Thor Halvorsen
Siete países con antecedentes particularmente lamentables en materia de derechos humanos fueron elegidos al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Miércoles 14 Noviembre 2012
Hoy es un buen día para líderes intolerantes como Hugo Chávez y Nusultan Nazarbayev, ya que siete países con antecedentes particularmente lamentables en materia de derechos humanos fueron elegidos al Consejo de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU: Etiopía, Gabón, Costa de Marfil, Kazajistán, Pakistán, los Emiratos Árabes y Venezuela.
El Consejo de DDHH de la ONU fue fundado en 2006 en respuesta al rechazo unánime de parte de los países democráticos que llegó a enfrentar la extinta Comisión de Derechos Humanos por incluir en sus filas a reconocidos violadores de derechos humanos. A lo largo de varias décadas, la Comisión jugó un papel muy activo en la erosión de los derechos humanos al proveer abrigo diplomático a los peores tiranos. El éxito con el cual gobiernos abusadores de derechos humanos usaban sus puestos en la Comisión para evitar presiones de reforma se convirtió en uno de los juegos más cínicos de la política internacional.En ese momento, el Secretario General Kofi Annan admitió que la “decreciente credibilidad” de la Comisión “había ensombrecido la reputación del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. A menos que reconstruyamos nuestra maquinaria de derechos humanos, seremos incapaces de renovar la confianza pública en la ONU como institución.” Su consejo de “eliminar y reemplazar” la Comisión fue escuchado. El nuevo Consejo sería distinto; solo serían electos países que “mantuvieran los estándares más altos en cuanto a la promoción y protección de los derechos humanos.” Serviría para corregir todos los males de la vieja Comisión. Desafortunadamente, las elecciones de hoy parecen indicar un fracaso rotundo. El Consejo es el mismo vino malo en una botella nueva. Tomemos por ejemplo tres de los países con antecedentes dudosos en derechos humanos que fueron elegidos hoy: Venezuela, Kazajistán y Pakistán.
El gobierno de Venezuela ha cometido violaciones de derechos humanos de manera continua. Los encarcelamientos y juicios penales a individuos que expresen opiniones opuestas al gobierno son comunes. La libertad de prensa está bajo ataque, mientras el régimen expande su hegemonía comunicacional. El Estado ha aprobado leyes que criminalizan la crítica legítima a funcionarios gubernamentales, desconociendo los principios de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad gubernamental. Adicionalmente, el gobierno venezolano ha ignorado de manera constante muchas recomendaciones emanadas de otros países miembros de la ONU. Por ejemplo, recomendaciones provenientes de Noruega, Suiza, el Reino Unido y la Republica Checa para mejorar las graves condiciones de las cárceles venezolanas han sido rechazadas. Venezuela ha fracasado en cumplir sus obligaciones internacionales en cuanto a la libertad de expresión, y, hasta el momento, no ha respetado ni una decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el cual ha dictaminado la ilegalidad de las detenciones de muchos presos políticos venezolanos.
Igualmente problemático es el continuo apoyo del Presidente Hugo Chávez a varios de los grandes violadores de derechos humanos del mundo: Vladimir Putin en Rusia, Fidel Castro en Cuba, Alexander Lukashenko en Bielorrusia, Bashar al-Assad en Siria, Muammar al-Qaddafi en Libia, Saddam Hussein en Irak, Mahmoud Ahmadinejad en Irán y Robert Mugabe en Zimbabue. El caudillo venezolano se refiere a estos hombres como sus “hermanos”. Es difícil que el gobierno de Venezuela pueda hablar objetivamente sobre las violaciones de derechos humanos de líderes que son considerados amigos y aliados, con quienes comparte métodos de persecución totalitarios, y a quienes, además, ha comprado millones de dólares en armamento.
Kazajistán es otro país con una larga lista de abuso a los derechos humanos por parte del gobierno. El régimen controla el derecho a la libre asociación y es común que se rechacen solicitudes para realizar cualquier tipo de manifestación pública con fines políticos. Las autoridades usan frecuentemente fuerza letal para dispersar huelgas y protestas pacíficas. La masacre de Zhanaozen, ocurrida el pasado diciembre, terminó en un baño de sangre que todavía está por investigarse. Los medios de comunicación están sujetos a censura y restricciones legales. Aquellas personas con opiniones adversas al gobierno son víctimas de asedio, juicios por difamación y ataques físicos. Como si esto no fuera suficiente para demostrar el ahorcamiento comunicacional del gobierno, hay que considerar que la principal agencia de comunicación es propiedad de agentes del estado y asociados de la familia presidencial. Según La Unidad de Inteligencia de la revista inglesa The Economist, lo más probable es que el régimen autoritario del presidente Nazarbayev se mantenga en pie: las últimas elecciones nacionales, obviamente fraudulentas, fueron ganadas por el presidente vitalicio con más de 95% de los votos. Nazarbayev ha declarado publicamente que un parlamento de partido único es “una gran oportunidad para aprobar todas las leyes necesarias para acelerar la modernización política y económica de nuestro país.” La reciente elección de Kazajistán al Consejo proveerá al gobierno las herramientas necesarias para silenciar desde afuera la crítica internacional a las violaciones de derechos humanos perpetradas por ellos mismos.
De manera similar, Pakistán ha fracasado en cumplir con los más mínimos requisitos de una democracia liberal respetuosa de los derechos fundamentales. La crítica al gobierno está fuertemente limitada por el estado, la censura al Internet ha aumentado y el gobierno restringe el registro de organizaciones no gubernamentales. Reporteros sin Fronteras ha nombrado a Pakistán como “el país del mundo más mortífero para reporteros por segundo año consecutivo” y lo ha posicionado en el puesto 151 de 179 países en su índice sobre la libertad de prensa (Press Freedom Index) del año 2011-2012. Insultar al Islam, al profeta Mahoma o al Corán es una ofensa con pena de muerte y muchos, como Asia Bibi —una madre cristiana con 5 hijos—, se encuentran condenados a muerte por blasfemia. Algunos pakistaníes creen que el gobierno es cómplice en la creación de una cultura de intolerancia y violencia que permitió que el Talibán matara de un tiro en la cabeza a lajoven de 14 años Malala Yousafzai por abogar a favor de la educación de mujeres y niñas. Los antecedentes de los votos de Pakistán en la ONU también merecen ser analizados. Pakistán se abstuvo de votar en la resolución sobre las víctimas en Corea del Norte, Birmania y Siria, y se opuso abiertamente a laresolución sobre las víctimas en Irán. ¿Qué podemos esperar entonces de Pakistán en el Consejo de DDHH?
El Consejo, que supuestamente iba a ser una versión mejorada de la extinta Comisión, está plagado de las mismas fallas que tienen los gobiernos autocráticos de sus miembros. Esto lo aprendí de primera mano cuando fui a prestar testimonio en Ginebra hace unos meses y fui silenciado por empleados de las dictaduras rusa, china y cubana. Estados Unidos, que acaba de obtener la reelección al Consejo, no está exento de crítica en cuanto a derechos humanos. Sin embargo, el gobierno estadounidense protege la libertad de expresión y asociación de sus ciudadanos, mantiene una separación de sus poderes públicos y una libre prensa le exige rendición de cuentas a diario. Y sobre todo, tiene el antecedente claro y positivo dentro del Consejo de reconocer y responder a las acusaciones que se le realizan por violación a los derechos humanos, mientras que se destaca como un honesto aliado de todas las organizaciones e individuos de la sociedad civil internacional que prestan testimonio ante el comité.
El Consejo prometió someter a los países miembros a una investigación periódica, con estándares nuevos y universales, a realizarse por otros miembros, “basada en información objetiva y confiable” sobre los antecedentes de violaciones a los derechos humanos durante el periodo que estuvieran en el Consejo. Sin embargo, tiranías como China, Cuba, Rusia y Arabia Saudita siguen ejerciendo como miembros sin que se les investigue en absoluto. Los puestos vacantes, a pesar de nuestra más vehemente oposición, han ido a parar a candidatos que no están ni remotamente calificados para actuar dentro del Consejo. El Consejo no puede continuar siendo un escudo bajo el cual se protegen gobiernos que desdeñan los principios mismos de la ONU.
Por ejemplo, ya el embajador del presidente Hugo Chávez ante la ONU, Jorge Valero, empezó a manipular el significado de la elección de su gobierno violador al declarar que “es una victoria electoral sin precedentes” y que “esto demuestra que en Venezuela se está cumpliendo de manera escrupulosa con los contenidos fundamentales de los instrumentos internacionales que establecen las bases para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos”.
Embajador Valero, ¿y la Jueza Afiuni qué? ¿Y las cárceles qué? ¿Y los muertos del 11 de abril qué? ¿Y los 155,000 homicidios qué? ¿Y las cárceles qué? ¿Y las dictaduras que Ud. defiende qué? ¿Y la CIDH qué? Claramente, la realidad queda opacada por los delirios desde la residencia del excelentísimo Sr. Embajador.
Al igual que con la extinta Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se ha convertido en la herramienta más efectiva de los dictadores y autócratas electos para desviar la atención sobre sus propios abusos a los derechos humanos. Ahora que algunos de los violadores de derechos humanos más conocidos del mundo están entre sus miembros, nos preguntamos: ¿qué credibilidad puede tener el Consejo?
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