27 DE ENERO 2016 - 12:01 AM
Hay una guerra económica, ¡claro que la hay! Y también hay una emergencia económica en Venezuela, la que se ha producido como consecuencia de dicha guerra.
El gobierno primero, y luego el Estado todo, han declarado y ejecutado una guerra sistemática durante los últimos 15 años contra el sector productivo del país. La guerra a la empresa privada se ha verificado mediante decretos leyes, actos administrativos, leyes, sentencias, todos arbitrarios, inconstitucionales e ilegales, vías de hecho, amenazas, insultos, uso desviado de la justicia, y en general mediante la ejecución de una política económica totalmente contraria a la Constitución para imponer un modelo económico socialista que ella no contempla.
No se trata de una visión socialista de la economía, cuestión que se admite como posibilidad en la economía de mercado, sino de la eliminación del mercado mediante una guerra a la economía basada en la destrucción de la libre competencia y de los derechos elementales del enemigo que este gobierno militarista se ha creado, el particular que produce y comercializa bienes y servicios.
Hasta en la mismísima China comunista hay una política de defensa de la competencia, porque saben que sin empresa privada y libre competencia no hay posibilidad de éxito económico ni bienestar social.
Se empeñaron los líderes de esta revolución sin fin en la destrucción del modelo económico vigente. El declarado modelo socialista, previsto en los programas de planificación económica presentados por el presidente a la Asamblea Nacional –Plan Simón Bolívar (2003) y Plan de la Patria (2013)– es no solo inconstitucional sino contrario a la voluntad del pueblo venezolano.
En efecto, este modelo socialista fue rechazado por el pueblo en el referéndum de 2007 ante la iniciativa presidencial que proponía la reforma de la Constitución para precisamente eliminar el modelo de mercado, el principio de la libre competencia, la libertad de empresa y la propiedad privada.
No importó a quienes a viva voz se decían servidores de la voluntad popular y promotores de la participación ciudadana, que esa misma participación hubiera dicho NO a los cambios propuestos, los impusieron con normas inconstitucionales e ilegales, actos arbitrarios y una guerra sistemática contra el aparato productivo del país, ante el silencio y la complicidad de los otros poderes del Estado, que permitieron el camino de la inconstitucionalidad y el camino del poder autoritario en contra del marco jurídico y la expresa voluntad popular.
Con la ceguera del poder ilimitado siguieron en su guerra económica, a pesar de los fracasos de estos modelos estatistas y de las evidencias negativas del propio país al que se sometía a esta acción destructiva de la empresa privada.
Tenemos sí por ello una situación de emergencia económica, que sin embargo no se soluciona con instrumentos que permitan la continuidad de esta guerra económica sin sentido. La emergencia económica pide a gritos el cese al fuego, el fin del conflicto, la aceptación de los errores y la reconstrucción de un país desolado por la escasez, el hambre, la crisis sanitaria y la inseguridad personal y jurídica.
Sacar la acción militar y policial de la economía y dejar que en libertad se desenvuelvan los agentes del mercado, con el control necesario para corregir las desviaciones que se produzcan, pero en un ambiente de respeto al modelo constitucional de mercado, a la libre empresa, a la defensa de la competencia y a la propiedad privada, y a todos los demás derechos humanos fundamentales y un Estado en que la iniciativa pública se ejerza para una empresa pública basada en el verdadero interés público, la racionalidad y eficiencia del gasto y el cese del falseamiento de la competencia que se produce cuando el Estado compite en áreas de la economía que son o pueden ser servidas por los particulares, y cuando mantiene empresas fracasadas económicamente y que solo a través de la ayuda pública con fondos públicos destinados a perderse se mantienen a flote.
Esta guerra económica del gobierno tiene que llegar a su fin porque es una guerra contra la población civil toda, la que le apoya y la que se le opone, y el discurso del culpable que a otros su culpa achaca ya no cala ni en unos ni en otros.
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