En pocas palabras. Javier J. Jaspe/ Washington D.C.
Las noticias que llegan de Venezuela revelan que cada día se acentúan las arremetidas del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro en contra del libre ejercicio democratico de los venezolanos. Al mismo tiempo, esta arremetida tiene como una de sus manifestaciones más conspicuas el empeño de fortalecer la presencia militar en su gobierno autoritario. En este contexto, la reciente Resolución No. 213 emitida por el Senado de Estados Unidos sobre la situación venezolana adquiere singular importancia.
En efecto, como un reflejo de la difícil situación política venezolana, y pese a que hay materias de alta prioridad en Estados Unidos que mueven su atención en el momento presente, como es la de carácter presupuestario, el Senado reunió el tiempo para debatir y aprobar la aludida Resolución. La misma estuvo dirigida a expresar apoyo por el libre y pacífico ejercicio de la democracia representativa en Venezuela, condenar la violencia y la intimidación contra la oposición política, y hacer un llamado al diálogo entre todos los actores políticos del país.
La Resolución incluye entre las motivaciones expresadas en sus considerandos, que el Tribunal Supremo de Justicia se negó a oír los recursos jurídicos formulados por la oposición por la violación de la ley electoral durante las elecciones del pasado 14 de abril, y que el Consejo Nacional Electoral se negó a realizar una auditoría completa de dichas elecciones, donde se incluyera la comparación con los cuadernos de votación. Así mismo, en su parte dispositiva, deplora la denegación antidemocrática de los derechos de los parlamentarios de la oposición en Venezuela, la imperdonable violencia cometida en su contra y el uso de cargos delictivos motivados políticamente para intimidar a la oposición política del país. Una traducción al español de la Resolución No. 213 puede verse en:
http://www.noticierodigital.com/2013/10/traduccion-de-la-resolucion-213-del-senado-estadounidense-en-apoyo-a-la-democracia-en-venezuela/
El hecho de que el Senado de Estados Unidos haya deplorado el uso de cargos delictivos motivados políticamente para intimidar a la oposición política del país, no puede ser más acertado ni tener mayor actualidad. Esto, porque en una reciente concentración política promovida por el gobierno con un grupúsculo de partidarios traídos en autobuses, estos últimos, en cumplimiento del guión suministrado por el mismo Maduro, corearon consignas demandando que se hiciera preso al principal lider de la oposición democrática, Henrique Capriles Radonski. Por tanto, como cristalización de este sainete, Maduro prometió hacerle caso al “pueblo” y poner en práctica un plan para detener a Capriles en los próximos días.
El indicado plan formaría parte de uno mayor que se encuentra en ejecución desde el advenimiento de Maduro a la presidencia, encaminado a consolidar una neo-dictadura en Venezuela, bajo coordinación y asesoría cubana, mediante el cual, una cúpula de militares de alto rango asume de hecho el poder absoluto en Venezuela, valiéndose de Maduro como figura decorativa e intermediaria en sus relaciones con los chavistas, un Consejo Nacional Electoral subordinado, una Asamblea Nacional mediatizada por otro militar, su actual presidente, teniente Diosdado Cabello, y un poder judicial totalmente sumiso en las tareas de persecución e intimidación de los líderes de la oposición democrática, mediante imputaciones falsas sobre presuntos delitos cometidos por éstos, en todo lo cual colaborarían la Fiscalía General y la Contraloría General de la República. Un cuadro que compromete seriamente la celebración de las próximas elecciones municipales el próximo 8 de diciembre.
Una aplicación del mecanismo de control militar antes indicado, se está poniendo a prueba con la reciente solicitud de una ley habilitante para que la Asamblea Nacional otorgue poderes extraordinarios a Maduro, con el fin de que éste pueda gobernar mediante decretos y perseguir a mansalva a la oposición democrática. A efectos de lograr la aprobación de esta ley, el gobierno de Maduro está realizando presiones o sobornos para captar votos de diputados de la oposición, cuando no formulándoles imputaciones delictivas falsas, a fin de someterles a juicio y poder convocar a suplentes que estarían dispuestos a votar a favor de dicha aprobación.
Valga decir que la fuerte presencia militar en el gobierno venezolano durante los últimos quince años de régimen autoritario ha sido una constante. Es más, según calificados historiadores venezolanos, lo que Chávez hizo fue implantar una tiranía militar (http://www.noticierodigital.com/2013/05/guillermo-moron-en-la-razon-el-presidente-chavez-implanto-una-tirania-militar/). En declaraciones de algunos miembros de la cúpula militar de Maduro, se ha indicado que en Venezuela hay una revolución militar donde la unidad cívico-militar no sólo es una realidad sino “una necesidad” (http://www.lapatilla.com/site/2013/09/15/general-vladimir-padrino-es-muy-dificil-que-haya-un-pinochet-agazapado-en-venezuela/).
Esta revolución militar tendría entre sus características la de acentuar el rol de los militares en el gobierno ilegítimo de Maduro. Este rol se ha incrementado en los últimos días, ante la ineptitud de Maduro y posiblemente debido a que varios militares de alta graduación han sido vinculados en casos de narcotráfico, como el recientemente escenificado con la captura en Francia de varias maletas repletas de cocaina que llegaron en un avión proveniente de Venezuela. En este sentido, la necesidad de favorecer la impunidad de los militares involucrados en el narcolavado y el narcotráfico pudiese estar motivando la conveniencia de extender el control militar sobre cada vez mayores areas de la administración pública y el aparato estatal.
Otro factor que estaría obrando para acelerar el mayor control del gobierno de Maduro por parte de militares, podría estar relacionado con el uso de mecanismos para dar a éstos cabida en la administración pública una vez producido su retiro a los treinta años de servicio, o para retrasar dicho retiro obligado. Así, por ejemplo, puede haber sucedido con el mayor general, Wilmer Barrientos, quien fue designado por Maduro como ministro de la presidencia y coordinador de un comando de fronteras.
El general Barrientos, conjuntamente con los generales Vladimir Padrino (Jefe del Comando Operacional) y Miguel Rodriguez Torres (Ministro de Relaciones Interiores), integrarían el cogollito de la logia militar que con el teniente Diosdado Cabello, rodea y tiene bajo control a Maduro. En contraste, la actual ministra de la defensa, Almirante Carmen Meléndez, parece haber quedado relegada al cumplimiento de funciones de carácter social en beneficio de los militares (http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/194575/carmen-melendez-mas-de-280-mil-militares-han-sido-beneficiados-con-mision-negro-primero-video/).
Por lo demás, la presencia de los militares en el régimen de Maduro es ya bastante generalizada, incluyendo un número considerable de ministros, así como la asignación de militares o exmilitares en tareas que pertenecen a otras dependencias de la administración pública, para sustituir éstas o para crear estructuras paralelas, como las relacionadas con la seguridad ciudadana, la electricidad, la superintendencia de bancos, el control de cambios, el área económica y hasta la actividad empresarial (http://www.eluniversal.com/economia/131003/alertan-militarizacion-alrededor-de-la-actividad-empresarial).
A los arriba indicados hay que agregar los militares electos como gobernadores o funcionarios locales. Si lo anterior fuera poco, Maduro ha anunciado que próntamente la estructura de todos los ministerios y dependencias importantes de la administración pública nacional funcionarán bajo un concepto militar (http://www.lapatilla.com/site/2013/10/01/maduro-reestructurara-su-gabinete-muy-pronto-con-un-concepto-militar/)
Consecuente con esta mayor presencia de los militares en el gobierno de Maduro, éstos se han visto favorecidos no sólo por los beneficios de la llamada misión Negro Primero, a que aluden las declaraciones de la ministra de la defensa arriba citadas, sino también con un sustancial aumento de sueldos que se ha considerado bien por encima del que han obtenido otros servidores públicos. Esta política discriminatoria no ha dejado de producir reacciones adversas, según lo informan algunos medios (http://www.lapatilla.com/site/2013/10/06/sueldo-de-militares-es-mayor-al-de-profesores-policias-maestros-y-al-salario-minimo/).
En pocas palabras, las noticias que llegan de Venezuela revelan que cada día se acentúan las arremetidas del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro en contra del libre ejercicio democratico de los venezolanos. Al mismo tiempo, esta arremetida tiene como una de sus manifestaciones más conspicuas, el fortalecimiento de la presencia militar en el gobierno madurista. En este contexto, la reciente Resolución No. 213 emitida por el Senado de Estados Unidos sobre la situación venezolana adquiere singular importancia, por cuanto en ella se deplora el uso de cargos delictivos motivados políticamente para intimidar a la oposición política del país. Ésto, porque Maduro ha amenazado poner en práctica un plan para detener a su principal líder, Henrique Capriles Radonski, en los próximos días. Igualmente, porque tales mecanismos coercitivos se pretenden utilizar en contra de diputados de la oposición democrática, para obtener la aprobación de una ley habilitante solicitada recientemente por Maduro. En los párrafos que anteceden hemos comentado algunos de los aspectos de la identificada Resolución del Senado de EEUU, así como los factores que estarían motivando la mayor presencia militar en el gobierno de Maduro, en el propósito de aumentar su carácter autoritario. Un cuadro que compromete seriamente la celebración de las próximas elecciones municipales el próximo 8 de diciembre. Veremos….
Las noticias que llegan de Venezuela revelan que cada día se acentúan las arremetidas del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro en contra del libre ejercicio democratico de los venezolanos. Al mismo tiempo, esta arremetida tiene como una de sus manifestaciones más conspicuas el empeño de fortalecer la presencia militar en su gobierno autoritario. En este contexto, la reciente Resolución No. 213 emitida por el Senado de Estados Unidos sobre la situación venezolana adquiere singular importancia.
En efecto, como un reflejo de la difícil situación política venezolana, y pese a que hay materias de alta prioridad en Estados Unidos que mueven su atención en el momento presente, como es la de carácter presupuestario, el Senado reunió el tiempo para debatir y aprobar la aludida Resolución. La misma estuvo dirigida a expresar apoyo por el libre y pacífico ejercicio de la democracia representativa en Venezuela, condenar la violencia y la intimidación contra la oposición política, y hacer un llamado al diálogo entre todos los actores políticos del país.
La Resolución incluye entre las motivaciones expresadas en sus considerandos, que el Tribunal Supremo de Justicia se negó a oír los recursos jurídicos formulados por la oposición por la violación de la ley electoral durante las elecciones del pasado 14 de abril, y que el Consejo Nacional Electoral se negó a realizar una auditoría completa de dichas elecciones, donde se incluyera la comparación con los cuadernos de votación. Así mismo, en su parte dispositiva, deplora la denegación antidemocrática de los derechos de los parlamentarios de la oposición en Venezuela, la imperdonable violencia cometida en su contra y el uso de cargos delictivos motivados políticamente para intimidar a la oposición política del país. Una traducción al español de la Resolución No. 213 puede verse en:
http://www.noticierodigital.com/2013/10/traduccion-de-la-resolucion-213-del-senado-estadounidense-en-apoyo-a-la-democracia-en-venezuela/
El hecho de que el Senado de Estados Unidos haya deplorado el uso de cargos delictivos motivados políticamente para intimidar a la oposición política del país, no puede ser más acertado ni tener mayor actualidad. Esto, porque en una reciente concentración política promovida por el gobierno con un grupúsculo de partidarios traídos en autobuses, estos últimos, en cumplimiento del guión suministrado por el mismo Maduro, corearon consignas demandando que se hiciera preso al principal lider de la oposición democrática, Henrique Capriles Radonski. Por tanto, como cristalización de este sainete, Maduro prometió hacerle caso al “pueblo” y poner en práctica un plan para detener a Capriles en los próximos días.
El indicado plan formaría parte de uno mayor que se encuentra en ejecución desde el advenimiento de Maduro a la presidencia, encaminado a consolidar una neo-dictadura en Venezuela, bajo coordinación y asesoría cubana, mediante el cual, una cúpula de militares de alto rango asume de hecho el poder absoluto en Venezuela, valiéndose de Maduro como figura decorativa e intermediaria en sus relaciones con los chavistas, un Consejo Nacional Electoral subordinado, una Asamblea Nacional mediatizada por otro militar, su actual presidente, teniente Diosdado Cabello, y un poder judicial totalmente sumiso en las tareas de persecución e intimidación de los líderes de la oposición democrática, mediante imputaciones falsas sobre presuntos delitos cometidos por éstos, en todo lo cual colaborarían la Fiscalía General y la Contraloría General de la República. Un cuadro que compromete seriamente la celebración de las próximas elecciones municipales el próximo 8 de diciembre.
Una aplicación del mecanismo de control militar antes indicado, se está poniendo a prueba con la reciente solicitud de una ley habilitante para que la Asamblea Nacional otorgue poderes extraordinarios a Maduro, con el fin de que éste pueda gobernar mediante decretos y perseguir a mansalva a la oposición democrática. A efectos de lograr la aprobación de esta ley, el gobierno de Maduro está realizando presiones o sobornos para captar votos de diputados de la oposición, cuando no formulándoles imputaciones delictivas falsas, a fin de someterles a juicio y poder convocar a suplentes que estarían dispuestos a votar a favor de dicha aprobación.
Valga decir que la fuerte presencia militar en el gobierno venezolano durante los últimos quince años de régimen autoritario ha sido una constante. Es más, según calificados historiadores venezolanos, lo que Chávez hizo fue implantar una tiranía militar (http://www.noticierodigital.com/2013/05/guillermo-moron-en-la-razon-el-presidente-chavez-implanto-una-tirania-militar/). En declaraciones de algunos miembros de la cúpula militar de Maduro, se ha indicado que en Venezuela hay una revolución militar donde la unidad cívico-militar no sólo es una realidad sino “una necesidad” (http://www.lapatilla.com/site/2013/09/15/general-vladimir-padrino-es-muy-dificil-que-haya-un-pinochet-agazapado-en-venezuela/).
Esta revolución militar tendría entre sus características la de acentuar el rol de los militares en el gobierno ilegítimo de Maduro. Este rol se ha incrementado en los últimos días, ante la ineptitud de Maduro y posiblemente debido a que varios militares de alta graduación han sido vinculados en casos de narcotráfico, como el recientemente escenificado con la captura en Francia de varias maletas repletas de cocaina que llegaron en un avión proveniente de Venezuela. En este sentido, la necesidad de favorecer la impunidad de los militares involucrados en el narcolavado y el narcotráfico pudiese estar motivando la conveniencia de extender el control militar sobre cada vez mayores areas de la administración pública y el aparato estatal.
Otro factor que estaría obrando para acelerar el mayor control del gobierno de Maduro por parte de militares, podría estar relacionado con el uso de mecanismos para dar a éstos cabida en la administración pública una vez producido su retiro a los treinta años de servicio, o para retrasar dicho retiro obligado. Así, por ejemplo, puede haber sucedido con el mayor general, Wilmer Barrientos, quien fue designado por Maduro como ministro de la presidencia y coordinador de un comando de fronteras.
El general Barrientos, conjuntamente con los generales Vladimir Padrino (Jefe del Comando Operacional) y Miguel Rodriguez Torres (Ministro de Relaciones Interiores), integrarían el cogollito de la logia militar que con el teniente Diosdado Cabello, rodea y tiene bajo control a Maduro. En contraste, la actual ministra de la defensa, Almirante Carmen Meléndez, parece haber quedado relegada al cumplimiento de funciones de carácter social en beneficio de los militares (http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/194575/carmen-melendez-mas-de-280-mil-militares-han-sido-beneficiados-con-mision-negro-primero-video/).
Por lo demás, la presencia de los militares en el régimen de Maduro es ya bastante generalizada, incluyendo un número considerable de ministros, así como la asignación de militares o exmilitares en tareas que pertenecen a otras dependencias de la administración pública, para sustituir éstas o para crear estructuras paralelas, como las relacionadas con la seguridad ciudadana, la electricidad, la superintendencia de bancos, el control de cambios, el área económica y hasta la actividad empresarial (http://www.eluniversal.com/economia/131003/alertan-militarizacion-alrededor-de-la-actividad-empresarial).
A los arriba indicados hay que agregar los militares electos como gobernadores o funcionarios locales. Si lo anterior fuera poco, Maduro ha anunciado que próntamente la estructura de todos los ministerios y dependencias importantes de la administración pública nacional funcionarán bajo un concepto militar (http://www.lapatilla.com/site/2013/10/01/maduro-reestructurara-su-gabinete-muy-pronto-con-un-concepto-militar/)
Consecuente con esta mayor presencia de los militares en el gobierno de Maduro, éstos se han visto favorecidos no sólo por los beneficios de la llamada misión Negro Primero, a que aluden las declaraciones de la ministra de la defensa arriba citadas, sino también con un sustancial aumento de sueldos que se ha considerado bien por encima del que han obtenido otros servidores públicos. Esta política discriminatoria no ha dejado de producir reacciones adversas, según lo informan algunos medios (http://www.lapatilla.com/site/2013/10/06/sueldo-de-militares-es-mayor-al-de-profesores-policias-maestros-y-al-salario-minimo/).
En pocas palabras, las noticias que llegan de Venezuela revelan que cada día se acentúan las arremetidas del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro en contra del libre ejercicio democratico de los venezolanos. Al mismo tiempo, esta arremetida tiene como una de sus manifestaciones más conspicuas, el fortalecimiento de la presencia militar en el gobierno madurista. En este contexto, la reciente Resolución No. 213 emitida por el Senado de Estados Unidos sobre la situación venezolana adquiere singular importancia, por cuanto en ella se deplora el uso de cargos delictivos motivados políticamente para intimidar a la oposición política del país. Ésto, porque Maduro ha amenazado poner en práctica un plan para detener a su principal líder, Henrique Capriles Radonski, en los próximos días. Igualmente, porque tales mecanismos coercitivos se pretenden utilizar en contra de diputados de la oposición democrática, para obtener la aprobación de una ley habilitante solicitada recientemente por Maduro. En los párrafos que anteceden hemos comentado algunos de los aspectos de la identificada Resolución del Senado de EEUU, así como los factores que estarían motivando la mayor presencia militar en el gobierno de Maduro, en el propósito de aumentar su carácter autoritario. Un cuadro que compromete seriamente la celebración de las próximas elecciones municipales el próximo 8 de diciembre. Veremos….
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