ZULMAIRE GONZÁLEZ| EL UNIVERSAL
sábado 5 de octubre de 2013 12:00 AM
Una característica que distingue a los revolucionarios y seudorrevolucionarios en estos 15 años, es crear, ser y proteger corruptos que han saqueado el país. Llámense boliburgueses, bolichicos, militares, ministros, altos funcionarios públicos, contratistas rojitos o allegados al régimen, el fin ha sido el mismo: llenar sus cuentas en dólares sin importar que están atentando contra el patrimonio público, sin importar que esos dólares que van a sus cuentas personales son necesarios para resolver problemas del pueblo venezolano, como fallas eléctricas, medicinas, comida, infraestructura y educación, por nombrar algunos.
Los llamados boliburgueses, nueva clase social que nació en revolución, poseen fortunas que no pueden justificar. Su apoyo incondicional al régimen les ha permitido ocupar altos cargos en el gobierno bolivariano a unos y a otros; han pasado a ser los contratistas preferidos del régimen. Principios como honestidad, transparencia, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad están muy alejados de la conducta de estos boliburgueses, por el contrario, la mayoría de sus actuaciones van acompañadas de extorsión, sobornos, enriquecimiento ilícito, opacidad, y nepotismo, todos delitos contra el patrimonio público establecido en la Ley contra la Corrupción.
Los bolichitos, por su parte, no han tenido que vestirse de rojo ni defender la revolución como lo hicieron muchos boliburgueses el 11 de abril de 2002, porque apenas eran adolescentes cuando Chávez asumió por primera vez la presidencia. Estos jóvenes de refinados gustos, provienen de familias adineradas, estudiaron en los mejores colegios y universidades del país y se desenvuelven en la alta sociedad. Al parecer, sus buenos contactos con el gobierno permitieron que la compañía de estos personajes fuese beneficiada en la contratación, a pesar de haber sido recién constituida y no contar con mayor experiencia, en un área neurálgica para la nación como es el sistema eléctrico. Lamentablemente, el desempeño de estos emprendedores ha estado rodeado de sobornos, enriquecimiento ilícito, sobreprecios y otras actuaciones nada profesionales, éticas ni honestas. Sus oscuras actuaciones han trascendido fuera de nuestras fronteras, por lo que han sido demandados ante tribunales en Estados Unidos de América por soborno y enriquecimiento ilícito.
Mención aparte merecen algunos de nuestros militares, quienes se dedican al narcotráfico, extorsión y hasta manejan redes de delincuencia organizada, en vez de cumplir el rol que les atribuye la Constitución y las leyes. La Fuerza Armada debería estar ocupada en estos días defendiendo nuestra soberanía en la Guayana Esequiba, descubanizar la institución y exigir se aclare la nacionalidad de quien se desempeña como su comandante en jefe. Es difícil imaginar a un digno militar venezolano, quienes deben ser muchos, dejarse dar órdenes por un presidente de dudosa nacionalidad como Maduro.
Independientemente de sus orígenes, formación o verdadera ideología, los boliburgueses, bolichicos, militares, ministros, altos funcionarios públicos, contratistas rojitos o allegados al régimen que han tenido cuestionable conducta en el desempeño de sus funciones, tienen pendiente una cita con la justicia cuando se acabe el actual régimen, se restablezcan las instituciones y puedan ser objeto de investigación imparcial. Los venezolanos debemos reclamar que no haya impunidad y se restituya al patrimonio público el dinero ilegalmente desviado.
Los llamados boliburgueses, nueva clase social que nació en revolución, poseen fortunas que no pueden justificar. Su apoyo incondicional al régimen les ha permitido ocupar altos cargos en el gobierno bolivariano a unos y a otros; han pasado a ser los contratistas preferidos del régimen. Principios como honestidad, transparencia, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad están muy alejados de la conducta de estos boliburgueses, por el contrario, la mayoría de sus actuaciones van acompañadas de extorsión, sobornos, enriquecimiento ilícito, opacidad, y nepotismo, todos delitos contra el patrimonio público establecido en la Ley contra la Corrupción.
Los bolichitos, por su parte, no han tenido que vestirse de rojo ni defender la revolución como lo hicieron muchos boliburgueses el 11 de abril de 2002, porque apenas eran adolescentes cuando Chávez asumió por primera vez la presidencia. Estos jóvenes de refinados gustos, provienen de familias adineradas, estudiaron en los mejores colegios y universidades del país y se desenvuelven en la alta sociedad. Al parecer, sus buenos contactos con el gobierno permitieron que la compañía de estos personajes fuese beneficiada en la contratación, a pesar de haber sido recién constituida y no contar con mayor experiencia, en un área neurálgica para la nación como es el sistema eléctrico. Lamentablemente, el desempeño de estos emprendedores ha estado rodeado de sobornos, enriquecimiento ilícito, sobreprecios y otras actuaciones nada profesionales, éticas ni honestas. Sus oscuras actuaciones han trascendido fuera de nuestras fronteras, por lo que han sido demandados ante tribunales en Estados Unidos de América por soborno y enriquecimiento ilícito.
Mención aparte merecen algunos de nuestros militares, quienes se dedican al narcotráfico, extorsión y hasta manejan redes de delincuencia organizada, en vez de cumplir el rol que les atribuye la Constitución y las leyes. La Fuerza Armada debería estar ocupada en estos días defendiendo nuestra soberanía en la Guayana Esequiba, descubanizar la institución y exigir se aclare la nacionalidad de quien se desempeña como su comandante en jefe. Es difícil imaginar a un digno militar venezolano, quienes deben ser muchos, dejarse dar órdenes por un presidente de dudosa nacionalidad como Maduro.
Independientemente de sus orígenes, formación o verdadera ideología, los boliburgueses, bolichicos, militares, ministros, altos funcionarios públicos, contratistas rojitos o allegados al régimen que han tenido cuestionable conducta en el desempeño de sus funciones, tienen pendiente una cita con la justicia cuando se acabe el actual régimen, se restablezcan las instituciones y puedan ser objeto de investigación imparcial. Los venezolanos debemos reclamar que no haya impunidad y se restituya al patrimonio público el dinero ilegalmente desviado.
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