En pocas palabras. Javier J. Jaspe / Washington D.C.
Luego que el pasado 6 de noviembre los electores de Colorado y Washington decidieran votar favorablemente por la propuesta para legalizar el consumo y comercio de la mariguana en estos estados, se han planteado dudas sobre su posible implementación en el corto plazo. Se estima que esta decisión fue aprobada por una mayoría del 55% de los votantes en Colorado y por el 53% en Washington.
El propio gobernador de Colorado alertó sobre la necesidad de ponderar los efectos de la vigente ley federal que penaliza la posesión, venta y distribución de ciertas drogas, incluida la mariguana, antes de que los ciudadanos puedan comprar y vender mariguana en el estado. Esta declaración podría haber sido estimulada por el anuncio efectuado por la agencia federal (the Drug Enforcement Administration, DEA) que tiene a su cargo la persecución de los casos relacionados con drogas, indicando que la aplicación de la ley federal en esta materia (the Controlled Substances Act) no ha sufrido cambio alguno. (http://www.cnn.com/2012/11/07/politics/marijuana-legalization/index.html)
Por otra parte, la indicada declaración de la DEA parece apuntar hacia la ratificación de la actitud que asumiera el Asesor General (Attorney General) de Estados Unidos, de oponerse a una similar propuesta de legalización de la mariguana, la cual no fue objeto de aprobación en California en el año 2010. Si esto fuere así, el conflicto que se produce entre la ley federal, y la decisión de legalizar la mariguana por parte de Colorado y Washington, eventualmente deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos (http://money.cnn.com/2012/11/07/news/economy/marijuana-legalization-washington-colorado/index.html
Quiérase o no, la decisión de Colorado y Washington, los dos primeros estados en legalizar la mariguana, viene a sumar un factor de consideración a tomar en cuenta para una posible modificación de la política represiva que establece la aludida ley federal. Este factor se une a la decisión que han adoptado otros 17 estados y Washington D.C., de permitir el uso de la mariguana con fines médico-asistenciales, medida que en la práctica se habría convertido en algunos estados, como en California, en una puerta de escape para que muchos puedan tener acceso a dicha droga a cambio de obtener fácilmente una licencia expedida por médicos que se prestan a este tipo de actividades. Las autoridades federales no han dejado de tomar acciones para perseguir el comercio ilegal de la mariguana, realizado bajo un falso pretexto medico-asistencial y sólo durante el año 2009, se estima que se practicaron 170 allanamientos de locales y se presentaron 61 acusaciones ante los tribunales competentes.
Otras opiniones parecen no descartar que se produzca una situación de tolerancia del gobierno federal por algún tiempo, que en la práctica permita a Colorado y Washington actuar e implementar las medidas de legalización, como una especie de laboratorio de ensayo para observar los efectos que se producirían sobre los elementos motivantes de la actual política represiva que prescribe la ley federal. En esta corriente se inscriben quienes ven la legalización de la mariguana como un fuerte golpe en contra de los carteles de la droga, los cuales habrían sido los principales beneficiarios por muchos años de la vigente política represiva a nivel federal (http://lubbockonline.com/editorials/2012-11-17/other-views-pot-legalization-turning-point-war-drugs#.UKp4lPXleSo). Así, por ejemplo, se estima que el precio de la mariguana en un ambiente de legalización podría bajar en un 80%.
También contribuirían a una política de tolerancia legal por parte de las autoridades federales, otros elementos, tales como, que la medida de legalización está llamada a producir impuestos que se destinarían a financiar escuelas y otros gastos prioritarios en Colorado y Washington; que los gastos federales para la persecución de los delitos relacionados con las drogas, estimados en unos diez mil millones de dólares anuales, podrían disminuir; que el número de detenidos, principalmente pertenecientes a las minorías afroamericana e hispana, en relación con tales casos (aproximadamente, unos 750.000 al año) también se reducirían; y que los recursos monetarios liberados podrían ser destinados por el gobierno federal a atender otras areas más prioritarias, o a enjugar el corriente déficit fiscal.
Sinembargo, en la discusión siguen gravitando elementos que obrarían en contra de la referida tolerancia legal, o al menos obligarían a realizar un seguimiento cuidadoso a la implementación de la medida de legalización en Colorado y Washington. Entre ellos, cabe mencionar, el aumento de las transacciones en efectivo utilizado en la comercialización de la mariguana, el cual podría ser empleado en operaciones de lavado de dinero y para el financiamiento de otras actividades delictivas. De no menor importancia, el hecho de que la legalización también traería consigo una mayor facilidad para que la mariguana pueda ser consumida por menores de edad, con el consiguiente daño para su desarrollo fisico-mental y el normal desenvolvimiento de sus actividades estudiantiles.
En pocas palabras, la implementación de la medida de legalización de la mariguana, aprobada por la mayoría de los electores en Colorado y Washington, aconseja la necesidad de un debate previo, en vista de los conflictos que plantea dicha medida con la vigencia de leyes federales que obligan a la persecución del consumo, venta y distribución de dicha droga. En esta materia, según lo antes expuesto, ya parecen perfilarse posiciones que apuntan bien hacia una actitud firme para la aplicación de la ley federal y la eventual necesidad de una decisión de la Corte Suprema, o bien hacia la apertura de un período de tolerancia legal que permita observar los efectos de la aludida implementación. Veremos….
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