26 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
Mientras el país se distrae con la discusión del decreto de emergencia económica presentado a la Asamblea por Nicolás Maduro, que en el fondo –y por eso no lo aprobó la Asamblea Nacional– es más de lo mismo, las violaciones de los derechos humanos se intensifican, se multiplican y se hacen cada más vez más odiosas, en medio de la mayor impunidad, incluso, con hechos aberrantes que se llevan a cabo ante la pasividad deliberada del defensor del pueblo, cuyas patéticas declaraciones públicas sobre los derechos de los ciudadanos dejan estupefactos a unos y otros.
Las prácticas inhumanas de las que son víctimas los presos políticos que se consumen hoy en las cárceles del régimen nos horrorizan a todos, dentro y fuera del país. Ante ello y en medio del desprecio de los victimarios, la oposición y hoy mayoría democrática ha propuesto, con base en estudios serios de la sociedad civil, una Ley de Amnistía y Reconciliación nacional que busca hacer justicia en favor de las víctimas de los abusos de un régimen definitivamente irrespetuoso del orden jurídico y no en favor, desde luego, de los despreciables violadores de los derechos humanos y de los criminales internacionales que cuentan con la protección del poder y que más adelante, sin duda, tendrán que rendir cuenta ante la justicia, aquí o allá.
La tortura y los tratos crueles, degradantes o inhumanos son parte de una aberrante política sistemática del régimen en contra de una parte de la población. Son muchos los presos políticos que sufren el frío y la oscuridad, el maltrato y las humillaciones, tratos salvajes impropios de nuestra sociedad. Los atropellos en contra de la madre del preso político Leopoldo López y de su esposa Lilian Tintori, entre otros tantos, han sido condenados por todos en el país y en el mundo. Ante ello, ninguna reacción del Estado, apenas una leve “prohibición” de acercamiento de un coronel jefe de la cárcel política de Ramo Verde a las víctimas, que ahora se siente agraviado por las denuncias, pero no se busca la verdad, no se lleva a cabo ninguna investigación, menos se impone una sanción o castigo a los responsables de tal crimen. Una grave tolerancia que se traduce en complicidad. Se les protege, se les anima, se les premia por el castigo a las víctimas.
La impunidad es quizás lo más grave en estos momentos en un país sometido por un grupo de aventureros que insiste en imponerse por todos los medios. Se violan los derechos humanos, se cometen crímenes internacionales y los órganos de justicia nacionales no actúan, no hay una entidad pública que determine los hechos, que solicite una investigación, que la inicie que la procese. Es la impunidad en su máxima expresión y por eso los pranes y los delincuentes y asesinos, muchos cerca del poder, lejos de ser castigados, son favorecidos y premiados.
Craso error pensar que las cosas no han cambiado y que no seguirán cambiando y que la aplicación de la justicia no llegará para castigar a todos aquellos que han ordenado, ejecutado, consentido, aupado y celebrado estos crímenes. Habrá reconciliación y paz, lo que queremos todos, pero siempre con justicia y para eso muchos dedicamos nuestro tiempo.
Es el momento de rectificaciones, de sustitución de modelos, pero no solamente en lo económico sino en lo político, en lo social. El país exige para recuperarse que el gobierno cambie y si no cambia, como dicen los dirigentes políticos demócratas, habrá que cambiarlo por la vía democrática, constitucional y pacífica. Se equivocan y tratan de confundir quienes de uno y otro lado afirman que el problema es simplemente económico, de precios, de mercado, de abastecimiento y de colas; para lo que se crea un consejo nacional de dudosa composición que juega a la complicidad. No. El problema es político, es social, es moral y para ello habrá que crear otros consejos, otras comisiones equilibradas y serias, para establecer la verdad, favorecer la justicia y sancionar a todos los que participaron en el saqueo y en la humillación de los venezolanos.
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