Los 54 procesos judiciales que actualmente pesan sobre periodistas y medios de comunicación surten un efector inhibidor. Los periodistas callan ante la amenaza de ser demandados y tener que enfrentar procesos civiles o penales.
La autocensura vinculada a este tipo de retaliación aumentó en 2015 según revela el más reciente estudio del Instituto de Prensa y Sociedad, denominado Periodismo en Arenas Movedizas.
El documento expone que el 37% de los 227 profesionales de la comunicación (84 personas) que fueron entrevistados guardó silencio por este motivo. En 2014, la cifra sólo alcanzó el 24% de los 225 encuestados.
El silencio por parte del medio es la segunda causa de autocensura, según refirió el 24% de la muestra. El periodista da por sentado que el medio no publicará su investigación o suprimirá los contenidos “incómodos” y prefiere no abordarlos.
A 21% le preocupa la aplicación de las disposiciones sobre difamación e injuria porque, de acuerdo con Ipys, las acusaciones de este tipo se han agudizado en los últimos 3 años.
Sin embargo, las presiones internas en los medios de comunicación permanecen. Las restricciones alcanzan temáticas específicas como la escasez de alimentos e insumos. Un 30% de los entrevistados considera que estos son temas “prohibidos”.
Los hechos de violencia (23%) y la seguridad nacional (19%) también están asociadas a las causas que imponen la censura.
Algunos casos refirieron que las limitaciones fueron tan fuertes que derivaron en renuncias forzosas (10%) o en despidos injustificados (3%).
Un dato curioso es que incluso los grupos de la delincuencia organizada censuran a la prensa (un 6% lo refirió).
Pero el Estado sigue siendo el máximo censor. El poder Ejecutivo se ubica en el primer lugar (24%), le sigue el legislativo (15%), el poder judicial (12%), el poder electoral (6%) y el moral (4%).
Sin datos oficiales
El principal obstáculo para el ejercicio del periodismo sigue siendo el acceso a la información pública. La opacidad de parte de instituciones estatales (68%) y no estatales (22%) se mantiene.
En la consulta el 71% coincidió en que el cierre de las fuentes de información pública es la principal limitante para realizar su trabajo.
Por esta razón, el 97% de los consultados aboga por una Ley de Acceso a la Información Pública y una Ley de Protección de Periodistas.
Estas son las principales propuestas legislativas que el estudio incorpora entre sus recomendaciones.
Foto: Reuters
No comments:
Post a Comment