El problema del secretario general de la OEA no es con los republicanos que se ocupan de América Latina en el Congreso de EE.UU., sino con los demócratas y el gobierno de Obama que, aunque no se haya notado mucho, tienen cuentas pendientes con Insulza desde hace tiempo. También con países como Canadá, México y algunos de Centroamérica, que llevan tiempo pidiendo una reforma del organismo y consideran que la gestión actual carece de eficiencia.
por Alvaro Vargas Llosa - 24/11/2012 - 09:04
El documento era privado, pero la propia representante de los Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomellin, pidió al embajador mexicano Joel Hernández, quien preside el Consejo Permanente, hacerla circular. No estaba dirigida al secretario general, sino a quien preside (hasta enero) el Consejo Permanente, y el “timing” tenía la intención de forzar la inclusión de esta iniciativa en la reunión de dicho organismo, el próximo miércoles.
No pasó mucho tiempo antes de que en los medios políticos y salas de redacción del hemisferio este golpe directo al plexo de Insulza, reelecto en su cargo apenas en 2010, retumbara con fuerza. La interpretación automática de quienes siguen los avatares de la OEA y su jefe ejecutivo fue que se trataba de un episodio más del desencuentro entre los republicanos que se ocupan de América Latina en el Congreso norteamericano y un secretario general que no ha querido, a juicio de ellos, defender adecuadamente la democracia en los países donde el autoritarismo populista la ha erosionado desde el poder, léase Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Sin embargo, esta interpretación es superficial y refleja un escaso conocimiento de las corrientes que fluyen potentemente detrás de la relación entre Insulza y Estados Unidos.
A diferencia de Obama, que a inicios de su gobierno hizo gestos de acercamiento a la izquierda populista latinoamericana para mejorar una relación que se había enturbiado mucho, Hillary Clinton mantuvo una actitud de distancia y escepticismo. Ello quedó en evidencia en la Cumbre de las Américas de San Pedro Sula, en Honduras, en 2009. Allí, a iniciativa de la izquierda populista, un grupo de países hizo presión para reincorporar a Cuba a la organización sin condiciones (la isla fue expulsada hace medio siglo por no ser una democracia y haber interferido en asuntos internos de otros países). Estados Unidos no se oponía al principio de la reincorporación, sino a la ausencia de condiciones. La misma actitud tenían algunos países amigos de Washington.
La secretaria de Estado esperaba de Insulza una actitud neutral en este forcejeo, pero el secretario general emitió todas las señales, según he oído decir en privado a funcionarios de alto nivel en Washington, de que actuaba “en pared” con los amigos de Cuba. Al final, Estados Unidos logró evitar que la resolución hiciera una invitación incondicional a Cuba, pero la relación entre Washington y la Secretaría General de la OEA había quedado lesionada.
No fue la única vez que Estados Unidos juzgó que Insulza cuidaba demasiado su flanco izquierdo en sus relaciones con el continente. La crisis constitucional de Honduras, pocos meses después, aumentó la tensión porque, a pesar de que Washington adoptó una muy clara línea de condena a la expulsión de Manuel Zelaya del poder, Hillary Clinton juzgó que el secretario general exageró su respaldo a un líder que había originado el problema por su pretensión de continuar en el poder y su estrecha vinculación con Caracas (especialmente incómoda fue para Washington la participación del secretario general en la operación de regreso de Zelaya a Tegucigalpa).
Esta tensión entre el gobierno de Obama e Insulza no se notó mucho mientras Arturo Valenzuela, compatriota y amigo del secretario general, ejerció de secretario de Estado asistente para los Asuntos del Hemisferio Occidental (su confirmación fue demorada por los republicanos a raíz, precisamente, de la crisis hondureña, pero finalmente asumió el cargo en noviembre de 2009). No se notaba, quiero decir, de puertas para afuera. Porque de puertas para adentro se notaba mucho. En la práctica, Hillary Clinton mantenía una comunicación -ya fuese directa o a través de su número dos en el Departamento de Estado- con Tom Shannon, embajador estadounidense en Brasil y antecesor de Valenzuela, en relación con los asuntos latinoamericanos. A su paso por el cargo de responsable del Hemisferio Occidental en el gobierno anterior, Shannon había tenido la doble virtud, a ojos de la administración Obama, de ser un crítico del populismo latinoamericano y, al mismo tiempo, haber sabido manejar esa tirantez con inteligencia diplomática para evitar dar armas a Hugo Chávez y compañía. El canal de consulta y hasta coordinación con Shannon en esta nueva etapa era, entre otras cosas, una forma indirecta de mantener a raya a Insulza. Todo ello, con exquisitas formas diplomáticas.
En 2010, Richard Lugar -un republicano moderado que ha mantenido excelentes relaciones con el gobierno de Obama- encargó a su principal asesor, Carl Meacham, un informe sobre la OEA para que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, del que era parte y que presidía John Kerry, pudiera hacerse una clara composición de lugar. La intención no era sólo política sino, en gran medida, burocrática: Estados Unidos está revisando su participación en los presupuestos de organismos internacionales. El informe fue devastador respecto de la sostenibilidad, vigencia y utilidad de la OEA. La acusó de dos tipos de faltas distintas: una política y otra gerencial o administrativa. En lo político, le achacó no tener capacidad para “abordar las amenazas a la democracia en sus etapas iniciales, como se observó previamente en Venezuela y Nicaragua”, y de no ser consistente, porque actuaba con claridad ante golpes militares, pero no ante la erosión de la democracia desde el propio poder. En lo administrativo, le enrostraba haber agravado, en lugar de empezar a resolver, un “déficit financiero insostenible”, de haber permitido una “proliferación de mandatos”, y de haberse gastado los “fondos de reserva” por obra de su desequilibrio presupuestario.
Este informe, aunque tenía un origen republicano, pasó a ser poco menos que canónico en los círculos relacionados con la OEA en Washington. Pocas personas dentro y fuera de la organización cuestionaban lo esencial de lo que había dicho Meacham. Aunque Insulza y sus aliados se protegían atribuyendo el informe a la animadversión republicana, a raíz del caso de Honduras y al hecho de que sólo puede hacer “lo que el Consejo Permanente pida”, en realidad los demócratas albergaban sentimientos no muy distintos. Canadá y México lo han citado en distintas oportunidades en las reuniones del organismo.
Insulza hizo un esfuerzo, a raíz de este informe, para recortar algo de costos. Por ejemplo, el presupuesto del año siguiente rebajaba los gastos en algo más de cuatro millones de dólares y algunas decenas de personas perdieron su puesto. Pero los cambios fueron mínimos en comparación con lo que realmente necesitaba la organización según sus críticos.
La OEA se financia de tres formas: el fondo regular, que es para la Secretaría General, es cubierto por las cuotas de los países y se subdivide en una parte operativa y otra de reserva; los fondos específicos, formados por aportes voluntarios para programas concretos; y un fondo multilateral, mediante el cual los países hacen contribuciones para fondear ciertos programas vinculados al desarrollo. Lo cierto es que Estados Unidos es quien financia dos terceras partes del presupuesto, aproximadamente, y que los países constantemente se atrasan en sus cuotas. En algunos casos, como Brasil, retienen la cuota para enviar un mensaje político (Brasilia tiene un entredicho con la OEA a raíz de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo autónomo, pidió suspender la construcción de una planta hidroeléctrica en la Amazonia). Mientras esto sucede, los mandatos de la organización se siguen acumulando (más de 1.700 contabilizó Meacham en total). Por tanto, cada vez se necesita más dinero y cada vez hay menos disponible. De allí que la Secretaría General se tuviera que gastar hasta las reservas.
Todo lo anterior constituye el conjunto de antecedentes de la carta que han enviado los miembros del Comité de Relaciones Exteriores del Senado al Consejo Permanente. Pero hay, además, circunstancias políticas inmediatas que explican la oportunidad de la misiva. Hillary Clinton, como es vox pópuli, está de salida y quisiera dejar un cierto legado en todas las áreas de política exterior donde sea posible. Pero a ello se suma el que John Kerry aspira a formar parte del gabinete de Obama en su segundo período. Su deseo mayor es ser secretario de Estado; como segunda opción, aspira a la Secretaría de Defensa. En cualquiera de los dos casos, pero sobre todo en el primero, la opinión de Hillary Clinton, con quien lo une una estrecha amistad, será importante. Pero no sólo necesitará el apoyo de Clinton: también le hará falta, para cualquier cargo al que sea nombrado, la ratificación del Senado. Esa ratificación pasa por el voto, lo mismo de republicanos que tienen una clara antipatía por Insulza que de demócratas como Bob Menendez, otro firmante de la carta, quien mantiene hacia los regímenes de la izquierda populista una posición comparable a la de los republicanos (Menendez es de origen cubano y en su estado, Nueva Jersey, el voto cubanoamericano es significativo). Esto sería importante por sí solo, pero adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que es muy probable que Menendez sea el próximo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
¿Qué le queda a Insulza? Por lo pronto, hilar muy fino. El sabe que el gobierno respalda la iniciativa del Senado, pues el propio portavoz William Ostick así lo ha dicho. También sabe que la carta ha sido dirigida al Consejo Permanente, y no a él, para que él no pueda escudarse en que sólo hace lo que el consejo le pide. En todo caso, dependerá mucho su reacción de si quienes pretenden que la carta se discuta en el Consejo Permanente logran meterla en la agenda, algo difícil, porque suelen necesitarse 72 horas de anticipación para ello y el largo fin de semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos implica que hasta el lunes no habrá vida en la OEA.
Como el viejo zorro político que es, lo último que hará Insulza será enfrentarse personalmente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y al gobierno de Obama, al que tiene hoy menos llegada que hace unos años. Era previsible que, en su respuesta, diría que concuerda con lo esencial de la carta: “Debo resaltar, en primer lugar, la coincidencia que existe entre muchos puntos del análisis de los congresistas y el planteamiento que vengo formulando desde comienzos de año”, dice en su tercer párrafo.
El siempre ha mantenido que el problema administrativo lo heredó y, en cuanto a lo político, que él no puede hacer nada que el Consejo Permanente o la Asamblea General -o sea, el conjunto de los 33 países- no le exija.
La pregunta es si esto dejará satisfechos a sus adversarios o si insistirán en que él ha agravado las cosas considerablemente (lo acusan, por ejemplo, de haber entregado diversos encargos políticos a amigos suyos, en desmedro del staff con cargo a una parte del presupuesto asignado a él). En otras palabras, ¿lo presionarán para hacer cambios o tratarán de forzarlo a renunciar? Forzarlo a renunciar implicaría alguna negociación que le permitiera, por ejemplo, la salida honrosa de dejar la organización para ser candidato al Senado en las próximas elecciones en Chile. Pero si Insulza se resiste, no será nada fácil, en una OEA que refleja las profundas divisiones ideológicas y fronterizas de América Latina, lograr un consenso para ello.
Por el momento, nadie habla de esto en voz alta, pero es evidente que, al borde de los 70 años, Insulza piensa en su futuro intensamente.
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