27 DE ABRIL 2016 - 12:01 AM
-“Diputados de la Mesa de la Unidad Democrática se encadenaron en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral” (CNE), a fin de exigir la entrega de planillas para iniciar la convocatoria del referéndum revocatorio del mandato del presidente de la República, conforme lo permiten los artículos 72 y 233 de la Constitución (El Nacional 21 de abril 2016).
-Presidente Maduro, en discurso pronunciado el día 22 de abril de 2016, expresó: “Nadie va a tomar el poder político en este país para entregarle la patria a la oligarquía y al imperialismo. El que busque violencia va a encontrar el camino a la cárcel, llámese diputado o como se llame” (El País, 24 de abril de 2016).
-También previamente había el mandatario advertido: “¿El pueblo va a permitir que la oligarquía, que ganó la Asamblea Nacional por la confusión de un sector de nuestro pueblo, tome el poder político en Miraflores?
“Para eso es que nos estamos preparando, para no permitirlo ni por una vía ni por la otra, ni por las buenas ni por las malas”. (El Tiempo, 16 de febrero de 2016).
Tal y como lo señaló el presidente, por las malas: efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) “desalojaron a la fuerza a los diputados que se encontraban dentro de las instalaciones del CNE” (El Impulso 22 de abril de 2016).
También por las malas, los periodistas que cubrían la noticia fueron desalojados por la autoridad militar y policial y denunciaron haber sido objetos de golpes y empujones. “La periodista Mildred Manrique fue ingresada en silla de ruedas a una clínica luego de ser agredida cuando se encontraba cubriendo la actividad que realizaron varios diputados de la Asamblea Nacional. Varios periodistas de distintos medios de comunicación resultaron heridos presuntamente por funcionarios de la Guardia Nacional…” (El Impulso 21 de abril de 2016).
No muy por las buenas debe entenderse lo informado por la rectora del CNE sobre que el organismo estaría estudiando ejercer acciones legales contra los diputados opositores que se encadenaron el jueves en las instalaciones del Poder Electoral, así como la parte del comunicado en el cual se señaló que el acto de encadenarse para pedir una actuación debida del órgano “constituye de manera definitiva una violación a la institucionalidad democrática y al poder constituido en Venezuela” y configura y un chantaje. La formalidad de aludir a acciones legales e invocar un supuesto delito frente a la exigencia de una actuación en el ámbito de sus competencias no hace buena la respuesta dada por la autoridad electoral.
Por las buenas lo cierto es que el CNE ha debido abrir el procedimiento electoral a fin de facilitar la ejecución de un referéndum que la Constitución prevé, porque la violación de la institucionalidad democrática es precisamente lo contrario, es decir, el tratar de impedirlo por las malas. Por las buenas solo el pueblo puede impedir la revocatoria del mandato que se plantee vía referéndum. No se trata de estar o no de acuerdo con la convocatoria de un referéndum ni de si esta forma de protesta política es la adecuada, se trata, en derecho, de que el revocatorio está previsto en la Constitución y que los órganos del Estado deben cumplir con sus competencias y facilitar los procedimientos que, como este, son un instrumento legítimo para canalizar la voluntad del cuerpo electoral.
El mundo al revés es calificar de chantaje la exigencia de que un poder del Estado cumpla sus competencias. El mundo al revés es amenazar con acciones legales a quienes instan la acción de una autoridad para el cumplimiento de sus competencias. El mundo al revés es acusar de agresores a los agredidos.
Y en este mundo al revés, también caben las declaraciones del defensor del pueblo en las que, si bien rechaza los hechos de violencia en los cuales los periodistas resultaron agredidos, en lugar de referirse en igual sentido respecto de la represión policial y militar ante la acción política de estos parlamentario, expresó sin fórmula de juicio su condena respecto de estos, sentenciando que “en los actos de violencia ocurridos el día jueves en la sede del CNE se ven parlamentarios golpeando a trabajadores del CNE”. (El Nacional, 22 de abril de 2016).
La institucionalidad democrática consiste precisamente en que las instituciones se ajusten a sus competencias constitucionales y legales y no se conviertan en jueces y ejecutores de la parcialidad política del gobierno de turno.
Tal confusión hoy generalizada desde las instancias del poder controladas por un grupo político, con excepción del Parlamento que no lo está –según las palabras presidenciales– por la confusión del pueblo, es también palpable en las recientes declaraciones del ministro de la Defensa en el programa de entrevistas de José Vicente Rangel en Televen del día 24 de abril de 2016, en el cual afirmara que la Fuerza Armada está para hacer “el acompañamiento a las políticas del Estado”, cuando las políticas del Estado son, precisamente, manifestación de una tendencia política, la que se encuentra en el gobierno a la que no puede supeditarse la acción militar, la cual debe estar sólo dirigida a “garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico”, y en el cumplimiento de sus funciones, esta Fuerza Armada “está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” (artículo 328 de la Constitución).
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