Los gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron este miércoles un acuerdo que permitirá intercambiar información financiera entre ambos países, informó el Ministerio de Economía y Finanzas panameño. AFP
“Panamá sigue avanzando en materia de transparencia financiera y fiscal, promoviendo la cooperación global en materia del combate a la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
“Panamá sigue avanzando en materia de transparencia financiera y fiscal, promoviendo la cooperación global en materia del combate a la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.
Este acuerdo bilateral constituye el instrumento legal para el intercambio automático de información financiera entre ambos países y permite a Estados Unidos la aplicación de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés).
Dicha ley autoriza a las autoridades norteamericanas a controlar a sus ciudadanos que cuentan con depósitos de dinero e inversiones en el extranjero, con el fin de evitar la evasión de sus obligaciones fiscales.
Según un comunicado, en la firma del acuerdo participaron De la Guardia y el embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley.
El convenio se concreta en momentos en que el sistema financiero panameño es cuestionado internacionalmente tras el escándalo de los “Panama Papers” (Papeles de Panamá), una serie de filtraciones a la prensa que revelan como personalidades de todo el mundo crearon sociedades opacas, presuntamente para evadir impuestos, a través de una empresa de abogados panameños.
Tras esas publicaciones, Francia incluyó a Panamá en una lista de paraísos fiscales, mientras que directivos de la OCDE acusaron al país centroamericano de tener una legislación permisiva con la evasión fiscal.
Por su parte, el gobierno panameño manifestó que seguirá realizando reformas en su sitema financiero para lograr un mayor combate contra el blanqueo de capitales, pero al ritmo que el país considere adecuado.
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