ROBERTO GIUSTI| EL UNIVERSAL
martes 10 de septiembre de 2013 12:00 AM
Las tragedias fundamentales de este gobierno entre otras, no por eso menos relevantes, son la incapacidad y la corrupción. Más allá de su naturaleza antidemocrática, de su concepción cavernaria del poder, de su tozudez por mantener un modelo económico fracasado, de la ruina moral y económica a las cuales se nos somete un día sí y otro también, de la impunidad y de la soberbia propia de los ignorantes, subyace la tosquedad, el desconocimiento, la improvisación y la irresponsabilidad criminal a la hora de afrontar la tarea de gobernar.
Y no se trata sólo de un problema ético porque el cobro de comisiones, el sobreprecio y el robo descarado implican, en muchos casos, a diferencia de otras épocas, el incumplimiento total en la realización de los proyectos o en la prestación de los servicios. Así, hasta en los gobiernos más cuestionables moralmente de la etapa democrática, se concluían las obras, se materializaban los planes, se desarrollaban las políticas y se gobernaba con objetivos y metodologías previamente concebidos.
Pero aquí se desaparecen, en el laberinto de la corrupción, 20 mil millones de dólares que deben ir a la importación de bienes que ya no producimos. Otro tanto ocurre con sumas similares o superiores destinadas a la infraestructura hospitalaria, a las medidas de emergencia destinadas a remediar las crisis eléctrica o a los ingentes recursos utilizados para financiar las industrias básicas de Guayana o las inviables empresas estatizadas en la más variopinta y colorida colección de áreas "productivas" que ahora no producen nada.
Amparados en la impunidad, roban a espuertas no sólo porque saben que nada les pasará sino porque está fuera de su alcance, no digamos el estado de conciencia que los lleve a reconocer su ignorancia supina y buscar a quienes sí saben para que les remienden el capote, sino concebir un plan de desarrollo eléctrico a largo plazo; construir un hospital de cabo a rabo (la excepción es el cardiológico infantil) y ponerlo en pleno funcionamiento; desarrollar, aun dentro de su concepción equivocada, el área agroalimentaria del país, destruida por toda clase de desatinos; mucho menos mantener y consolidar la infraestructura de la industria petrolera convertida hoy en día en una ruina explosiva y ululante.
Pero el mal es incurable. De manera que si en los años 40 del siglo pasado los venezolanos pagaron las limitaciones de una clase política inexperta, que sin embargo supo madurar y formarse en torno a una concepción del país deseado, estos de ahora, después de tres lustros y siendo los presuntos artífices de un modelo fundamentado en la planificación, desgobiernan sobre la improvisación, el caos y una descomposición que no serán eternos.
Y no se trata sólo de un problema ético porque el cobro de comisiones, el sobreprecio y el robo descarado implican, en muchos casos, a diferencia de otras épocas, el incumplimiento total en la realización de los proyectos o en la prestación de los servicios. Así, hasta en los gobiernos más cuestionables moralmente de la etapa democrática, se concluían las obras, se materializaban los planes, se desarrollaban las políticas y se gobernaba con objetivos y metodologías previamente concebidos.
Pero aquí se desaparecen, en el laberinto de la corrupción, 20 mil millones de dólares que deben ir a la importación de bienes que ya no producimos. Otro tanto ocurre con sumas similares o superiores destinadas a la infraestructura hospitalaria, a las medidas de emergencia destinadas a remediar las crisis eléctrica o a los ingentes recursos utilizados para financiar las industrias básicas de Guayana o las inviables empresas estatizadas en la más variopinta y colorida colección de áreas "productivas" que ahora no producen nada.
Amparados en la impunidad, roban a espuertas no sólo porque saben que nada les pasará sino porque está fuera de su alcance, no digamos el estado de conciencia que los lleve a reconocer su ignorancia supina y buscar a quienes sí saben para que les remienden el capote, sino concebir un plan de desarrollo eléctrico a largo plazo; construir un hospital de cabo a rabo (la excepción es el cardiológico infantil) y ponerlo en pleno funcionamiento; desarrollar, aun dentro de su concepción equivocada, el área agroalimentaria del país, destruida por toda clase de desatinos; mucho menos mantener y consolidar la infraestructura de la industria petrolera convertida hoy en día en una ruina explosiva y ululante.
Pero el mal es incurable. De manera que si en los años 40 del siglo pasado los venezolanos pagaron las limitaciones de una clase política inexperta, que sin embargo supo madurar y formarse en torno a una concepción del país deseado, estos de ahora, después de tres lustros y siendo los presuntos artífices de un modelo fundamentado en la planificación, desgobiernan sobre la improvisación, el caos y una descomposición que no serán eternos.
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