28 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
El gobierno en Venezuela está tan distorsionado y las instituciones del Estado están tan debilitadas que actúan con la lógica perversa del pranato: las normas de convivencia establecidas en la Constitución y las leyes son pisoteadas por un líder (el pran) que monopoliza el poder e impone sus propias reglas; por lo general, a sangre y fuego.
Este fin de semana Teófilo Cazorla Rodríguez, alias “el Conejo", quien fuera el pran de la cárcel de San Antonio, fue asesinado cuando salió de un local nocturno en Porlamar. El Conejo estaba en libertad condicional y vale preguntar en qué circunstancias obtuvo el beneficio.
La muerte de un pran no debería sorprender a nadie, pues este tipo de líderes negativos que ejercen el autogobierno en las prisiones venezolanas acumula tanto poder como enemigos. El pran y todos sus secuaces saben que en cualquier momento la violencia y el terror que ejercen se vuelven en su contra.
El “prestigio” de los pranes, como el de algunos dirigentes gubernamentales, se forja con pleitesía. Pranes y gobernantes necesitan que se sepa que son poderosos. Tal es el sentido de algunos rituales, como los homenajes fúnebres.
Para rendir tributo a la memoria y el legado del Conejo, los presos de la cárcel de San Antonio se encaramaron en el techo del centro penitenciario y dispararon incesante por varios minutos. Las imágenes que aterraron a la opinión pública nacional e internacional forman parte de la cotidianidad de las cárceles en el país, donde proliferan todo tipo de armas. De hecho, el tráfico de armas es uno de los más rentables negocios relacionados con la llamada industria del preso.
El tributo a el Conejo fue grabado y colgado en las redes sociales por los propios presos. En las afueras de la cárcel, los funcionarios de la Guarda Nacional Bolivariana no hacían más que observar. Los custodios civiles, al parecer, tampoco pueden intervenir.
Recientemente Varela había asegurado que más del 80% de las cárceles están desarmadas. Alguien miente sobre lo que ocurre en las prisiones del país y los venezolanos tenemos el derecho de conocer la verdad, mediante investigaciones eficaces del Ministerio Público
Otra noticia. El macabro secuestro y asesinato de Daniel Suárez y su esposa Rosa Castillo Acevedo. Los criminales al percatarse que no tenía dinero para pagar rescate, los mataron y le prendieron fuego al vehículo donde se trasladaban, en presencia de sus hijas de 3 y 7 años, quienes sufrieron quemaduras en las manos tratando de salvar a sus padres. Todo eso fue grabado con celulares. Los implicados son hampones que hacen vida en la Cota 905. Sí, aquella “zona de paz” intervenida a través del Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).
Más sucesos macabros. El asesinato del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Rengifo Camacaro. Interceptado por criminales con el objeto de robarle su camioneta. Luego lo montaron en una patrulla a fin de despistar. La misma noche de ese día lo mataron. Los implicados serían tres funcionarios de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas.
Estamos mal y no vamos bien. Nuestra sociedad anda pérdida sin conocer el límite entre el bien y el mal, las alianzas o vínculos de altos funcionarios del gobierno con los delincuentes son evidentes. ¿Qué decir de la fotografía donde la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, aparece abrazada con quien fuera el pran de la cárcel de Porlamar, Teófilo Cazorla Rodríguez, conocido como "El Conejo"? El confort de la habitación de El Conejo contrasta con el hacinamiento que padece la mayoría de la población reclusa del país. ¿Varela habrá sido requisada, hasta en sus partes íntimas, antes de visitar a su amigo “El Conejo”, como ocurrió con Lilian Tintori y Antonieta Mendoza de López, esposa y madre del líder opositor Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde?
Nuestra integridad física y propiedades están amenazadas por la delincuencia que actúa en grupos, redes y empresas con tal grado de sofisticación que ningún venezolano puede dormir tranquilo. Fernando Sabater, escribía: "cuando personas supuestamente normales cometen barbaridades como esas, es señal de que la sociedad perdió el control de sí misma y las personas no tienen la noción de lo que es correcto e incorrecto, se van perdiendo la ética, la moral y los valores".
El Ministerio Público es corresponsable de la inseguridad reinante en Venezuela. Su misión es investigar los hechos y determinar las responsabilidades, y no hacer de la denuncia una mera formalidad destinada al fracaso. La Fiscalía tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la debida diligencia y efectividad en las investigaciones así como la aplicación de las sanciones administrativas, disciplinarias y penales que correspondan, tanto a las personas que sean acusadas de cometer crímenes comunes que afecten la seguridad de los ciudadanos como a las personas que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado respecto de las cuales se haya comprobado el abuso de su autoridad.
El Ejecutivo venezolano es responsable por su omisión y complicidad. Todo está en las redes sociales, todo está grabado; los cuerpos de investigación y seguridad tienen la información de los delitos que se cometen desde las cárceles, y tienen interceptadas y trazadas todas las llamadas telefónicas.
La Asamblea Nacional tiene el desafío de rediseñar un pacto por la vida que contribuya con la recuperación de los valores. Urge la adopción de una ley que permita hacer efectivo el deber de garantía del Estado frente a los derechos a la vida y la integridad personal en la que se implementen mecanismos adecuados para prevenir los delitos y, garantizar la seguridad ciudadana de todos los habitantes de Venezuela.
@jesusollarves
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