El Embajador Gerson Revanales es un diplomático de carrera y hoy es responsable de los estudios y la línea de investigación sobre el Arco Pacífico en el doctorado de Ciencias Sociales en la Facultad de Economía de la UCV.
Durante primeros 14 años de Chávez y Maduro – entre 1999 y 2013 – se firmaron 2.540 Acuerdos y Tratados, de éstos 533 con China; mientras que en 178 años entre 1820 y 1998 se firmaron 2.265 Acuerdos. Esta diferencia requiere una revisión de la política exterior de la revolución y en particular de las relaciones con China, afirma el embajador Revanales.
La Patilla: Embajador, la Comisión Permanente de Política Exterior se ha propuesto como tarea revisar los Acuerdos y Tratados firmados durante los últimos 17 años del gobierno, ¿esta revisión sería una oportunidad para revisar las relaciones con China?.
Embajador Revanales: El control legislativo es una cuestión de salvaguarda de la Soberanía Nacional; la revisión de los tratados y acuerdos son una necesidad de Estado; en particular cuando estos compromisos se han hecho más por conveniencia política que por interés nacional.
La Constitución Art 222 establece los controles a los que está sujetos y obligados los ministros y funcionarios públicos entre estos se encuentran: la interpelación, las investigaciones y las aprobaciones parlamentarias. El país espera con ansias la interpelación de la Sra. Rodríguez quien deberá asumir no sabemos con qué, la defensa de una política exterior irresponsable que ha puesto en riesgo la integridad territorial y soberanía nacional.
Atendiendo a su pregunta, una de las revisiones necesarias en materia de política exterior, -por su importancia a nivel global- son las relaciones con China; ya que indudablemente se deben fortalecer y profundizar, pero no bajo el modelo chavista de la confrontación este-oeste; ni la madurista de banco de reserva y proveedor de tanquetas antimotines; sino de igualdad, equidad y transparencia.
¿Cree entonces que no ha habido igualdad, equidad y transparencia en la relaciones Venezuela China?
No, no puede haber igualdad cuando Venezuela esta endeudad de forma tal que su soberanía está en riesgo; no hay equidad por que los gobiernos de Chávez y Maduro han privilegiado las relaciones con China por encima de nuestros socios naturales; y no es transparente porque que a la hora de la verdad no se conoce la letra pequeña de Fondo Chino, el cual ha sido una de las fuentes de corrupción en el país, precisamente por esa falta de transparencia.
Es muy comprometedor lo que usted afirma
Tan solo invito a su equipo de investigación a revisar los 533 acuerdos firmados entre Venezuela y China; trate de hacerle seguimiento; y trate de identificar cuáles Acuerdos se han ejecutado; cuántas casas de la Gran Misión Vivienda han sido construidas bajo estos Acuerdos y algo más grave; no sabemos a cuenta de qué, ni a dónde han ido o fueron a parar los 55 millones de yuanes remenbies equivalentes a 6.689.674.400 bolívares fuertes a tasa de calle, donados por el gobierno Chino. El Fondo Chino es sólo una de las fuentes de corrupción por falta de transparencia
¿Cuál es la solución según su experiencia, para salvar y mejorar las relaciones con China?
En mi opinión hay dos mecanismos constitucionales que permiten imponer un control al MPPRE y revisar las relaciones con China a fin de sincerarlas en beneficio mutuo. El Art 222 de la Constitución Nacional contiene los cinco mecanismos del control parlamentario iniciando por la interpelación a la Ministro de Relaciones Exteriores.
El segundo mecanismo es la investigación mediante el cual se haría una revisión de compromisos contraídos: según la pag Web de la Embajada en Bejing y la edición Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela publicada por el MPPRE registran entre el 2000 y 2015 la firma de 533 Acuerdos con Beijing; de éstos 79 con empresas chinas sin aprobación constitucional por ejemplo, en materia habitacional, comunicaciones, energía, infraestructura, en desmedro de las empresas, la tecnología y mano de obra venezolana.
Usted habla de 533 Acuerdos pero resalta a 79 con empresas chinas. ¿A que se refiere?
Me refiero que la firma de estos setenta y nueve (79) contratos con empresas chinas y camuflajeados como Acuerdos para evadir los requisitos constitucionales, es un fraude a la constitución. El Art 187 Numeral 9, requiere de la autorización de la Asamblea Nacional en los contratos de interés nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. En este fraude hay más de 40 firmas chinas que se beneficiaron y debe ser investigado por la Asamblea Nacional; la Sra Rodríguez debe dar las explicaciones del caso y aclarar las dudas existentes, ya que hasta la fecha, estos contratos no cuentan con las leyes aprobatorias respectivas.
¿Que sucede si la Ministro de Relaciones exterior se niega a comparecer o señalar que no puede dar explicaciones por razones de Estado?
En primer término en estos casos no comparto esa distinción o modalidad de invitar a los interpelados a conversar, nos encontramos frente a cuestiones que amenazan nuestra soberanía; una invitación se puede declinar, en cambio una interpelación es una obligación y su negativa acarrea una sanción según el Artículo 223 de la Constitución Nacional
Finalmente en este “fraude constitucional” que usted califica como tal, ¿el gobierno de Beijing tiene alguna responsabilidad?
Veamos las dos caras de la moneda. Si bien existen ciertos principios en el Derecho Internacional que nos dicen que la omisión o incumplimiento de normas internas, no son excusa para alegar el no cumplimiento de los compromisos internacionales, en el caso de la firma del gobierno venezolano de contratos con empresas chinas, hay que considerar que hubo fraude constitucional al no contar con la autorización parlamentaria. El gobierno chino tiene que comprender que ello fue una violación a la norma suprema y que ésta no puede ser dejada de lado para satisfacer compromisos con empresas chinas. Aun mas, la Embajada China en Caracas debió advertir a su gobierno que estos contratos debían ser autorizados por la Asamblea Nacional, de lo contrario son inconstitucionales y susceptibles de no ser reconocidos por el Estado.
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