Sin perspectiva de acuerdo sobre cómo enfrentar la grave crisis económica de Venezuela, la mayoría opositora en el parlamento se propone acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro, que denuncia un intento de golpe y se aferra a un poder judicial acusado de responder a sus intereses.
Tras casi un mes de haber tomado el control del Legislativo -poniendo fin a 17 años de hegemonía chavista-, la oposición está segura de que el gobierno no “rectificará” un modelo económico que cree “fracasado” y bloqueará sus iniciativas en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que considera plegado al oficialismo.
“Va a rechazar todo lo que proponga la Asamblea”, dijo este viernes el presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, al reiterar que la coalición opositora definirá a más tardar en junio un mecanismo legal para sacar del poder a Maduro, elegido hasta 2019.
“No quiero que esto dure tres años más, así de peor en pésimo. Si tú puedes ponerle remedio a una enfermedad antes de que te produzca la muerte, pues le pones el remedio, parece obvio”, dijo.
“Yo lo veo muy mal(…), al final del período constitucional, a este ritmo, no lo veo llegar”, sostuvo, e insinuó que el chavismo estaría discutiendo una posible renuncia de Maduro.
“El tiempo constitucional para un referendo revocatorio o la enmienda constitucional ha llegado”, declaró Capriles, líder del ala moderada opositora.
Chavismo en amenaza
La perspectiva de un revocatorio luce amenazante para el chavismo, que en las legislativas sufrió su mayor descalabro electoral en 17 años en los que copó todos los espacios de poder.
Para el analista Benigno Alarcón, el tono perentorio de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se debe a que empieza a sentir la presión de un electorado -incluso chavista- que votó por sus candidatos esperando soluciones a la crisis.
“Ha habido conatos de saqueo, protestas en varias ciudades, eso genera mucha presión sobre todos los actores y especialmente en la oposición, que ofreció un cambio”, dijo Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.
La MUD también ha constatado que “la situación es mucho mas grave de lo que en principio se planteó”, y, ante la imposibilidad de generar cambios inmediatos, “las cuentas empiezan a sacarse de forma distinta”, agregó Alarcón.
El referendo se podrá convocar cuando Maduro cumpla la mitad de su mandato el 19 de abril con las firmas del 20% (3,9 millones) del padrón electoral, recolectadas en tres días y con huellas digitales; y para removerlo se requiere un apoyo superior a los 7,5 millones de votos que obtuvo en 2013.
En ese contexto, conversaciones telefónicas entre Ramos Allup y el recién designado vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, no han pasado de ser “contactos efímeros”, según el líder parlamentario.
Con su popularidad duramente golpeada y ante la amenaza de una salida anticipada, Maduro encontró un blindaje en el TSJ, que recientemente ordenó desvincular a tres diputados opositores impugnados por el oficialismo.
Varios magistrados de esa corte fueron elegidos a último momento por la anterior mayoría chavista en la cámara, y podrían jugar un papel clave ante un revocatorio o la enmienda.
“Hay un solo poder, árbitro, que dirima los conflictos y tensiones alrededor de leyes, acciones políticas, del Estado o del pueblo: el Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó este viernes Maduro en el acto de apertura de las actividades del poder judicial.
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