LEONOR FILARDO| EL UNIVERSAL
lunes 16 de septiembre de 2013 12:00 AM
A raíz de la solicitud del presidente Maduro de una ley habilitante que le otorgue plenos poderes para luchar contra la corrupción, se publicaron varias entrevistas, entre ellas la de Mercedes De Freitas, de Transparencia Venezuela, y la de Ángel Lombardi, de la Universidad Cecilio Acosta. Cada uno aportó ideas de los orígenes de la corrupción: el uso de los recursos públicos con fines particulares; los ingresos petroleros que nos convirtieron en una sociedad rentista; la intención de Maduro de amenazar a la oposición y tapar las denuncias contra importantes miembros de su gobierno que buscan quedar impunes.
Sus visiones, aunque distintas, son genuinas. La corrupción tiene causas que residen en una combinación de incentivos estatales que atraen la debilidad humana. Midamos el alcance del Gobierno y distingamos su diferencia con el Estado. Thomas Paine en su libro Sentido Común formula un planteamiento magistral: el verdadero gobierno existe cuando la ley está diseñada para proteger los derechos naturales de los ciudadanos -la vida, la libertad y la propiedad privada- optimizando sus oportunidades mediante políticas que permitan que cada individuo alcance sus metas con integridad. Es un instrumento de justicia, indispensable en una sociedad libre.
Estado es cuando a la ley la pervierten para castigar a los que están en la oposición y protegen a quienes están en el poder. Así se aseguran beneficios a unos a expensas de los otros. El Estado se convierte en un aparato legal pervertido que buscará intermediarios en grupos de interés particulares que persiguen sus propios beneficios. Al descubrir que era más rentable hacer la posesión dependiente y utilizarla como medio de trabajo, algunos grupos modificaron la técnica y surgieron diferentes clases de Estados: mercantilista, colectivista... El resultado es la lucha de clases por los medios políticos y económicos. Los grupos se convierten en depredadores. Es un sistema de privilegio estatal sistemático para servir a un nuevo orden de intereses.
Dichos grupos se ingeniaron para convertirse en una maquinaria política de poder, utilizando todas las armas posibles de propaganda que les dieran prestigio. El Estado depredador nació para perpetuarse. No se ve diferencia alguna con los profesionales del crimen, sólo que ahora se ha legalizado y la justicia se ha adaptado a premiar criminales y castigar honestos.
Quienes pierden son los miembros pacíficos y productivos de una sociedad, los emprendedores, los innovadores, que siendo exitosos son los que generan empleo y benefician a la sociedad. Pero a éstos son a quienes les entorpecen el acceso a la justicia. A su vez, el Estado se coloca por encima de ella como autoridad suprema porque es pareja perfecta del absolutismo. Históricamente lo que esos grupos han creado son todas las contingencias para depredar los derechos sociales y fortalecer el poder del Estado.
La naturaleza del Gobierno, por el contrario, es genuinamente social porque con base en los derechos naturales fundamentales, protege y asegura esos derechos con una justicia que respeta las normas de recto comportamiento individual, de fácil acceso y no va más allá de sus límites. La Fundación Heritage, desde 1973 se dedica a investigar los resultados de políticas públicas cónsonas con estos principios: estado de derecho (respeto a la propiedad privada, liberarse de la corrupción); gobierno limitado y disciplina fiscal; eficacia reguladora (disciplina monetaria, libertad empresarial y laboral); competitividad comercial, financiera y de inversiones. Para la evaluación de las diez políticas citadas adoptó una metodología que permite comparar equitativamente a los países seleccionados, calificarlos y darles un lugar en el ranking. Igualmente, se fundó Transparencia Internacional (TI) que mide el daño que genera la corrupción en el mundo. Según el índice de Heritage, de los 177 países clasificados, Venezuela ocupa el lugar 174; y según TI, el 165. Ello significa que nuestro Gobierno con sus políticas públicas, otorga todos los incentivos para generar corrupción y por ello Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo.
Solicitando una ley habilitante y culpándose los unos a los otros no se solucionará la grave crisis que enfrentamos. Conjuntamente y con objetividad debemos analizar nuestros propios errores y emprender un camino unidos para lograr un gobierno genuino que ejecute políticas públicas que nos liberen de la corrupción.
Sus visiones, aunque distintas, son genuinas. La corrupción tiene causas que residen en una combinación de incentivos estatales que atraen la debilidad humana. Midamos el alcance del Gobierno y distingamos su diferencia con el Estado. Thomas Paine en su libro Sentido Común formula un planteamiento magistral: el verdadero gobierno existe cuando la ley está diseñada para proteger los derechos naturales de los ciudadanos -la vida, la libertad y la propiedad privada- optimizando sus oportunidades mediante políticas que permitan que cada individuo alcance sus metas con integridad. Es un instrumento de justicia, indispensable en una sociedad libre.
Estado es cuando a la ley la pervierten para castigar a los que están en la oposición y protegen a quienes están en el poder. Así se aseguran beneficios a unos a expensas de los otros. El Estado se convierte en un aparato legal pervertido que buscará intermediarios en grupos de interés particulares que persiguen sus propios beneficios. Al descubrir que era más rentable hacer la posesión dependiente y utilizarla como medio de trabajo, algunos grupos modificaron la técnica y surgieron diferentes clases de Estados: mercantilista, colectivista... El resultado es la lucha de clases por los medios políticos y económicos. Los grupos se convierten en depredadores. Es un sistema de privilegio estatal sistemático para servir a un nuevo orden de intereses.
Dichos grupos se ingeniaron para convertirse en una maquinaria política de poder, utilizando todas las armas posibles de propaganda que les dieran prestigio. El Estado depredador nació para perpetuarse. No se ve diferencia alguna con los profesionales del crimen, sólo que ahora se ha legalizado y la justicia se ha adaptado a premiar criminales y castigar honestos.
Quienes pierden son los miembros pacíficos y productivos de una sociedad, los emprendedores, los innovadores, que siendo exitosos son los que generan empleo y benefician a la sociedad. Pero a éstos son a quienes les entorpecen el acceso a la justicia. A su vez, el Estado se coloca por encima de ella como autoridad suprema porque es pareja perfecta del absolutismo. Históricamente lo que esos grupos han creado son todas las contingencias para depredar los derechos sociales y fortalecer el poder del Estado.
La naturaleza del Gobierno, por el contrario, es genuinamente social porque con base en los derechos naturales fundamentales, protege y asegura esos derechos con una justicia que respeta las normas de recto comportamiento individual, de fácil acceso y no va más allá de sus límites. La Fundación Heritage, desde 1973 se dedica a investigar los resultados de políticas públicas cónsonas con estos principios: estado de derecho (respeto a la propiedad privada, liberarse de la corrupción); gobierno limitado y disciplina fiscal; eficacia reguladora (disciplina monetaria, libertad empresarial y laboral); competitividad comercial, financiera y de inversiones. Para la evaluación de las diez políticas citadas adoptó una metodología que permite comparar equitativamente a los países seleccionados, calificarlos y darles un lugar en el ranking. Igualmente, se fundó Transparencia Internacional (TI) que mide el daño que genera la corrupción en el mundo. Según el índice de Heritage, de los 177 países clasificados, Venezuela ocupa el lugar 174; y según TI, el 165. Ello significa que nuestro Gobierno con sus políticas públicas, otorga todos los incentivos para generar corrupción y por ello Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo.
Solicitando una ley habilitante y culpándose los unos a los otros no se solucionará la grave crisis que enfrentamos. Conjuntamente y con objetividad debemos analizar nuestros propios errores y emprender un camino unidos para lograr un gobierno genuino que ejecute políticas públicas que nos liberen de la corrupción.
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