29 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que comprende la instalación de una comisión parlamentaria coordinada por el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Miguel Pizarro, la cual levantará en 90 días hábiles (una vez aprobada la ley) un inventario de los proyectos ejecutados por el gobierno y los que están por realizarse.
El proyecto establece que la comisión, una vez auditado el programa social, entregue un informe ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat para que se garantice la entrega de títulos de propiedad a los beneficiarios y para que se constituya un acuerdo de indemnización con los dueños de los terrenos en los que se construyeron los inmuebles.
La propuesta, presentada por Julio Borges, jefe de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática, fue rechazada por los parlamentarios del PSUV: “No resiste un análisis jurídico y es inconstitucional”, sentenció el diputado Pedro Carreño.
Borges dijo que el proyecto es la discusión de fondo del país: “La de democratizar la economía y los derechos de propiedad de todos los venezolanos”.
Lamentó que el presidente Nicolás Maduro afirme que deben tumbarlo para impulsar la ley, y le aclaró que la AN es un poder autónomo que puede impulsarla.
“El gobierno se siente tan acorralado que anuncian que ahora sí van a entregar el título de propiedad. Ahorita a quienes se les entregan las casas no son dueños, lo disfrazan con un concepto falso que se llama propiedad familiar, que significa que el gobierno es dueño de la casa. La esclavitud desaparece hoy”.
El proyecto, como el día en que se anunció, generó incomodidad en el chavismo. El exministro de Vivienda, diputado Ricardo Molina, lo tildó de “bodrio” y aseveró que el gobierno sí entrega la propiedad de las casas de la Misión Vivienda. Mostró un documento en el que una de estos inmuebles supuestamente se vendió por poco más de un millón de bolívares, con un plazo de 20 años para pagarla y con intereses apenas superiores a 4%.
“La revolución reivindicó el derecho a la vivienda. En la cuarta república se dejó a miles de venezolanos en las calles por los créditos hipotecarios que pasaban de 90%. Este proyecto lo vamos a discutir en las calles con el pueblo”, afirmó.
En los alrededores de la AN nadie protestó contra el proyecto, a pesar de que el chavismo lo pidió. El diputado Ismael León (MUD) afirmó que el PSUV intentó movilizar a la gente para rechazar la propuesta, pero “nadie quiso” e invitó a Molina a recorrer los edificios de la Misión Vivienda para comprobar quién tiene un título de propiedad.
Borges también entregó a la secretaría, para que se distribuya entre los diputados, un proyecto de ley de bono de alimentación y medicamentos para jubilados y pensionados.
Guayana. La Asamblea creó una subcomisión parlamentaria que investigará la situación de las empresas básicas de Guayana, en el estado Bolívar.
La propuesta fue del diputado Francisco Sucre quien expuso la precaria situación en la que se encuentran: “En Guayana se produjo 40% del producto interno bruto no petrolero; se generaban divisas por casi 10.000 millones de dólares al año; se estaba diversificando la economía; se crearon miles de empleos, pero ahora llegó Terminator, la destrucción sistemática”.
Afirmó que las empresas están produciendo a 20% de su capacidad, dependen de Pdvsa y no aportan nada al PIB. “Sidor ha recibido 800 millones de dólares y apenas produce un millón de toneladas métricas de acero y en 2007 eran más de cuatro millones”.
En la respuesta del chavismo se notó –por los vagos argumentos– que solo tiene un representante por el estado Bolívar. Se trata del jefe de bancada, Héctor Rodríguez, quien celebró la estatización de esas empresas para que los trabajadores no sufran las consecuencias de una política neoliberal.
“Si esas empresas no producen, ¿cómo tenemos un millón de viviendas en Venezuela? Ahora no se extraen las materias primas para regalarlas al exterior sino para construir viviendas y para entregar canaimitas”.
El parlamentario José Prat (MUD) hizo otra radiografía de la producción de cada una estas: “Sidor produce a 24% de su capacidad; Venalum a 23%; Alcasa a 22%; Bauxilum a 32% y la que mejor está es Ferrominera que llega a 42%, ni la mitad de su capacidad productiva”.
Propuso elaborar un plan integral de recuperación, que requiere como primer paso que se termine la represa de Tocoma, que podría aportar 2.140 megavatios de energía a esas empresas. “Costaba 3.000 millones de dólares y ya va por 9.000 y no está lista”, aseveró.
Presos políticos
El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, prometió que el organismo hará lo necesario para que se juramenten los suplentes de los diputados Gaby Arellano, Sergio Vergara y Dinorah Figuera, que son los presos políticos Renzo Prieto, Rosmit Mantilla y Gilberto Sojo, respectivamente.
El chavismo planteó un acuerdo de rechazo a la orden Ejecutiva de 2015 en la que el gobierno de Estados Unidos considera a Venezuela como una amenaza (a propósito de que la Celac la rechazó recientemente).
Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, pidió diferir el punto y que se discuta dentro de esa instancia legislativa.
La AN también aprobó ayer un acuerdo en conmemoración del Holocausto y otro por la celebración del Día Nacional del Cine.
El ministro de Educación Superior, Jorge Arreaza, solicitó cambiar para el miércoles su comparecencia ante la comisión que estudia la crisis universitaria.
3.000.000
Es el déficit de viviendas en 2016, lo que representa el doble de lo que había en 1998, cuando era de 1.500.000, según el diputado Williams Dávila (MUD).
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