30 DE ABRIL 2016 - 12:01 AM
La noticia llegó primero a unos pocos antes de que la prensa nacional la hiciera del conocimiento público. Fue algo tan estrambótico como la situación que hoy vive el país. La cobradora inglesa dejó su requerimiento sobre el escritorio de José Salamat Khan, director del Banco Central de Venezuela, conminando a la institución a pagar la suma de 71,4 millones de dólares que se adeudaba a De la Rue Internacional por la elaboración de billetes y papeles de seguridad con que se encuadernan nuestros pasaportes. El monto total de la operación ascendió a 151 millones de dólares, de los cuales solo se habían cancelado 79,6 millones.
La gestión de cobro contenía una amenaza nada velada y al mejor estilo británico: “Debido al tamaño de la deuda, y la naturaleza de nuestra industria, será inevitable que los inversionistas y accionistas deduzcan la identidad del deudor, lo cual creemos podría tener implicaciones importantes en la disposición de la industria en general en suministrar al banco y la habilidad del banco de obtener billetes en el futuro”. La reducción del nivel de las reservas internacionales en los días siguientes fue el inevitable corolario de la trama bufa.
Con una soga en la garganta, se pagan los compromisos adquiridos sin una planificación oportuna; y se hace eso sacrificando la urgente necesidad de alimentos y medicinas que tiene la población.
Fui funcionario de carrera en el instituto emisor por casi tres décadas y conozco en detalle su historia, desde el momento de su creación. Nunca antes el BCV había sido conminado a pagar una deuda adquirida. Mucho menos llegó a recibir una amenaza con el sutil ropaje de la humillación y el insulto. Es que el mapurite sabe a quién le expele sus ofensivas ventosidades.
El hecho pone de manifiesto la falta de planificación y la manera alegre con que se manejan las funciones esenciales del ente emisor. Eso precisamente es lo que conduce, de modo inevitable, a actuar como mala paga, lo que lleva a su vez al ineludible deterioro de la imagen de un organismo que hasta la ocupación chavista, comandada inicialmente por Diego Luis Castellanos y su brujo experto en macumbas y legalidades sinuosas, se había caracterizado por su elevada capacidad técnica y su autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia.
Las autoridades del BCV deberían explicar a los venezolanos dos cosas. En primer lugar, la justificación para haber realizado esa contratación con De La Rue International, así como con otras fábricas extranjeras, cuando dicha tarea pudo haber sido realizada a menor costo por la Casa de la Moneda de Venezuela (CMV), creando turnos adicionales de trabajo, algo que es común en otras casas de moneda y fabricantes de billetes. Y en segundo término, las razones por las cuales no se aprobó con anterioridad un nuevo cono monetario con denominaciones de 10.000, 20.000 y hasta 50.000 bolívares, en cuenta de que la creciente emisión inorgánica de dinero que desde hace varios años ha venido autorizando el directorio del BCV (por la vía de préstamos a la quebrada Petróleos de Venezuela y que a la fecha se remonta a la bicoca de 918 millardos de bolívares), hacía prever una creciente inflación y una mayor demanda de especies monetarias por parte del público.
Para los expertos y conocedores del tema es profecía cumplida que la flamante emisión de los billetes de 500 y 1.000 bolívares, que todavía no han entrado en circulación porque están en pleno proceso de elaboración, tendrán un impacto similar al de una gota de agua en el desierto. Ni que hablar sobre el costo de esa decisión nonata que involucra a varias empresas (extranjeras) del ramo.
Lo absurdo de la situación que ahora confronta el BCV se patentiza aún más por el hecho de que el costo de la construcción y equipamiento de nuestra fábrica de monedas, billetes y especies valoradas, incluido el precio de los terrenos donde ella opera en la ciudad de Maracay y otros conceptos remanentes, fue de 71.000 millones de bolívares (alrededor 200 millones de dólares), mientras que los compromisos adquiridos con tan solo De La Rue Internacional, por una operación puntual, alcanza a más de 75% de ese costo. De modo que si al monto pagado a la industria inglesa se agrega lo que se cancelará a los diferentes fabricantes de los nuevos billetes que ya fueron contratados, podríamos estar hablando de un monto equivalente a varias veces el costo del montaje de la CMV. ¡Qué locura!
Es importante que se sepa que una de las premisas que se tuvo en cuenta para acometer el proyecto de nuestra fábrica fue el ahorro de divisas para el país. De modo que volver al esquema de las contrataciones en el exterior sin potenciar al máximo posible la producción interna de la CMV, nos hace pensar, como el soldado Marcelo, personaje del clásico drama Hamlet, príncipe de Dinamarca, de William Shakespeare, que “Something is rotten in the state of Denmark” (“Hay algo podrido en el estado de Dinamarca”).
Francisco de Miranda lo manifestó con elocuencia al momento de ser apresado, a raíz de la caída de la Primera República: “Bochinche, bochinche: esta gente no sabe hacer sino bochinche”. Después de sus lapidarias palabras, el ilustre Precursor siguió en silencio a sus enemigos. La anécdota me conduce a concluir con la siguiente pregunta: ¿el contralor general de la República investigará el desaguisado de las autoridades del BCV o tan solo se limitará a seguir en silencio a sus compañeros y camaradas de la esquina de Carmelitas?
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