OSWALDO PÁEZ-PUMAR| EL UNIVERSAL
sábado 3 de agosto de 2013 12:00 AM
Que le haya sido allanada la inmunidad al diputado Mardo no es un hecho noticioso, porque toda noticia comporta un cierto grado de revelación de lo desconocido. En cambio, el acto realizado en la AN no agregó nada novedoso, salvo por lo que pueda subyacer en la mente de los diputados que dieron su voto favorable a la moción, que aquí escudriño, más bien adivino, pues es imposible penetrar en el fondo del alma.
El pueblo ha recibido esta información más bien como quien recibe una confirmación. Efectivamente la votación aprobó el allanamiento de la inmunidad, dejó a un lado si fue con la mayoría requerida constitucionalmente ya que el allanamiento comporta la separación del cargo, la incorporación del suplente y que se proceda al juicio por ante el TSJ, que ya apreció la existencia de mérito para el enjuiciamiento, antes que la AN se pronunciara, lo que tampoco constituyó noticia.
La inmunidad parlamentaria, aunque abarca de manera expresa las actuaciones de los diputados en la AN, se centra más bien alrededor de lo realizado por estos fuera de la AN, que puede a su vez originarse en una actuación en la cual el Diputado es sorprendido, "la flagrancia", o en lo ya ocurrido, es decir, el descubrimiento de unos hechos pasados que aparentemente revisten carácter penal y cuya autoría presuntivamente le es imputable a determinado diputado. Es nuestro caso.
Precisamente, en esta hipótesis es cuando la vigencia de la inmunidad se pone a prueba, aunque más bien es la autonomía del Legislativo lo que se valora. Se probó que no existe esa autonomía y que el Legislativo es un apéndice más del Ejecutivo, como lo es el Judicial con su apreciación anticipada de la existencia de méritos para el enjuiciamiento en la que se fundamenta la solicitud del allanamiento.
Tampoco constituye un hecho noticioso esta dependencia de los otros poderes del Ejecutivo. Por parte del TSJ ya lo puso en evidencia tiempo atrás el grito de "uh, ah Chávez no se va", pero como se fue, necesita agarrarse del usurpador porque solo no se sostiene. Por parte de los asambleístas adivino: ya votaron para que los presida Diosdado, quien niega el derecho de palabra a quien no reconozca el triunfo del usurpador. Ergo, quieren allanar la inmunidad a los diputados "por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones".
El pueblo ha recibido esta información más bien como quien recibe una confirmación. Efectivamente la votación aprobó el allanamiento de la inmunidad, dejó a un lado si fue con la mayoría requerida constitucionalmente ya que el allanamiento comporta la separación del cargo, la incorporación del suplente y que se proceda al juicio por ante el TSJ, que ya apreció la existencia de mérito para el enjuiciamiento, antes que la AN se pronunciara, lo que tampoco constituyó noticia.
La inmunidad parlamentaria, aunque abarca de manera expresa las actuaciones de los diputados en la AN, se centra más bien alrededor de lo realizado por estos fuera de la AN, que puede a su vez originarse en una actuación en la cual el Diputado es sorprendido, "la flagrancia", o en lo ya ocurrido, es decir, el descubrimiento de unos hechos pasados que aparentemente revisten carácter penal y cuya autoría presuntivamente le es imputable a determinado diputado. Es nuestro caso.
Precisamente, en esta hipótesis es cuando la vigencia de la inmunidad se pone a prueba, aunque más bien es la autonomía del Legislativo lo que se valora. Se probó que no existe esa autonomía y que el Legislativo es un apéndice más del Ejecutivo, como lo es el Judicial con su apreciación anticipada de la existencia de méritos para el enjuiciamiento en la que se fundamenta la solicitud del allanamiento.
Tampoco constituye un hecho noticioso esta dependencia de los otros poderes del Ejecutivo. Por parte del TSJ ya lo puso en evidencia tiempo atrás el grito de "uh, ah Chávez no se va", pero como se fue, necesita agarrarse del usurpador porque solo no se sostiene. Por parte de los asambleístas adivino: ya votaron para que los presida Diosdado, quien niega el derecho de palabra a quien no reconozca el triunfo del usurpador. Ergo, quieren allanar la inmunidad a los diputados "por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones".
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