EL UNIVERSAL
viernes 18 de octubre de 2013 09:46 AM
Caracas.- La propuesta de Ley Habilitante del presidente Nicolás Maduro pretende "combatir el financiamiento ilegal de los partidos políticos", de acuerdo con el texto entregado a la Asamblea Nacional la semana pasada. Tal objetivo no implica la participación del Estado, pues el texto constitucional de 1999 imposibilita una subvención de este tipo a las organizaciones políticas, por lo que los decretos-ley que en ese sentido se dicten serán para restringir aun más el financiamiento privado a partidos políticos adversos al Gobierno, opina el analista político José Vicente Carrasquero.
"El gobierno busca ejercer mayor control sobre los partidos, mermar los recursos para la campaña electoral y disminuir sus posibilidades de triunfo frente a organizaciones como el PSUV que cuentan con los recursos del Estado para la campaña", señala Carrasquero.
Agrega: "La intención es tener más control sobre el poco financiamiento privado que puedan tener los partidos de la oposición, pues, por supuesto que no van a incluir en la Ley que los candidatos no puedan usar las misiones y los programas del Gobierno para hacer campaña política como de hecho lo están haciendo".
El uso de los recursos públicos para la campaña electoral es para el analista la "definición clásica de corrupción: "La promoción de un alcalde es una cuestión privada, no hay derecho a utilizar los recursos públicos para eso. Tampoco hacer campaña con obras de gobierno".
Para Carrasquero la imposición de controles genera falta de transparencia. Pone como ejemplo las distorsiones que se han creado como consecuencia de control sobre el dólar o el control sobre los precios de los alimentos.
"Al Gobierno no le interesa que los partidos de oposición tengan posibilidades de financiamiento privado, no le interesa que tengan recursos para hacer campaña electoral, sobre todo cuando se avecinan unas elecciones. El control busca tener más posibilidad de detentar el poder", insistió al señalar que las medidas que se dicten en el marco de los poderes especiales apuntarán hacia el debilitamiento de los partidos políticos opositores.
"El gobierno busca ejercer mayor control sobre los partidos, mermar los recursos para la campaña electoral y disminuir sus posibilidades de triunfo frente a organizaciones como el PSUV que cuentan con los recursos del Estado para la campaña", señala Carrasquero.
Agrega: "La intención es tener más control sobre el poco financiamiento privado que puedan tener los partidos de la oposición, pues, por supuesto que no van a incluir en la Ley que los candidatos no puedan usar las misiones y los programas del Gobierno para hacer campaña política como de hecho lo están haciendo".
El uso de los recursos públicos para la campaña electoral es para el analista la "definición clásica de corrupción: "La promoción de un alcalde es una cuestión privada, no hay derecho a utilizar los recursos públicos para eso. Tampoco hacer campaña con obras de gobierno".
Para Carrasquero la imposición de controles genera falta de transparencia. Pone como ejemplo las distorsiones que se han creado como consecuencia de control sobre el dólar o el control sobre los precios de los alimentos.
"Al Gobierno no le interesa que los partidos de oposición tengan posibilidades de financiamiento privado, no le interesa que tengan recursos para hacer campaña electoral, sobre todo cuando se avecinan unas elecciones. El control busca tener más posibilidad de detentar el poder", insistió al señalar que las medidas que se dicten en el marco de los poderes especiales apuntarán hacia el debilitamiento de los partidos políticos opositores.
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