Eddy Reyes Torres
Sobre el tema hemos escrito en el pasado. Mas, como el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra, insistiremos otra vez sobre el asunto.
En general, el control de cambio surge como respuesta a situaciones concretas de desequilibrios económicos estructurales. A través de este tipo de acciones se lleva a cabo la intervención del Estado en lo atinente a la adquisición y disponibilidad de los medios e instrumentos internacionales de pago por parte de los residentes de un país. Y esa intervención se ha explicado con el argumento de que lo que está en juego es la defensa de los superiores intereses económicos de la colectividad.
Pues bien, como consecuencia del nivel de conflictividad interna (los hechos de 12 abril de 2002 y el subsiguiente paro petrolero), se acentuó la caída de la economía que terminó por afectar el nivel de las reservas internacionales del país. En respuesta a la crítica situación, se estableció un régimen de control de cambio integral. El mismo entró en vigencia el 5 de febrero de 2003. Dicho esquema se concibió para no permitir que en el mercado se realizaran operaciones de cambio diferentes a las que expresamente contemplaba el régimen en cuestión.
En muchos aspectos, el régimen cambiario que se aprobó tuvo similitudes a los adoptados anteriormente en el país, durante las presidencias de Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi y Rafael Caldera (en su segundo mandato). Pero con el transcurrir del tiempo, el sistema en cuestión evolucionó de forma tal que se convirtió en una verdadera tenaza para el sector privado y los ciudadanos en general, ahogando así sus libertades, como en ninguno de los controles anteriores. En realidad, superada la crisis que culminó con el paro petrolero, el esquema cambiario se mantuvo después en un contexto macroeconómico en que el Estado incrementó substancialmente sus ingresos de divisas por las exportaciones petroleras como nunca antes en toda su historia. Así, el control de cambios –que lleva ya catorce años en vigencia– terminó transformándose en una palanca política fundamental en el ejercicio del poder de la revolución.
Lo anterior le permitió al régimen, por un lado, aumentar la capacidad de consumo del bravo pueblo, con lo que se aseguró el voto de una enorme masa que rebosaba felicidad ante la nueva situación; y, por el otro, aplicar un torniquete al suministro de divisas para el sector empresarial, controlándole además los precios de los bienes que producían, lo que al final se tradujo en el cierre de muchas empresas. Los números actualizados están allí: hace dieciocho años, en Venezuela operaban 12.000 empresas manufactureras; hoy el número apenas llega a 4.000.
La política de “tierra arrasada” que se ha venido imponiendo en estos catorce años nos ha convertido en el país más pobre y desgraciado del continente. Las plagas que ahora nos azotan son disímiles y todas tienen nombres con connotaciones trágicas: desnutrición, desempleo, delincuencia, corrupción, insalubridad, tráfico de drogas y emigración. Eso, junto a la debacle económica, nos coloca en una encrucijada peligrosa para una futura recuperación.
En todo caso, y más allá de las razones políticas, es importante insistir hasta el cansancio en que la estabilización económica en cualquier país pasa necesariamente por alcanzar el balance fiscal. La imposibilidad de un gobierno para llevar a cabo su política económica con recursos fiscales derivados de la tributación lo llevan, inexorablemente, a buscar salidas por la vía monetaria –en nuestro caso los préstamos del BCV a Pdvsa– y el endeudamiento. En una y otra situación las consecuencias se pagan.
Lo que hoy vivimos aquí es una prueba de ello.
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