JUAN CARLOS PÉREZ-TORIBIO | EL UNIVERSAL
sábado 14 de julio de 2012 04:37 PM
Me hubiera gustado comentar este sábado la importancia que ha ido adquiriendo el deporte y también algunos eventos desafortunados que tienen lugar en ese ambiente, como las peligrosas malcriadeces de Maldonado, los recientes insultos de Mourinho a una ciudadana catalana, o la reacción de algunos alemanes ante el papel que hizo su selección de fútbol en la Eurocopa, achacando la pérdida de ésta a que sus jugadores de ascendencia turca y tunecina no cantaron a voz en cuello el himno teutón. Pero la campaña presidencial ya comenzó y si antes era difícil sustraerse a la política nacional ahora es casi imposible. Creo que fue Robert Dahl el que dijo que si había algo peor que no preocuparse de la política era sólo preocuparse de la política; y no le faltaba razón, como podemos dar fe quienes hemos estado sometidos a este proceso político durante ya catorce largos años.
Sugerí en mi columna pasada que iba a hacer muy difícil que el candidato del gobierno le sustrajera el cuerpo al debate presidencial; que quien había hecho de la palabra su principal arma al fin no aguantaría la tentación de debatir públicamente con su oponente. Pues bien, esta semana, aunque ha dicho que no debatirá con la "nada", el mismo presidente inexplicablemente (si atendemos a su estrategia política) le ha dado más aliento al tema. Lo novedoso, sin embargo, es que Capriles ha exigido además ciertas condiciones para que las elecciones sean "libres" y "justas", como, por ejemplo, que se reduzcan las cadenas o no se utilicen con fines propagandísticos. El Presidente ha argumentado a su vez que la Constitución le da el derecho de hacer esas cadenas cuantas veces él lo desee.
Aunque no soy muy ducho en estos menesteres no creo que la Constitución le otorgue ese derecho. Hasta donde yo sé es la Ley Resorte la que habla de ello y, siempre, con ciertas limitaciones (como, por ejemplo, el artículo 10 cuando habla de la prohibición de hacer propaganda electoral en esos espacios), ya que la Constitución sólo expresa ambiguamente en el artículo 143 el derecho que tenemos los ciudadanos a ser informados veraz y oportunamente por la administración pública de todas sus actuaciones.
En todo caso , lo que se trata de averiguar es si debemos aceptar la ley cuando es ésta manifiestamente injusta; si las leyes por el hecho de ser elaboradas por un Parlamento o, en su defecto, por una Asamblea Constituyente son de por sí justas; si el entramado judicial , por el hecho de serlo, es justo por sí mismo; y si, en definitiva, se puede hablar de justicia o no fuera o al margen de la ley, a lo cual se opusieron en su momento ciertos pensadores políticos (como Hobbes, por ejemplo).
Sabemos que ciertos regímenes se han valido de la legalidad para imponerse (el caso de los famosos "juristas del horror" nazis, ya tratados en este mismo espacio), pero también que si las leyes fueran justas sin más no se explicarían las constantes modificaciones que se hacen a los diferentes ordenamientos jurídicos. Si en un régimen político no somos todos iguales ante la ley y no se respeta el principio de igualdad política (o de imparcialidad, como diría Rawls); o si en dicho régimen las decisiones que tome la mayoría violentan los derechos de las minorías, seguramente estaremos muy lejos de considerar dicho régimen como democrático.
Para terminar, simple y llanamente no es "justo" que las cadenas de radio y televisión, así como la cantidad ingente de medios que posee el Estado, se usen para que el candidato oficialista apabulle a su contrario, por mucho que la ley diga lo que diga. Si el candidato López Obrador se queja de que las elecciones en México deben ser anuladas porque no han sido limpias ni justas (pues según él sus oponentes habrían pagado por gran cantidad de votos), ¿qué podremos decir nosotros al final de estos tres meses de campaña?
Sugerí en mi columna pasada que iba a hacer muy difícil que el candidato del gobierno le sustrajera el cuerpo al debate presidencial; que quien había hecho de la palabra su principal arma al fin no aguantaría la tentación de debatir públicamente con su oponente. Pues bien, esta semana, aunque ha dicho que no debatirá con la "nada", el mismo presidente inexplicablemente (si atendemos a su estrategia política) le ha dado más aliento al tema. Lo novedoso, sin embargo, es que Capriles ha exigido además ciertas condiciones para que las elecciones sean "libres" y "justas", como, por ejemplo, que se reduzcan las cadenas o no se utilicen con fines propagandísticos. El Presidente ha argumentado a su vez que la Constitución le da el derecho de hacer esas cadenas cuantas veces él lo desee.
Aunque no soy muy ducho en estos menesteres no creo que la Constitución le otorgue ese derecho. Hasta donde yo sé es la Ley Resorte la que habla de ello y, siempre, con ciertas limitaciones (como, por ejemplo, el artículo 10 cuando habla de la prohibición de hacer propaganda electoral en esos espacios), ya que la Constitución sólo expresa ambiguamente en el artículo 143 el derecho que tenemos los ciudadanos a ser informados veraz y oportunamente por la administración pública de todas sus actuaciones.
En todo caso , lo que se trata de averiguar es si debemos aceptar la ley cuando es ésta manifiestamente injusta; si las leyes por el hecho de ser elaboradas por un Parlamento o, en su defecto, por una Asamblea Constituyente son de por sí justas; si el entramado judicial , por el hecho de serlo, es justo por sí mismo; y si, en definitiva, se puede hablar de justicia o no fuera o al margen de la ley, a lo cual se opusieron en su momento ciertos pensadores políticos (como Hobbes, por ejemplo).
Sabemos que ciertos regímenes se han valido de la legalidad para imponerse (el caso de los famosos "juristas del horror" nazis, ya tratados en este mismo espacio), pero también que si las leyes fueran justas sin más no se explicarían las constantes modificaciones que se hacen a los diferentes ordenamientos jurídicos. Si en un régimen político no somos todos iguales ante la ley y no se respeta el principio de igualdad política (o de imparcialidad, como diría Rawls); o si en dicho régimen las decisiones que tome la mayoría violentan los derechos de las minorías, seguramente estaremos muy lejos de considerar dicho régimen como democrático.
Para terminar, simple y llanamente no es "justo" que las cadenas de radio y televisión, así como la cantidad ingente de medios que posee el Estado, se usen para que el candidato oficialista apabulle a su contrario, por mucho que la ley diga lo que diga. Si el candidato López Obrador se queja de que las elecciones en México deben ser anuladas porque no han sido limpias ni justas (pues según él sus oponentes habrían pagado por gran cantidad de votos), ¿qué podremos decir nosotros al final de estos tres meses de campaña?
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