24 DE ABRIL 2016 - 12:01 AM
Esa es la tragedia que vive Venezuela. Las ambiciones de Nicolás Maduro y del régimen chavista de permanecer eternamente en el poder y los desastrosos resultados de su gobierno han generado un creciente e incontrolable grado de tensión social y anarquía, que puede conducir a nuestro país a un fatal desenlace, con un elevado costo en pérdidas humanas y materiales. Los síntomas de esta angustiante situación están a la vista: saqueos de supermercados y transportes de alimentos, creciente descontento por el incremento del costo del pasaje, prolongadas suspensiones del servicio de electricidad y agua en amplios sectores populares y de clase media, permanentes enfrentamientos entre bandas delictivas fuertemente armadas contra organismos y efectivos policiales y militares, un escandaloso saldo de víctimas de la violencia criminal, total pérdida de la autoridad y control en los centros penitenciarios, ausencia de la autoridad del Estado en amplios espacios nacionales; y lo más grave, una absoluta impunidad ante la ley, a causa de la partidización y corrupción del Poder Judicial.
El general Vladimir Padrino López ha emitido, en medio del rechazo y la insatisfacción de los venezolanos, un instructivo ministerial mediante el cual ordena a toda la Fuerza Armada Nacional la ejecución de un programa especial de entrenamiento para atender alteraciones del orden público. A este respecto es oportuno recordar que el artículo 328 constitucional establece que la Fuerza Armada Nacional cooperará en el mantenimiento del orden interno, concepto diferente al del orden público, el cual le corresponde ejercerlo exclusivamente a la autoridad civil, según lo establece el artículo 332 constitucional. En consecuencia, lo primero que debería hacer el general Padrino López es proponer la restitución a la Policía Nacional, a las policías regionales y municipales de sus capacidades operativas y funcionales, las cuales les fueron cercenadas de manera arbitraria y caprichosa dejándolas a merced de la delincuencia, y con graves limitaciones para cumplir sus responsabilidades. De esta manera, evitaría un empleo de la FAN inconveniente y prematuro.
Creo necesario definir y diferenciar doctrinariamente los conceptos de defensa militar, orden interno y orden público para poder emitir una opinión sobre dicho instructivo. La defensa militar está referida al empleo de la FAN para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, ante cualquier agresión externa. El orden interno se refiere a la estabilidad de las instituciones. La FAN, de acuerdo con la Constitución de 1999, solo podría ser empleada cuando dicha estabilidad se vea amenazada por factores que rebasen la capacidad de los organismos civiles de seguridad. El orden público y su preservación corresponden exclusivamente a los organismos civiles de seguridad, los cuales actúan para proteger a los ciudadanos, apoyar las decisiones de la autoridad competente y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales. Es verdad que la Guardia Nacional ha sido utilizada tradicionalmente en operaciones de mantenimiento del orden público, pero a partir de la aprobación de la Constitución de 1999, el artículo 332 exime taxativamente a la FAN de esa función. Definitivamente, el instructivo ministerial no tiene justificación.
Estos planteamientos teóricos son intrascendentes ante la realidad que enfrenta Venezuela. El ministro de la Defensa, los altos mandos y los cuadros de la Fuerza Armada Nacional deben haber evaluado, con verdadera preocupación, el proceso de creciente anarquía que enfrenta nuestra sociedad. No tengo duda en afirmar que la situación es de tal gravedad que podemos estar a las puertas de un proceso de violencia que comprometería la paz y la estabilidad institucional de la República. Ustedes deben conocer, con absoluta certeza, que la situación nacional no tiene ninguna posibilidad de solución mientras permanezca en el poder Nicolás Maduro y el actual régimen político. La Fuerza Armada Nacional debería actuar como un factor de poder y convencer institucionalmente al gobierno nacional para que acepte aplicar la alternativa constitucional del referéndum revocatorio este año, a objeto de que sean los venezolanos quienes decidan el destino del país. De no lograrlo, tendrán la trágica obligación de tener que enfrentar los estallidos de violencia y responsabilizarse por la inmensa represión que deberán aplicar. Recuerden los dolorosos acontecimientos del 27 de febrero de 1989.
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