ADOLFO R. TAYLHARDAT| EL UNIVERSAL
miércoles 28 de mayo de 2014 12:00 AM
En Colombia ganó la primera vuelta de la contienda electoral Oscar Zuluaga, candidato del uribismo opositor al presidente Juan Manuel Santos. Si en la segunda vuelta triunfa Zuluaga ello significará, entre otras cosas, que la población colombiana no comparte la política de pacificación con las FARC que adelanta Santos, quien durante el gobierno del presidente Uribe, en su condición de ministro de la Defensa combatió duramente a la guerrilla con la cual negocia actualmente.
En Venezuela, las elecciones realizadas en el municipio San Cristóbal, del estado Táchira y las del municipio San Diego, en el estado Carabobo para sustituir a los alcaldes de esas dos circunscripciones que han sido víctimas del vil atropello del régimen, dieron el triunfo a los candidatos de la oposición democrática, en ambos casos por una mayoría aplastante. Aparte de que esos resultados se pueden leer como una reivindicación de los derechos de los dos alcaldes víctimas de la tramposería que es común en el gobierno del ilegítimo, esos resultados constituyen, de hecho una primarias de lo que serán las elecciones parlamentarias del año que viene. Es evidente que muchos chavistas arrepentidos votaron por los candidatos de la oposición. En las filas del chavismo deben estar sonando las alarmas roja y debe cundir el terror por la perspectiva de que (más que perspectiva, certeza) el año que viene la democracia prevalecerá en los comicios parlamentarios.
Pero el título de este artículo tiene que ver es con la reunión de cancilleres de Unasur, realizada la semana pasada en Galápagos, archipiélago perteneciente a Ecuador situado en el océano Pacifico a 973 kilómetros de la costa firme.
La celebración de esa reunión en ese lugar tan alejado del continente no obedeció al interés turístico del gobierno ecuatoriano de dar a conocer a los cancilleres de Unasur ese sitio tan interesante del planeta, sino para aislar la reunión e impedir acceso a personas o grupos interesados en la situación de Venezuela, cuestión que sería el punto central del conclave.
El resultado de la reunión no fue ninguna sorpresa, como era de esperarse, los gobiernos que integran Unasur, una vez más dieron la espalda a la realidad de lo que sucede en nuestro país. El comunicado final de la reunión se limitó a denunciar "la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela" por la perspectiva de que el gobierno norteamericano imponga sanciones a los violadores de los derechos humanos en nuestro país durante le las manifestaciones a favor de la libertad y la democracia que llevan a cabo los estudiantes, jóvenes y la sociedad civil venezolanos en general.
Pareciera que los cancilleres de Unasur ignoran que el tema de las eventuales sanciones a los autores de los atropellos contra la juventud venezolana es un asunto de la competencia estrictamente interna de Estados Unidos. Si finalmente las autoridades norteamericanas deciden imponer sanciones a los torturadores, asesinos y violadores de las fuerzas de seguridad del Estado que han abusado contra el derecho y la libertad de manifestar que tienen todos los venezolanos, esa, como he señalado es una decisión soberana del gobierno de aquel país.
Si de interferencia o intervención en los asuntos internos de un país se trata, quien está interviniendo, en fin de cuentas es Unasur cuando denuncia una medida adoptada internamente por Estados Unidos.
De la misma manera, las declaraciones insolentes y desmedidas del simulacro del canciller venezolano, cuando también denuncia como intervención en los asuntos internos de Venezuela una eventual decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a venezolanos incursos en violaciones de los derechos humanos, son una inapropiada, abierta y descomunal injerencia.
En ambos casos es como si estuvieran peleando con una sombra, porque las eventuales sanciones (que ojalá se den finalmente) todavía están en proceso de consideración en el Congreso de Estados Unidos y posteriormente requerirán la puesta en ejecución por el presidente Obama.
Pero, ¿qué más puede esperarse de un personaje que no tiene la menor idea del Derecho Internacional y de países que parecieran comportarse como perritos falderos de un régimen que los tiene dominados con el bozal de los petrodólares?
En Venezuela, las elecciones realizadas en el municipio San Cristóbal, del estado Táchira y las del municipio San Diego, en el estado Carabobo para sustituir a los alcaldes de esas dos circunscripciones que han sido víctimas del vil atropello del régimen, dieron el triunfo a los candidatos de la oposición democrática, en ambos casos por una mayoría aplastante. Aparte de que esos resultados se pueden leer como una reivindicación de los derechos de los dos alcaldes víctimas de la tramposería que es común en el gobierno del ilegítimo, esos resultados constituyen, de hecho una primarias de lo que serán las elecciones parlamentarias del año que viene. Es evidente que muchos chavistas arrepentidos votaron por los candidatos de la oposición. En las filas del chavismo deben estar sonando las alarmas roja y debe cundir el terror por la perspectiva de que (más que perspectiva, certeza) el año que viene la democracia prevalecerá en los comicios parlamentarios.
Pero el título de este artículo tiene que ver es con la reunión de cancilleres de Unasur, realizada la semana pasada en Galápagos, archipiélago perteneciente a Ecuador situado en el océano Pacifico a 973 kilómetros de la costa firme.
La celebración de esa reunión en ese lugar tan alejado del continente no obedeció al interés turístico del gobierno ecuatoriano de dar a conocer a los cancilleres de Unasur ese sitio tan interesante del planeta, sino para aislar la reunión e impedir acceso a personas o grupos interesados en la situación de Venezuela, cuestión que sería el punto central del conclave.
El resultado de la reunión no fue ninguna sorpresa, como era de esperarse, los gobiernos que integran Unasur, una vez más dieron la espalda a la realidad de lo que sucede en nuestro país. El comunicado final de la reunión se limitó a denunciar "la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela" por la perspectiva de que el gobierno norteamericano imponga sanciones a los violadores de los derechos humanos en nuestro país durante le las manifestaciones a favor de la libertad y la democracia que llevan a cabo los estudiantes, jóvenes y la sociedad civil venezolanos en general.
Pareciera que los cancilleres de Unasur ignoran que el tema de las eventuales sanciones a los autores de los atropellos contra la juventud venezolana es un asunto de la competencia estrictamente interna de Estados Unidos. Si finalmente las autoridades norteamericanas deciden imponer sanciones a los torturadores, asesinos y violadores de las fuerzas de seguridad del Estado que han abusado contra el derecho y la libertad de manifestar que tienen todos los venezolanos, esa, como he señalado es una decisión soberana del gobierno de aquel país.
Si de interferencia o intervención en los asuntos internos de un país se trata, quien está interviniendo, en fin de cuentas es Unasur cuando denuncia una medida adoptada internamente por Estados Unidos.
De la misma manera, las declaraciones insolentes y desmedidas del simulacro del canciller venezolano, cuando también denuncia como intervención en los asuntos internos de Venezuela una eventual decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a venezolanos incursos en violaciones de los derechos humanos, son una inapropiada, abierta y descomunal injerencia.
En ambos casos es como si estuvieran peleando con una sombra, porque las eventuales sanciones (que ojalá se den finalmente) todavía están en proceso de consideración en el Congreso de Estados Unidos y posteriormente requerirán la puesta en ejecución por el presidente Obama.
Pero, ¿qué más puede esperarse de un personaje que no tiene la menor idea del Derecho Internacional y de países que parecieran comportarse como perritos falderos de un régimen que los tiene dominados con el bozal de los petrodólares?
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