2 DE MARZO 2016 - 12:01 AM
Todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio-cultural. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos...
Artículo 129. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Finalmente el gobierno (anti)"socialista" de Nicolás Maduro terminó por venderse al mejor postor. ¿Y cuál ha sido la fórmula? Entregar el llamado "Arco del Orinoco" (¿?), es decir, todo el cauce y bordes amplios del majestuoso río, así como el estado Amazonas y parte del estado Bolívar a las empresas extranjeras que han saqueado y vulnerado no sólo los parques y reservas naturales de otros países, sino que se han encargado en violar los derechos humanos de grupos originarios en tales latitudes del mundo.
En efecto, lo que Nicolás Maduro transmitió en "cadena nacional", sobre el "acuerdo" de la explotación de nuestras reservas de oro y diversos minerales, ha sido la entrega de la soberanía a pirañas del ambiente, quienes ahora en complicidad con la legalización de los grupos de la fuerza armada que han desmantelado y contaminado con acciones de corrupción, contrabando y "vacunas", el saqueo de las piedras preciosas, representa la mayor perversión que este gobierno acaba de realizar no sólo contra el pueblo, sino que esto significa una acción violatoria de la Constitución Nacional en relación con los derechos ambientales y de pueblos indígenas.
La "firma" para que ahora empresas de naciones "más desarrolladas", además reciban a precio de regalo, el "derecho" para liquidar los hábitats y ecosistemas que agrupan los parques nacionales desde el alto hasta el bajo Orinoco, es decir, Aguaro-Guariquito, Cinaruco-Capanaparo, Cerro Yapacana, Jaua-Sarisariñama, Duida Marihuaca, Serranía de La Neblina, así como el más grande del país, Parima-Tapirapeco, y por supuesto, también Canaima, que sin estar en ese cauce, se convierte en parte del "lomito" que nos certifica como un "gran productor" de oro, son la acción más criminal que haya podido realizar Maduro por un puñado de monedas pertenecientes al imperio.
Lo insólito es que durante el gobierno de Maduro se ha intensificado por grupos ilegales, la contaminación de las zonas mineras del país, al punto que organizaciones internacionales en materia de conservación natural han sido avaladas en sus investigaciones por parte del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma)¹, quienes han alertado sobre cómo el mercurio ha degradado no sólo los espacios mencionados, ubicados hacia los lados del Orinoco y Canaima, sino el impacto casi irreversible que tal destrucción ambiental origina sobre los grupos étnicos y sociales de estas zonas, sin incluir que en gran parte de ellas existe una zona de refugio y conservación de fauna silvestre, acompañada de reserva de biósfera.
El gobierno de Maduro no puede ejecutar esa acción por anticonstitucional. Hay que ir ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impedir el ecocidio y posterior genocidio que sólo tiene como fin continuar saciando la corrupción y desfalco a Venezuela. Si el TSJ se coloca de espaldas al pueblo y avala semejante "acuerdo" que sólo revela la última podredumbre de un ejecutivo, también serán juzgados por la historia, porque se convertirán con una decisión de tal magnitud en criminales de Estado.
@jvivassantana
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