Cada vez son más frecuentes las advertencias de Almagro, Secretario General de la OEA con respecto a lo que ocurre en Venezuela. Reiteradas son también las de otros gobernantes, entre las cuales recordamos las de presidentes como Macri de la Argentina, Luis Guillermo Solis de Costa Rica, Manuel Rajoy de España o Manuel Valls Primer Ministro de Francia. Hemos sido testigos de los señalamientos de las cancillerías de Brasil, de Uruguay o Paraguay, también de los reclamos de 35 expresidentes iberoamericanos y premios Nobel de la Paz.
El Art 3 de la Carta Democrática Interamericana, dice:
“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo… y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Mal podría hablarse en Venezuela de “derechos humanos y libertades fundamentales”, cuando el mundo entero reclama la libertad de unas 8 decenas de presos políticos. Las elecciones mal pueden ser una expresión de soberanía popular cuando se tratan de contrarrestar sus resultados con vericuetos como los de la Sala Electoral.
Mal puede hablarse de legitimidad de desempeño cuando el Estado viene desconociendo de manera sistemática -en al menos 17 casos diferentes- los veredictos condenatorios que en su contra emanan de la CIDH. Se trata de veredictos inapelables.
“Le pouvoir arrête le povoir” sostenía Montesquieu. “El poder frena el poder”. Vale aquí preguntarse, ¿está el Poder Judicial frenando al Poder Ejecutivo en el caso de decisiones como la sentencia sin pruebas contra Leopoldo López o la detención de Antonio Ledezma o tantos otros casos?
¿Dónde queda el equilibrio de los poderes cuando los ministros reciben órdenes de no concurrir a una interpelación a la cual están obligados por preceptos constitucionales?
La Asamblea Nacional tomó la decisión de rechazar el Decreto de Emergencia. ¿Cómo podía no hacerlo? El pueblo le dio un claro mandato en las elecciones del 6D. Lo que el Gobierno proponía en ese Decreto no era más que una profundización del modelo que ha llevado al país al desastre. Aprobarlo hubiese sido una cachetada al mandato popular. Hubiese equivalido a inyectarle dosis masivas a Venezuela de la misma bacteria que le está provocando una septicemia.
El gobierno se mantiene aferrado al discurso de que el empobrecimiento sin precedentes de la población es culpa de una guerra económica producto de su calurienta imaginación o a la caída de los precios del petróleo.
Quien esto escribe fue miembro del Directorio de PDVSA cuando los precios petroleros alcanzaron a 7 dólares el barril por allá en 1997. ¿Recuerda alguien que se formaran colas como las que hoy existen en los automercados?
Hoy los precios rondan los 20 dólares. En aquellos tiempos eso hubiese lucido como un sueño dorado. No, no son los precios la única razón de lo que ocurre. Es la aplicación de un modelo que ha llevado a una destrucción profunda del aparato productivo. Es la angustia de que ese modelo lleva a instituciones como el FMI a estimar que en el 2016 la inflación podría superar el 720%.
La crisis, la inflación, la escasez, la inseguridad fueron las causas de la aplastante derrota que sufrió el modelo en las elecciones parlamentarias. Ese fue el verdadero derrotado: el modelo.
Lamentablemente no hemos tocado fondo. La crisis se va a profundizar a una velocidad creciente. Si nada la detiene en su vertiginosa carrera se corre el riesgo de una ruptura del tejido social. En medio de una situación así, bien haría el gobierno en aferrarse a la legitimidad. La misma constituye la única credencial ética para mandar y ser obedecido.
Existe el temor de que cualquier exceso podría enfrentar al gobernante a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana que colocaría al gobierno ante la pérdida final de legitimidad.
La democracia, por definición, es el imperio de las leyes en contraste a la imposición de los hombres. Los pueblos que viven bajo el imperio de las leyes son pueblos libres. Pero cuando las leyes no se utilizan para garantizar las libertades ciudadanas sino para coartar sus derechos, se corre el riesgo de quedar sometidos no al imperio de la ley, sino a la voluntad de un autócrata.
Y todavía algunos se preguntan, ¿con qué se come eso de la legitimidad? La legitimidad es el cemento que mantiene unida a la sociedad. Sin ella el paso siguiente sería una crisis de gobernabilidad, porque si bien el poder legítimo obliga moralmente a la obediencia, el ilegítimo no.
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@josetorohardy
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