30 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
Venezuela vive, realmente, una emergencia económica. Una situación creada por el fracaso de un modelo que destruyó el aparato productivo nacional y nos hizo totalmente dependientes de las importaciones, atadas a un alto ingreso petrolero. A ese colapso se suma la caída dramática de los precios del petróleo, así como de los volúmenes de producción; entre otras causas, por falta de inversiones en el sector petrolero.
La Constitución prevé dos formas de abordar una crisis de esta magnitud: las leyes habilitantes y el estado de excepción por la emergencia económica. El gobierno de Maduro dispuso de amplios poderes con base en la ley habilitante, como también los tuvo Hugo Chávez. Y fue precisamente el ejercicio de ese poder el que nos trajo hasta esta emergencia. En cuanto al estado de excepción por emergencia económica, este puede tener una vigencia de 60 días prorrogables por otro periodo igual. Son las prórrogas, de acuerdo a la Constitución, las que requieren de la aprobación de la Asamblea Nacional. y queda claro que la opinión del Tribunal Supremo es sobre la Constitucionalidad del alcance del decreto, mientras que la aprobación de la Asamblea, al margen de la Constitucionalidad, se refiere a la oportunidad o conveniencia del Decreto de Emergencia, su alcance o contenido o medidas propuestas. En síntesis, el Decreto de Emergencia solo tiene vigencia de 60 días si no lo aprueba mas allá de ese tiempo la Asamblea, y para ser conveniente y oportuno, al menos tiene que ser en su alcance, contenido y medias lo suficiente mente especifico con respecto a que se piensa hacer en ese plazo de tiempo que dure la emergencia para iniciar una rectificación o resolver la crisis que lo justifica. De lo contrario, no tiene ningún sentido su aprobación.
Pero, francamente, ¿qué busca el Gobierno con toda esta trama del Decreto de Emergencia? El contenido del Decreto evidencia que según ellos no han sido sus controles e intervencionismo gubernamental la causa de este desastre. De hecho, piden más poder para acentuar ese enfoque.
Y políticamente, qué es lo que se proponen hacer en 60 ó 120 días que encamine las cosas por una senda de cambios. No lo han dicho, probablemente porque no tienen ninguna medida diferente o excepcional que promover. En el fondo, el gobierno de Maduro sigue jugando a la política frente a la crisis. Antes se trataba convencer al país, y no lo lograron, de que las cosas estaban mal porque había una Guerra económica. Ahora se apuesta a mentirle al país con el argumento de que las cosas empeoran porque la Asamblea no aprueba el Decreto de Emergencia, cuando este es más de lo mismo y, precisamente, la falta de garantías económicas para la inversión privada es parte fundamental del problema.
Si el Gobierno tuviese un plan de acción concreto y eficiente ante la monumental crisis económica que atraviesa Venezuela tendría que responder cuatro preguntas: 1) ¿Cómo piensan sustituir el sistema cambiario que ha originado todas las distorsiones económicas que acabaron con la producción nacional, fomentando las importaciones y el fraude o la corrupción, así como la inflación que se vive. Es imposible que un país pueda funcionar con un sistema de cambio múltiples donde las diferentas entre los propios cambios oficiales son del 3 mil por ciento, y la brecha entre el mas alto de los oficiales y el mercado es de 13,500 por ciento (¡ni en una economía en guerra se ve algo así!); 2) ¿Cuál es el plan de inversión petrolera para recuperar volúmenes de producción; y qué tienen pensado para reactivar la inversión privada y pública en sectores claves como el agropecuario, la construcción, los servicios y la infraestructura? 3) Cómo piensa el Gobierno resolver el conflicto que se avecina entre cubrir las importaciones que se necesitan y cumplir con los pagos del endeudamiento externo que vencen este semestre?; y 4) ¿Cómo piensa manejar la inflación (la más alta del mundo) y la escasez, en el corto y mediano plazo?
Sin una respuesta concreta a estas interrogantes, ni compartir ninguna idea o cifra con la Asamblea, los sectores productivos y el país, al proponer su absurdo Decreto el gobierno pone de relieve dos cosas: que no tiene voluntad de rectificación e insiste en las mismas políticas que nos han traído hasta aquí; y que frente a este grave problema reincide en la manipulación política, en la vacía retórica de buscar culpables, que ahora se ceba en la Asamblea nacional mayoritariamente opositora por la voluntad popular.
La pregunta que se hace cualquier observador, ante tanta insensatez, es si de verdad se creen sus dislates. O, si en medio de esta jugada política, ya hay en el oficialismo voces cuestionadoras que juzgan llegada la hora de manifestarse, antes de que el caos se les imponga y disponga. En cualquier caso, todo indica que ya es tarde para el gobierno, y que las mejores horas del chavismo van hundiendo en el pasado.
Nos leemos por twitter @lecumberry
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