23 DE ABRIL 2016 - 12:01 AM
Una gran turbulencia han levantado en Colombia las afirmaciones de algunos medios de comunicación, como la revista británica The Economist, sobre la fortuna que eventualmente manejaría el grupo guerrillero en proceso de negociación de la paz del país vecino.
Otros medios también se han adelantado a señalar las cifras de ingresos que los guerrilleros obtendrían anualmente del negocio de la droga. Insight Crime es una de las que afirma que un monto cercano a los 200 millones de dólares les quedaría cada año a los guerrilleros del manejo del negocio de la droga. La revista británica también da por correctos los más de 10.000 millones de dólares que las FARC manejaban patrimonialmente a inicios de esta década.
El vocero de los alzados en armas asegura, mientras tanto, que las FARC son pobres de solemnidad mientras siguen apareciendo, en países del continente, importantes trazas inmobiliarias que vendrían quedando de los fondos manejados por la organización. Esta publicación afirma que “los analistas financieros piensan que buena parte de los fondos de origen criminal de las FARC han sido invertidos en Colombia, en compañías de transporte, propiedades rurales y hasta en el mercado de valores. Parte de ello posiblemente ha sido enviado al exterior a países como Costa Rica, Venezuela, Ecuador y Panamá”.
Sin duda que las finanzas de la organización guerrillera es una ciencia inexacta y nebulosa, pero numerosas publicaciones han investigado el tema e instituciones privadas como el Consejo para las Relaciones Externas de Estados Unidos le han dedicado talento a acercarse a sus números.
Hace apenas 7 años el gobierno americano reportó que más de 50% de la cocaína exportada a Estados Unidas venía de la organización de las FARC en Colombia cuando identificó muchos de sus actores, y en alguna ocasión el ministro Juan Carlos Pinzón se refirió la masa manejada por las FARC en 3.500 millones de dólares.
La pregunta a responder es la de lo que ocurrirá con los capitales provenientes de todas las actividades criminales manejados por los irregulares una vez que la paz haya sido acordada, hacia dónde se dirigirán las investigaciones formales del gobierno y cuál será el destino de los capitales incautados, si ello ocurriera.
Dice The Economist en su entrega de la semana pasada que el costo de la implementación de cualquier acuerdo de paz, lo que incluiría el desmontaje de la red de minas y la reparación de infraestructura, debe estar en el rango de 15.000 millones a 30.000 millones de dólares en la próxima década. “La fortuna escondida de las FARC debería pagar una tajada grande de estos requerimientos”, asegura el semanario.
¿Cuánto de esto se está ventilando en La Habana?
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¿Qué es lo que hace que el ánimo de Juan Manuel Santos no se doblegue ante todas las adversidades que rodean el proceso de paz liderado por él? ¿Qué saben él y el conjunto de profesionales que lo rodean en esta tarea que no conseguimos ver los observadores de unas negociaciones que aparecen torcidas por todos los lados y que mantienen en un rango tan bajo la favorabilidad del presidente de Colombia?
Alguien con buen tino hacía referencia al hecho de que dentro del electorado de su país el presidente se va acercando, a pasos acelerados, a un índice de aceptación cercano al de las FARC, que, por fortuna, solo alcanza 3%. Pero su tenacidad sigue siendo proverbial.
Se pregunta uno si es políticamente correcto, jurídicamente válido y moralmente sostenible que un gobernante con un apoyo popular tan exiguo, como el que alcanza hoy el presidente de Colombia, enarbole una bandera tan determinante para el futuro de su país y se empeñe en conseguir sus propuestas a troche y moche y en rediseñar una nueva sociedad que incorpore a los criminales, sin la manifiesta aprobación de sus connacionales. Las últimas encuestas estiman que el índice de apoyo del mandatario es cercano a 11%.
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