaron a la adquisición de divisas, principalmente dólares, hecho este que se facilitó por el empeño del gobierno en mantener un tipo de cambio bajo con el argumento de bajar la inflación. Todo esto ha resultado en una mezcla de más inflación y escasez, menos reservas internacionales, un crecimiento económico menguado y expectativas de devaluación en constante aumento. Estos problemas ciertamente no lo creó del todo la reforma León-Cabezas, pero es innegable que contribuyó a exacerbar lo malo y a acabar con lo poco bueno que había.
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