FERNANDO M. FERNÁNDEZ| EL UNIVERSAL
viernes 9 de mayo de 2014 12:00 AM
La política criminal de los últimos tiempos nos está pasando factura: el precio es altísimo e injusto. La economía está al borde del colapso y las divisas están más secas que los embalses de agua. La razón de ello ha sido la creación de normas penales para castigar a empresarios y empresas con penas draconianas, como si fueran los enemigos en una guerra, como si fueran el mal absoluto.
El Decreto Ley de Precios Justos ("Decreto") castiga con penas severísimas los delitos de usura, especulación, acaparamiento, boicot, etc., a todo actor económico (de buhonero hasta propietario de empresa) que sobrepase los precios fijados por la autoridad, mediante la tipificación de delitos en blanco, los cuales serán descritos en normas sublegales y, también, en la Internet, ni siquiera en Gaceta Oficial. La Sala Constitucional del TSJ sentenció que esa práctica legislativa era inconstitucional por violar los principios de legalidad penal, de tipicidad y la reserva legal. Lo más grave es la inseguridad jurídica y los efectos colaterales: cierre de empresas, desempleo y carestía de productos.
El decreto, unido a la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, además de sus normas precedentes conforman una política criminal en materia económica que ha sido nefasta. La solución a esta crisis es muy clara: eliminando esta legislación la economía se reactivaría casi de inmediato.
Las leyes draconianas son injustas y, sobre todo en economía, hacen pagar a todos los pobladores un precio injusto. Es hora de rectificar en el mal uso del Derecho Penal. Este debe servir para tutelar bienes jurídicos y no ideologías opuestas a la mínima seguridad jurídica que requiere todo ciudadano para saber las consecuencias legales de una conducta.
El Decreto Ley de Precios Justos ("Decreto") castiga con penas severísimas los delitos de usura, especulación, acaparamiento, boicot, etc., a todo actor económico (de buhonero hasta propietario de empresa) que sobrepase los precios fijados por la autoridad, mediante la tipificación de delitos en blanco, los cuales serán descritos en normas sublegales y, también, en la Internet, ni siquiera en Gaceta Oficial. La Sala Constitucional del TSJ sentenció que esa práctica legislativa era inconstitucional por violar los principios de legalidad penal, de tipicidad y la reserva legal. Lo más grave es la inseguridad jurídica y los efectos colaterales: cierre de empresas, desempleo y carestía de productos.
El decreto, unido a la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos, además de sus normas precedentes conforman una política criminal en materia económica que ha sido nefasta. La solución a esta crisis es muy clara: eliminando esta legislación la economía se reactivaría casi de inmediato.
Las leyes draconianas son injustas y, sobre todo en economía, hacen pagar a todos los pobladores un precio injusto. Es hora de rectificar en el mal uso del Derecho Penal. Este debe servir para tutelar bienes jurídicos y no ideologías opuestas a la mínima seguridad jurídica que requiere todo ciudadano para saber las consecuencias legales de una conducta.
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