30 DE ABRIL 2016 - 12:01 AM
Como se sabe está en la agenda política nacional e internacional el tema de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante la situación que vive nuestro país actualmente.
No se trata aquí de hacer un análisis jurídico de tales o cuales artículos que son los que disponen los requisitos y vericuetos legales que hay que tener en cuenta para lograr la invocación colectiva internacional de este instrumento y –más importante aun– la efectiva implementación de sus consecuencias. En definitiva, la historia pasada y reciente demuestra la inutilidad de la pretensión de encasillar una situación política grave solamente dentro del ropaje de lo meramente legal como sería lo deseable o como es en el esquema mental que prevalece en Estados Unidos o en Suiza, donde se entiende que el cumplimiento de lo legal sin desvíos ni excepciones en cada caso particular es la base para la efectiva vigencia del Estado de Derecho. Pero… “no somos suizos”, como en su momento afirmó con acierto y picardía el recordado Manuelito Peñalver.
Nadie puede dudar que en Venezuela la democracia y la Constitución han sido asesinadas de una y mil maneras. Nadie puede argumentar que los horrores que se generan –a velocidad exprés– en la Sala Constitucional del TSJ (¡irónica denominación!) son genuinas rupturas del “orden constitucional”. Esa ruptura existe no solo cuando militares o civiles dan un manotazo al Ejecutivo sino que también se da cuando otros actores logran atropellar los más elementales principios de un sistema democrático.
Como es de suponer, de inmediato se alinean dos bandos: el primero, el del gobierno que sale a vociferar que la comunidad internacional está cometiendo “injerencia” como vociferan la pobre Delcy, Tarek, la fiscal y otros. El segundo bando es el de los que creemos que la Carta Democrática se hizo justamente para que cuando no se puede defender la democracia desde adentro, pues, entonces vengan los de afuera a exigirlo. Ud., lector, ¿se quedaría tranquilito en su casa viendo televisión mientras escucha gritos desesperados en casa de su vecino que está cayéndole a palos o puñaladas a la esposa o hijos? Justamente para eso es la Carta Democrática, para intervenir cuando una situación excepcional lo amerite.
La Carta, habiendo sido un gran avance a la hora de su suscripción en septiembre de 2001, fue y es el producto de compromisos entre distintas visiones acerca del papel de la comunidad internacional en la vida interna de los países y ella ha venido evolucionando en documentos posteriores en el mismo ámbito continental (Mercosur, etc.) para mejorar el mecanismo de defensa de la democracia, pero ello transcurre con desalentadora lentitud por la evidente razón de que la Carta está concebida para ser invocada por los gobiernos y suelen ser precisamente ellos los que comprometen la democracia y las libertades. Es por eso que en casi todos los casos la intervención colectiva se requiere de la autorización del gobierno en tela de juicio. ¡Es como pedirle permiso al imputado para abrir una investigación! De allí que comience a emerger la idea de que la Carta Democrática debe ser de los pueblos que en definitiva son los que sufren y pagan los platos rotos y no los gobiernos.
En todo caso, si hay injerencia como repite cual cassette la pobre señora canciller Delcy Rodríguez, la misma se ha generalizado bastante: Estados Unidos, España, Canadá, Italia, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Costa Rica, México y pare usted de contar ya han emitido opiniones y/o exhortaciones. ¿Será que el mundo entero tiene montado un complot contra la “revolución bolivariana” o será que la “guerra económica” da para financiar todo aquello “en contra del pueblo de Bolívar”?
El tema está entrando en estos días al debate en la OEA donde el representante de Venezuela, Bernardo Álvarez, se ha permitido amenazar al secretario general Almagro con solicitar su destitución por recibir a representantes de la oposición venezolana y por expresar sin tapujos su opinión favorable a la aplicación de la Carta, muy distinto al acomodo alcahuete de su predecesor Insulza o de la actitud tarifada del secretario de Unasur, el impresentable Ernesto Samper, cuyas ejecutorias y curriculum no parecen aptas como aval para sus opiniones.
En pocos días veremos cómo se desarrolla la cosa en la OEA. Es probable que a lo mejor no se consigan los dos tercios de votos necesarios para reprender al gobierno venezolano (no a Venezuela como país). Allí se verá quién es quién a la hora de las chiquitas. ¿Funcionará el “culillo” que otrora arropó a los caribeños beneficiarios de las dádivas del difunto a través de Petrocaribe y otros mecanismos “confidenciales”? ¿Funcionará el pragmatismo de los que no quieren meterse en zaperocos ajenos? ¿Habrá los que se abstienen “por si acaso”? Naturalmente, veremos la solidaridad automática de los socios del ALBA, aunque es posible que con distintos grados de entusiasmo. ¿Habrá los que se jueguen por los principios, especialmente si les conviene? En fin… pase o no pase la iniciativa por los filtros de la intrincada diplomacia internacional sí es posible que algunos votos muy significativos por su peso específico dejen una señal clara de que la democracia y las libertades están en riesgo en Venezuela. Es cierto que el voto de Estados Unidos vale tanto como el de Antigua & Barbuda o Dominica (cuyas poblaciones son mucho menores que la de Baruta) pero nadie puede dejar de reconocer que el voto de Estados Unidos, Canadá, México y a lo mejor Argentina, Chile, Perú y –dependiendo de como amanezca el voluble Santos– Colombia representarían un serio golpe para Miraflores.
¿Eso va a hacer reaparecer la harina precocida, las divisas o la leche? No, pero… sabremos con mayor certeza quiénes son nuestros amigos y quiénes no, lo cual a algunos –como a este opinador– les importa bastante.
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