Prensa MUD / 11 oct 2013.- La creación de Centro Estratégico y de Seguridad de la Patria (CESPPA) “es una aberración” con antecedentes en dictaduras de derecha como la de Pérez Jiménez, Pinochet y la Alemania hitleriana, donde usando como pretexto la seguridad de la nación, se persiguió a todo el que pensaba diferente.
Así lo sostiene la diputada al Parlamento Latinoamericano, Delsa Solórzano, Coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos y Justicia de la MUD.
“Buscan reprimir la libertad de expresión y controlarla, como lo hizo aquí el dictador Pérez Jiménez persiguiendo con la Seguridad Nacional a todo el que pensaba diferente. Lo que se busca es imponer un modelo único de pensamiento y convertir a todo disidente en apátrida o antinacionalista”.
El CESPPA fue creado mediante el Decreto Presidencial N° 458, con dependencia de la Presidencia de la República y para será presidido por un militar. Tendrá como finalidad “unificar el flujo informativo” de instituciones públicas y privadas sobre los aspectos estratégicos sensibles de la Seguridad y Defensa, Inteligencia y Orden Interno.
Considera la diputada Solórzano como un hecho sumamente grave que al declarar como de “seguridad nacional”, cualquier información que pueda, a criterio del gobierno, comprometer la seguridad de la patria sea cercenada. Con este centro de control, se esté creando un mecanismo de censura previa, figura prohibida no solamente por la Constitución Nacional, sino también por la Convención Americana de los Derechos Humanos y la carta de la Organización de las Naciones Unidas.
“Es un decreto que no establece criterios claros, todo queda al libre albedrío, a la discrecionalidad del funcionario de inteligencia, de la policía de Estado, a la cual tampoco se le fijan límites sobre las labores de inteligencia que pueda realiza y, adicionalmente, obligan a colaborar en esas funciones a todos los organismos públicos”, agrega Solórzano.
En opinión de la Coordinadora de Derechos Humanos de la Unidad, el carácter claramente inconstitucional del decreto que dio creación al CESPPA, lo hace susceptible de su demanda por nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia por violación flagrante de los artículos 57 y 58 sobre la libertad de expresión.
Observa, finalmente, que el gobierno nacional ha mantenido una política de persecución de la libre expresión de los ciudadanos, expresada en cierre de medios y persecución a periodistas, y que ahora buscan extenderla al parlamento privando de su derecho de palabra al diputado opositor Julio Borges.
“Puede que a Borges le quiten su derecho de palabra, pero lo que no van a poder quitarle a él ni a nadie de la Unidad, es nuestra profunda convicción democrática y de la necesidad de que haya un cambio de gobierno en Venezuela, y tendreemos la oportunidad de hacerlo, desde lo local, en las elecciones del próximo 8 de diciembre”, sentenció Solórzano.
“Buscan reprimir la libertad de expresión y controlarla, como lo hizo aquí el dictador Pérez Jiménez persiguiendo con la Seguridad Nacional a todo el que pensaba diferente. Lo que se busca es imponer un modelo único de pensamiento y convertir a todo disidente en apátrida o antinacionalista”.
El CESPPA fue creado mediante el Decreto Presidencial N° 458, con dependencia de la Presidencia de la República y para será presidido por un militar. Tendrá como finalidad “unificar el flujo informativo” de instituciones públicas y privadas sobre los aspectos estratégicos sensibles de la Seguridad y Defensa, Inteligencia y Orden Interno.
Considera la diputada Solórzano como un hecho sumamente grave que al declarar como de “seguridad nacional”, cualquier información que pueda, a criterio del gobierno, comprometer la seguridad de la patria sea cercenada. Con este centro de control, se esté creando un mecanismo de censura previa, figura prohibida no solamente por la Constitución Nacional, sino también por la Convención Americana de los Derechos Humanos y la carta de la Organización de las Naciones Unidas.
“Es un decreto que no establece criterios claros, todo queda al libre albedrío, a la discrecionalidad del funcionario de inteligencia, de la policía de Estado, a la cual tampoco se le fijan límites sobre las labores de inteligencia que pueda realiza y, adicionalmente, obligan a colaborar en esas funciones a todos los organismos públicos”, agrega Solórzano.
En opinión de la Coordinadora de Derechos Humanos de la Unidad, el carácter claramente inconstitucional del decreto que dio creación al CESPPA, lo hace susceptible de su demanda por nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia por violación flagrante de los artículos 57 y 58 sobre la libertad de expresión.
Observa, finalmente, que el gobierno nacional ha mantenido una política de persecución de la libre expresión de los ciudadanos, expresada en cierre de medios y persecución a periodistas, y que ahora buscan extenderla al parlamento privando de su derecho de palabra al diputado opositor Julio Borges.
“Puede que a Borges le quiten su derecho de palabra, pero lo que no van a poder quitarle a él ni a nadie de la Unidad, es nuestra profunda convicción democrática y de la necesidad de que haya un cambio de gobierno en Venezuela, y tendreemos la oportunidad de hacerlo, desde lo local, en las elecciones del próximo 8 de diciembre”, sentenció Solórzano.
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