EL UNIVERSAL
viernes 30 de mayo de 2014 08:06 AM
Madrid.- Representantes de víctimas personadas en la causa abierta en Argentina para investigar crímenes del franquismo estiman que los tribunales españoles deben juzgar algún día a ministros y responsables de aquella época, lo que ven más cerca tras la visita a España de la jueza argentina María Servini.
En este sentido, creen que las declaraciones que la juez María Servini tomó en las dos últimas semanas a víctimas de la dictadura franquista (1939-75) en diferentes juzgados españoles suponen un avance en esta causa en la que ya figuran trescientas personas como querellantes, indicó Efe.
Estas son algunas de las cuestiones destacadas hoy en la rueda de prensa de balance de la visita a España de la comisión judicial argentina encabezada por la citada magistrada y el fiscal Ramiro González.
En este encuentro estuvo una de las víctimas personadas, José María Galante "El Chato", representante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, y los abogados de los querellantes Máximo Castex, Ana Messuti y Carlos Slepoy.
Dijeron haber pedido a la jueza Servini que impute a una veintena de personas, entre las que figuran ministros franquistas, así como jueces y policías de esa época, y esperan que la instructora así lo acuerde habida cuenta además de que el nuevo fiscal argentino quiere impulsar el caso a diferencia del anterior, que se inhibió.
José María Galante cree que al final los tribunales españoles deberán juzgar a los responsables "cuando se rompa su cerrazón, se pongan como se pongan", lo que a su juicio ya se está comenzado a lograr, aunque de momento seguirán intentando que avance la investigación en Argentina y en otros países, incluidos los tribunales de la Unión Europea.
Afirmó que en esta causa se investigan 150.000 muertos que estarían en más de dos mil fosas comunes, desapariciones, robos de recién nacidos, trabajos esclavos y torturas a detenidos y presos políticos.
Máximo Castex agradeció la colaboración de los juzgados de Guernica en el País Vasco (norte) donde han declarado dos hermanos, así como los de Sevilla, Carmona y Marchena (sur), donde lo han hecho otras tres víctimas, y a la Audiencia Nacional española, ante la que comparecieron ayer junto a María Servini otras dos personas afectadas.
Lamentó, sin embargo, la falta de cooperación del Juzgado de Miranda de Ebro (centro), donde estaba prevista la declaración de una víctima, y de otro de Málaga (sur), que frustró una inspección ocular en el cementerio de San Rafael en el marco de la investigación de las fosas comunes.
Castex destacó que el primer objetivo de reparación de estas víctimas se cumplió al poder declarar ante los jueces.
Carlos Slepoy subrayó que "hay jueces españoles que se prestan a colaborar y fueron de especial relevancia las declaraciones de ayer en la Audiencia Nacional", un tribunal del que ha recordado que fue el que paralizó la investigación que inició el exjuez Baltasar Garzón sobre estos crímenes, lo que calificó de "inédito".
En este sentido, creen que las declaraciones que la juez María Servini tomó en las dos últimas semanas a víctimas de la dictadura franquista (1939-75) en diferentes juzgados españoles suponen un avance en esta causa en la que ya figuran trescientas personas como querellantes, indicó Efe.
Estas son algunas de las cuestiones destacadas hoy en la rueda de prensa de balance de la visita a España de la comisión judicial argentina encabezada por la citada magistrada y el fiscal Ramiro González.
En este encuentro estuvo una de las víctimas personadas, José María Galante "El Chato", representante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, y los abogados de los querellantes Máximo Castex, Ana Messuti y Carlos Slepoy.
Dijeron haber pedido a la jueza Servini que impute a una veintena de personas, entre las que figuran ministros franquistas, así como jueces y policías de esa época, y esperan que la instructora así lo acuerde habida cuenta además de que el nuevo fiscal argentino quiere impulsar el caso a diferencia del anterior, que se inhibió.
José María Galante cree que al final los tribunales españoles deberán juzgar a los responsables "cuando se rompa su cerrazón, se pongan como se pongan", lo que a su juicio ya se está comenzado a lograr, aunque de momento seguirán intentando que avance la investigación en Argentina y en otros países, incluidos los tribunales de la Unión Europea.
Afirmó que en esta causa se investigan 150.000 muertos que estarían en más de dos mil fosas comunes, desapariciones, robos de recién nacidos, trabajos esclavos y torturas a detenidos y presos políticos.
Máximo Castex agradeció la colaboración de los juzgados de Guernica en el País Vasco (norte) donde han declarado dos hermanos, así como los de Sevilla, Carmona y Marchena (sur), donde lo han hecho otras tres víctimas, y a la Audiencia Nacional española, ante la que comparecieron ayer junto a María Servini otras dos personas afectadas.
Lamentó, sin embargo, la falta de cooperación del Juzgado de Miranda de Ebro (centro), donde estaba prevista la declaración de una víctima, y de otro de Málaga (sur), que frustró una inspección ocular en el cementerio de San Rafael en el marco de la investigación de las fosas comunes.
Castex destacó que el primer objetivo de reparación de estas víctimas se cumplió al poder declarar ante los jueces.
Carlos Slepoy subrayó que "hay jueces españoles que se prestan a colaborar y fueron de especial relevancia las declaraciones de ayer en la Audiencia Nacional", un tribunal del que ha recordado que fue el que paralizó la investigación que inició el exjuez Baltasar Garzón sobre estos crímenes, lo que calificó de "inédito".
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