JUAN MARTIN ECHEVERRÍA| EL UNIVERSAL
domingo 1 de septiembre de 2013 12:00 AM
Durante todos estos años la corrupción no fue significativa para el régimen, al contrario, se señalaba con admiración a los nuevos ricos por su estándar de vida y su desfachatez, y a su masa electoral no le importaba, en la medida en que parte de los recursos del petróleo llegaran hasta la base de la pirámide social. Entonces ¿por qué las autoridades descubrieron de repente que 20.000 millones en divisas cogieron el mal camino, el Fondo Chino, la industria pesada de Guayana que no escarban en exceso, las importaciones desmedidas y el despilfarro? Hoy en día el principal protagonista político es la corrupción.
La corrupción es la causa directa de la impunidad, incide en la inflación y en la calidad de vida de los ciudadanos; de acuerdo a las encuestas el 57% de los venezolanos dicen haber pagado sobornos, y las decenas de alcabalas gubernamentales cierran las puertas a procesos democráticos abiertos para obtener la permisología, incentivando y potenciando la corrupción. Es obvio que si no hay división de poderes la AN no investiga y el Poder Moral privilegia la persecución de la disidencia, no queda voluntad política ni tiempo ni recursos para combatir las irregularidades, y el desorden propicia el enriquecimiento de funcionarios y particulares.
Es rutinario que el régimen presente alguna grabación contra la oposición sin cumplir con los extremos de ley. Se trataría de una prueba ilegal, cometiendo un delito al grabar y otro al hacerla pública: ya incluso están presentando fotos obtenidas por otras autoridades, que constituyen presuntas pruebas, y como tales no deberían ser entregadas por los órganos de la administración de justicia para una manipulación política. Si como se afirma no pueden extraerse pruebas de una investigación, ¿cómo llegaron a manos de altos funcionarios y parlamentarios? Este modus operandi es una evidente violación en la cadena de custodia de las evidencias y una práctica nefasta.
¿Por qué hay que esperar una Ley Habilitante para sancionar la corrupción?: las autoridades tienen todos los órganos de supervisión y sanción a su disposición y hacer realidad su discurso sólo requeriría voluntad política. ¿Por qué la AN no inicia una discusión libre, a fondo, con casos concretos, oyendo a los medios y los ciudadanos? Si se han entregado divisas en forma irregular a través de Cadivi o el Sitme, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Las toneladas de alimentos importados sin tomar en cuenta las fechas de vencimiento, es culpa de quienes denunciaron en su oportunidad tamaña barbarie?
La corrupción permite la fuga de capitales, aumenta los costos administrativos, destruye el trabajo calificado, lleva a su mínima expresión el sentido moral y comunitario, favorece el clientelismo, daña las organizaciones partidistas, aumenta el costo de los servicios públicos, permite florecer al crimen organizado y reduce la eficacia gubernamental. Las democracias sufren de legitimidad cuando la corrupción se infiltra prácticamente en todo su organismo y, como lo afirmaba Tocqueville, solo el poder puede detener el poder, de allí que la transparencia requiera una sociedad fuerte, administración de justicia sólida y una Asamblea dispuesta a debatir el tema de la corrupción, hasta sus últimas consecuencias.
El abuso de poder ocurre por la facilidad o complicidad de los órganos de control externo e interno y la corrupción pone a la luz, una vez más, la eficacia de la gestión gubernamental. Ese efecto desbordamiento de la corrupción exige una política objetiva, implacable, en que los funcionarios respondan a la estructura de premios y castigos que reconozcan la honestidad y castiguen las desviaciones perversas, incongruentes que dañan gravemente al socialismo radical, ante una conducta en que el Gobierno elude la rendición de cuentas, se ampara en las cuestiones ideológicas y se defiende alegando la defensa de los necesitados, pero el erario público termina convirtiéndose en el botín privilegiado de los corruptos. El estilo es de dos caras, aunque ven su rostro claramente delimitado en el espejo prefieren voltearse, mirar a terceros y acusar a otros de sus propias arbitrariedades. En este momento la corrupción política se ubica en el centro de la tormenta nacional.
En resumen, la corrupción genera un conflicto social inmenso, porque el Estado adquiere bienes de menor calidad y mas costosos, se violenta el Estado de Derecho y Justicia en contra de los que menos tienen, por la distracción de los ingresos públicos o porque se otorgan derechos a quienes no reúnen las condiciones para merecerlos. El beneficio individual se obtiene a cambio de un engaño, que termina por pagar la sociedad en su conjunto.
La corrupción es la causa directa de la impunidad, incide en la inflación y en la calidad de vida de los ciudadanos; de acuerdo a las encuestas el 57% de los venezolanos dicen haber pagado sobornos, y las decenas de alcabalas gubernamentales cierran las puertas a procesos democráticos abiertos para obtener la permisología, incentivando y potenciando la corrupción. Es obvio que si no hay división de poderes la AN no investiga y el Poder Moral privilegia la persecución de la disidencia, no queda voluntad política ni tiempo ni recursos para combatir las irregularidades, y el desorden propicia el enriquecimiento de funcionarios y particulares.
Es rutinario que el régimen presente alguna grabación contra la oposición sin cumplir con los extremos de ley. Se trataría de una prueba ilegal, cometiendo un delito al grabar y otro al hacerla pública: ya incluso están presentando fotos obtenidas por otras autoridades, que constituyen presuntas pruebas, y como tales no deberían ser entregadas por los órganos de la administración de justicia para una manipulación política. Si como se afirma no pueden extraerse pruebas de una investigación, ¿cómo llegaron a manos de altos funcionarios y parlamentarios? Este modus operandi es una evidente violación en la cadena de custodia de las evidencias y una práctica nefasta.
¿Por qué hay que esperar una Ley Habilitante para sancionar la corrupción?: las autoridades tienen todos los órganos de supervisión y sanción a su disposición y hacer realidad su discurso sólo requeriría voluntad política. ¿Por qué la AN no inicia una discusión libre, a fondo, con casos concretos, oyendo a los medios y los ciudadanos? Si se han entregado divisas en forma irregular a través de Cadivi o el Sitme, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Las toneladas de alimentos importados sin tomar en cuenta las fechas de vencimiento, es culpa de quienes denunciaron en su oportunidad tamaña barbarie?
La corrupción permite la fuga de capitales, aumenta los costos administrativos, destruye el trabajo calificado, lleva a su mínima expresión el sentido moral y comunitario, favorece el clientelismo, daña las organizaciones partidistas, aumenta el costo de los servicios públicos, permite florecer al crimen organizado y reduce la eficacia gubernamental. Las democracias sufren de legitimidad cuando la corrupción se infiltra prácticamente en todo su organismo y, como lo afirmaba Tocqueville, solo el poder puede detener el poder, de allí que la transparencia requiera una sociedad fuerte, administración de justicia sólida y una Asamblea dispuesta a debatir el tema de la corrupción, hasta sus últimas consecuencias.
El abuso de poder ocurre por la facilidad o complicidad de los órganos de control externo e interno y la corrupción pone a la luz, una vez más, la eficacia de la gestión gubernamental. Ese efecto desbordamiento de la corrupción exige una política objetiva, implacable, en que los funcionarios respondan a la estructura de premios y castigos que reconozcan la honestidad y castiguen las desviaciones perversas, incongruentes que dañan gravemente al socialismo radical, ante una conducta en que el Gobierno elude la rendición de cuentas, se ampara en las cuestiones ideológicas y se defiende alegando la defensa de los necesitados, pero el erario público termina convirtiéndose en el botín privilegiado de los corruptos. El estilo es de dos caras, aunque ven su rostro claramente delimitado en el espejo prefieren voltearse, mirar a terceros y acusar a otros de sus propias arbitrariedades. En este momento la corrupción política se ubica en el centro de la tormenta nacional.
En resumen, la corrupción genera un conflicto social inmenso, porque el Estado adquiere bienes de menor calidad y mas costosos, se violenta el Estado de Derecho y Justicia en contra de los que menos tienen, por la distracción de los ingresos públicos o porque se otorgan derechos a quienes no reúnen las condiciones para merecerlos. El beneficio individual se obtiene a cambio de un engaño, que termina por pagar la sociedad en su conjunto.
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