22 DE JUNIO 2016 - 12:01 AM
Trabajadores del Seniat, la PNB, el magisterio, Pdvsa, el Cicpc, el gremio médico, la banca pública, los ministerios y empleados públicos en general denuncian persecución, presiones y amenazas contra su estabilidad laboral por haber firmado para solicitar el revocatorio.
Hace un par de semanas las presiones eran para que retiraran la firma durante el lapso abierto por el CNE para tal fin. Ese tiempo venció el viernes 17 y solo 5.537 personas de un total de 1,3 millones la retiraron. Ahora que comenzó la validación de las rúbricas para activar el mecanismo constitucional el acoso pretende que no participen en ese proceso, denunciaron voceros consultados.
Fentrasep ha recibido 200 quejas confidenciales, dijo el directivo Servando Carbone. Acotó que en la marcha oficialista de ayer instruyeron a los empleados públicos a mostrar a mano alzada su planilla de retiro de la firma emitida por el CNE.
Pablo Zambrano, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, dijo que en ese sector hay temor “por las declaraciones intimidantes de personeros del gobierno en los medios de comunicación”. Admitió que algunos han retirado su firma por esa causa.
Luis Rojas, sindicalista del magisterio, alertó que la jefe de la zona educativa de Trujillo exigió a los docentes no validar la firma y no traicionar el proceso revolucionario.
En Táchira la situación no es diferente. El presidente de la Federación Nacional de Maestros en ese estado, Ildemaro Useche, acusó a supervisores y directivos en cargos temporales de actuar como operadores políticos: “A los maestros se les dice que si validan la firma van a ser botados, a otros los amenazan con suspensión de salarios y a los que protege la ley por su condición de fijos les dicen que les aplicarían traslados inconsultos”.
Juan Véliz, del sindicato de la Cantv, denunció presiones en esa empresa y en Movilnet, aunque admitió que el personal contratado es el más vulnerable.
Una fuente del sector policial que pidió no ser identificada aseguró que 239 funcionarios del Cicpc fueron llamados por sus jefes inmediatos para llevar la constancia de retiro de la firma a la inspectoría general de ese organismo.
José Bodas, de la Federación Única de Trabajadores Petroleros, informó que los jefes y coordinadores de áreas de Pdvsa amedrentan a los empleados para que no validen sus rúbricas. “Antes de la recolección de las firmas del revocatorio amenazaban a los trabajadores con despidos y otras sanciones para que no firmaran”, indicó Bodas.
Marino Alvarado, defensor de derechos humanos, precisó que le han llegado 70 denuncias procedentes de varios organismos públicos.
Un despido. La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional activó recientemente un correo electrónico (apoyociudadanomud@gmail.com) y una línea telefónica (0212-4096602) para recibir denuncias de acoso contra trabajadores por causa de su firma para el revocatorio.
“Yo sola he recibido alrededor de 100 denuncias de trabajadores del Seniat y de la PNB”, dijo la presidente de esa instancia parlamentaria, Delsa Solórzano (MUD). Informó que hasta el momento solo tienen confirmado un despido por esa causa y que el resto son amenazas, por ahora, pero que igualmente serán presentadas ante la inspectoría del trabajo y la Defensoría del Pueblo.
El diputado Juan Guaidó (MUD) les recordó a los jefes y supervisores que ejecutan instrucciones de amedrentamiento que violan derechos humanos, y que ese tipo de delito no prescribe.
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