20 DE FEBRERO 2016 - 12:01 AM
El derecho administrativo toma del derecho civil la figura del “hecho del príncipe” para explicar toda intervención de los poderes públicos que tenga por resultado la afectación de las condiciones jurídicas que garantizan a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones o les menoscaben la plenitud o el goce de sus derechos o de sus proyectos de vida. El artículo 140 de nuestra Constitución establece que el Estado siempre responde por los daños que le cause a los particulares y, tal como lo señala su exposición de motivos, existe su obligación directa de responder patrimonialmente por los daños que se causen a los particulares en cualquiera de sus bienes, “siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento, normal o anormal, de los servicios públicos” y por cualquier actividad pública que realice, sea ejecutiva, legislativa o judicial. Es decir, tal responsabilidad objetiva hace inescapable la reparación pública a favor del ciudadano cuando cualquier órgano o ente público le cause daño.
Desde esta perspectiva estrictamente constitucional, tendríamos que concluir que el presidente Maduro es no solo el funcionario más caro que tenga la actual administración, sino el presidente que históricamente le ha generado más responsabilidades patrimoniales a la República en tan corto tiempo. Piénsese tan solo en las más de 27.000 muertes violentas que reportan las ONG dedicadas al tema, de venezolanos que han sido víctimas del hampa desatada sin contención pública efectiva, ni preventiva ni represiva. Responsabilidad de Maduro por omisión en el cumplimiento de sus deberes. O súmele –para referirnos en otros órdenes– los incumplimientos altamente onerosos que en moneda dura han incumplido nuestro industriales con importadores extranjeros por culpa de una irresponsable y grosera inercia del gobierno de Maduro en honrar las órdenes aprobadas de obtención de dólares preferenciales, las cuales permitieron inicialmente que ellos contrajeran compromisos económicos internacionales con proveedores de materias primas inexistente en el país.
Es un hecho: nuestra República está circunstancialmente conducida por un chofer irresponsable y muy costoso, quien a pesar de estar al frente de un país que depende casi en 100% del petróleo, desconoce cuánto cuesta un litro de gasolina en una estación venezolana –tal como lo demostró el pasado miércoles en cadena nacional– y que sin fundamento técnico ni financiero, cambia constantemente las reglas del juego económico, causando daños patrimoniales a los pocos empresarios venezolanos que quedan, a quienes tendrá irremediablemente que reparar la hacienda pública, con el dinero de todos los ciudadanos, principalmente de nuestros hijos.
Estas razones se suman a otras múltiples circunstancias que nos hace pensar que Maduro ya no solo es un presidente que les está costando mucho a los venezolanos, sino que, además, es un funcionario caro e incómodo hasta para su partido, pues la supervivencia política del PSUV pasa inexorablemente por sacrificar a Maduro.
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