JUAN MIGUEL MATHEUS| EL UNIVERSAL
jueves 1 de agosto de 2013 12:00 AM
Luego de cien días de haber tomado posesión de la presidencia de una manera inconstitucional, el problema de fondo con Nicolás sigue siendo el mismo: la ilegitimidad. Es verdad que Maduro y su combo han demostrado una gran incapacidad para gobernar. Pero esa incompetencia es consecuencia de un problema mayor y precedente que resulta más grave para la convivencia política en Venezuela: la naturaleza totalitaria del régimen. Dicho de otra manera: son totalitarios y, por eso, por el intento de dominar todos los aspectos de la vida de los venezolanos y de asfixiar la libertad de la ciudadanía, han sumergido al país en una crisis social, económica y política sin precedentes.
Estos cien días de ilegitimidad tienen su origen en la maraña de mentiras que envolvió la enfermedad y muerte de Hugo Chávez. Ya entonces Nicolás comenzó a usurpar el poder, valiéndose de la anuencia servil del TSJ (famosas sentencias sobre la continuidad administrativa de Nicolás y sobre la no necesidad de separarse del cargo para ser candidato en las elecciones del 14 de abril) y de la inconstitucionalidad que supuso que el interinato presidencial por la ausencia de Chávez no recayera, tal como exige el Texto Fundamental, en el presidente de la Asamblea Nacional.
Pero la ilegitimidad de Maduro llegó a su máximo nivel de cuestionamiento después de las amañadas elecciones del 14 de abril de 2013, cuya impugnación duerme hoy el sueño de los justos en la Sala Constitucional del TSJ. Impugnación de la que nada parece que hay que esperar, pues el que debería ser el máximo Tribunal de la República se ha comportado una y otra vez como una apéndice judicial del PSUV.
Se trata de cien días en los que Nicolás Maduro ha sabido hacer avanzar al régimen en la dirección totalitaria legada por Hugo Chávez. Muestra de ello son, por ejemplo, (i) la quiebra moral de la Asamblea Nacional, que ha sido convertida por Diosdado Cabello en un escombro institucional y en una cueva de violencia y odio, (ii) la pretensión de aniquilar políticamente a la disidencia, dentro de lo cual el caso de Richard Mardo es prueba fehaciente e irrefutable, (iii) el creciente secuestro de las instituciones constitucionales, poniéndolas al servicio del poder y no de los ciudadanos, (iv) la metástasis, cual gangrena, de la injerencia cubana, (v) la tentativa de criminalizar el derecho constitucional a la protesta y, no menos importante, (vi) la construcción de un cerco comunicacional y de autocensura con marcadas intenciones hegemónicas.
Mientras todo lo anterior ocurre, el régimen de Maduro ha comenzado a retomar el desmontaje del sistema federal, repotenciando la creación del Estado comunal, y se enfila en dominar la cultura y la educación, para lo cual ha desempolvado el Decreto 0058, ha puesto a andar la Gran Misión Jóvenes de la Patria, cuyo objetivo no es otro que ideologizar con ideas marxistas a los jóvenes de bachillerato, y ha discutido en la AN un proyecto de Ley de Cultura que luce como un intento de inyectar socialismo del siglo XXI en el torrente sanguíneo de la sociedad.
La lucha, entonces, es clara: no enfrentamos a un mal gobierno, sino a un régimen con vocación de control total de nuestras vidas.
Secretario Nacional de Doctrina de Primero Justicia
Presidente de la Fundación Caracas Mía
Estos cien días de ilegitimidad tienen su origen en la maraña de mentiras que envolvió la enfermedad y muerte de Hugo Chávez. Ya entonces Nicolás comenzó a usurpar el poder, valiéndose de la anuencia servil del TSJ (famosas sentencias sobre la continuidad administrativa de Nicolás y sobre la no necesidad de separarse del cargo para ser candidato en las elecciones del 14 de abril) y de la inconstitucionalidad que supuso que el interinato presidencial por la ausencia de Chávez no recayera, tal como exige el Texto Fundamental, en el presidente de la Asamblea Nacional.
Pero la ilegitimidad de Maduro llegó a su máximo nivel de cuestionamiento después de las amañadas elecciones del 14 de abril de 2013, cuya impugnación duerme hoy el sueño de los justos en la Sala Constitucional del TSJ. Impugnación de la que nada parece que hay que esperar, pues el que debería ser el máximo Tribunal de la República se ha comportado una y otra vez como una apéndice judicial del PSUV.
Se trata de cien días en los que Nicolás Maduro ha sabido hacer avanzar al régimen en la dirección totalitaria legada por Hugo Chávez. Muestra de ello son, por ejemplo, (i) la quiebra moral de la Asamblea Nacional, que ha sido convertida por Diosdado Cabello en un escombro institucional y en una cueva de violencia y odio, (ii) la pretensión de aniquilar políticamente a la disidencia, dentro de lo cual el caso de Richard Mardo es prueba fehaciente e irrefutable, (iii) el creciente secuestro de las instituciones constitucionales, poniéndolas al servicio del poder y no de los ciudadanos, (iv) la metástasis, cual gangrena, de la injerencia cubana, (v) la tentativa de criminalizar el derecho constitucional a la protesta y, no menos importante, (vi) la construcción de un cerco comunicacional y de autocensura con marcadas intenciones hegemónicas.
Mientras todo lo anterior ocurre, el régimen de Maduro ha comenzado a retomar el desmontaje del sistema federal, repotenciando la creación del Estado comunal, y se enfila en dominar la cultura y la educación, para lo cual ha desempolvado el Decreto 0058, ha puesto a andar la Gran Misión Jóvenes de la Patria, cuyo objetivo no es otro que ideologizar con ideas marxistas a los jóvenes de bachillerato, y ha discutido en la AN un proyecto de Ley de Cultura que luce como un intento de inyectar socialismo del siglo XXI en el torrente sanguíneo de la sociedad.
La lucha, entonces, es clara: no enfrentamos a un mal gobierno, sino a un régimen con vocación de control total de nuestras vidas.
Secretario Nacional de Doctrina de Primero Justicia
Presidente de la Fundación Caracas Mía
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