¿Por qué Chávez decide, en 2012, marcar distancia del sistema de protección de derechos humanos del Pacto de San José? Visto en perspectiva, hoy está clara la jugada: porque sabía que perdería rating con la radicalización de su proyecto y tendría que sustituir votos por represión. A ningún autócrata le gusta que sus súbditos recurran a instancias internacionales a denunciar la violación de garantías fundamentales. Esa tarima no es conveniente. Por eso se aprueba, también, la Resolución 8610. Por eso se compran equipos militares. Es un continuo. Se trata de montar el tinglado de la represión.
Por Gloria M. Bastidas @gloriabastidas.- Vista la escalada represiva del Gobierno, hay que hacerse una pregunta: ¿Qué relación tiene esta danza macabra de estudiantes muertos y de santuarios del terror como La Tumba con el hecho de que en abril de 2012 Hugo Chávez anunciara que Venezuela se saldría de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Mucha. Mucha relación.
Chávez, que para entonces hacía rato que se había declarado abiertamente socialista, preparaba el terreno para protegerse frente a las protestas que se producirían en el país debido a la radicalización de su proyecto. Chávez sabía que su rating no sería eterno. Y mucho menos en un escenario de control total del país como el que la nueva etapa de su pseudo revolución planteaba. Así que aquel anuncio suyo, que se convirtió en un acto formal en septiembre de 2012, cuando el Gobierno envió una carta al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, participando la denuncia (separación), no debe entenderse como una decisión hormonal. No fue una bravuconada. No fue un desliz. Fue una jugada muy bien pensada dentro de un vasto plan para conculcar las garantías esenciales y evitar que los ciudadanos venezolanos pudieran recurrir al ámbito internacional a ejercer el derecho a la defensa que en el plano interno les estaría vedada porque el poder judicial carece de verdadera autonomía.
Ahora que vemos la jugada de Chávez en perspectiva lo que antes pudo parecer una mera especulación luce como una verdad del tamaño de un templo. Y en esa misma línea se inscribe la Resolución 8610, que es pariente de esa decisión de apartarse del también llamado Pacto de San José. Todo eso, incluida, también, la compra de armamentos de guerra, de equipos antimotines, de aviones militares, representa un continuo. Son piezas de un mismo rompecabezas. El rompecabezas de la represión para atornillarse en el poder. El chavismo está cada vez más lejos del Estado de Derecho y más cerca de los fusiles. Por eso, la Convención Americana representaba un estorbo para su necesidad, ahora imperiosa, dado el brutal desgaste del Gobierno, de mantener en cintura a quienes se niegan a hacer votos de fe en la iglesia chavista. ¿Qué es lo que le molestaba al chavismo del Pacto de San José, suscrito por Venezuela el mismo año de su creación, 1969, y ratificado en 1977?
Lo que le molestaba a Chávez (y ahora a su heredero Maduro) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya denuncia por parte del Estado venezolano se hizo efectiva en septiembre de 2013, dado que la normativa establece un plazo de un año para que pueda ejecutarse la salida (un año de preaviso), era que, en el preámbulo de ésta, se establece que los derechos esenciales del hombre no vienen dados por su nacionalidad, sino porque se trata de una persona humana y, en consecuencia, es merecedora de la protección internacional. Los regímenes despóticos le temen mucho a eso porque parten del argumento de que ellos cuentan con sus propios jueces y que tener que recurrir a una instancia foránea menoscaba su soberanía judicial. Pero, en realidad, los regímenes autoritarios le temen a esa jurisdicción en virtud de que allí no pueden controlar a los jueces que sí controlan en sus propios países.
Preguntémonos nada más qué habría pasado si los familiares de Bassil Da Costa o de Geraldine Moreno, asesinados en el marco de las protestas de 2014, el primero por un funcionario de la policía política de Maduro, el Sebin, y la segunda por un GNB, hubieran podido apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esos dos casos tan emblemáticos hubieran sido considerados allí de una manera neutral y no bajo el influjo de la sesgada justicia chavista.
Preguntémonos qué habría pasado si los deudos de José Alejandro Márquez, de Juancho Montoya o de Adriana Urquiola, por citar algunos nombres de las víctimas de la violencia del año pasado, contaran ahora con la posibilidad de acudir al sistema de protección hemisférica para que los culpables de los asesinatos de sus familiares paguen por sus crímenes. Es a esto a lo que el chavismo le tiene pavor: a la posibilidad de que sus atrocidades agarren tarima internacional. El chavismo le tiene pánico a que sus crímenes se ventilen en unos escenarios que no puede manipular porque no están bajo su égida. De allí que la denuncia de la Convención resultara un objetivo tan estratégico para el Gobierno.
Y vaya fatal coincidencia: justamente cinco meses después de que entrara en vigencia la separación de Venezuela de la Convención (septiembre de 2013, repito) estallaron las enérgicas protestas de 2014, que arrojaron entre los meses de febrero y abril, según la organización de derechos humanos Provea, 854 heridos y lesionados. Un incremento de 270 por ciento con respecto al número registrado durante los doce meses de 2013, que fue de 316 víctimas. Provea señala que entre febrero y mayo del 2014 se produjeron 3.127 detenciones arbitrarias en el marco de las manifestaciones. Esa, según la ONG, fue la cifra más alta de los últimos 25 años y duplicó a la cifra de detenciones que se ejecutaron tras el caracazo.
¿Se entiende ahora por qué el chavismo necesitaba salirse de la Convención Americana? Eso, sin hablar del saldo de muertos que arrojaron las manifestaciones: 43. Por supuesto que el Gobierno no podía adivinar, como si tuviera una bola de cristal, que los acontecimientos se iban a desarrollar como se desarrollaron en 2014, pero es obvio que se estaba preparando desde hace tiempo para enfrentar un serio problema de gobernabilidad y necesitaba despojar a los ciudadanos de un sistema de protección que habría desnudado sus crímenes y su talante represor. Y no es que, como explicó en su oportunidad la experta en derechos humanos de la UCAB, Ligia Bolívar, Venezuela esté exenta de cumplir con sus obligaciones como Estado miembro de la OEA, así ya no forme parte de la Convención Americana, sino que, ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede acoger casos mediante la modalidad de quejas individuales. De ser así, allí estarían las madres de Bassil da Costa, de Geraldine Moreno, de Adriana Urquiola y de tantas otras víctimas de la represión del 2014. Pero eso, precisamente, es lo que evitaba a toda costa el chavismo.
Lo que le molestaba al chavismo de la Convención Americana de Derechos Humanos es que en su artículo 1 se establece que los estados partes están obligados a respetar los derechos y libertades consagrados en el Pacto de San José sin discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, religión y opiniones políticas. Sobre todo esto último. Lo que le molestaba al chavismo es que el artículo 4 habla del derecho a la vida. Un derecho que le arrebataron a Bassil Da Costa, a Geraldine Moreno, a Adriana Urquiola y, más recientemente, al niño Kluiverth Roa. Lo que le molestaba al chavismo es que el artículo 5 de la Convención habla del derecho a la integridad personal y, en su numeral dos, señala que nadie puede ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto, por supuesto, es incompatible con La Tumba y con la violación a los más elementales derechos a los que han sido sometidos los presos políticos y los estudiantes detenidos. Lo que le molestaba al chavismo es que el numeral 4 del artículo 5 señala que los procesados deben estar separados de los condenados y ya hemos visto cómo a los manifestantes se les ha enviado a cárceles comunes y se les ha mezclado con presos de alta peligrosidad.
Lo
que le molestaba al chavismo es que el artículo 7 de la Convención, en
su numeral tercero, pauta que nadie puede ser sometido a detención o
encarcelamiento arbitrarios y el Gobierno ha sido pródigo en este
sentido. ¿Dónde están las pruebas contra Leopoldo López? ¿Dónde están
las pruebas contra Antonio Ledezma, quien está investido con la
soberanía popular que otorgan más de 700 mil votos? ¿De dónde van a
sacar las pruebas para allanar la inmunidad parlamentaria del
coordinador general de Primero Justicia, Julio Borges, y tal vez
llevarlo también a la cárcel militar de Ramo Verde? Esto es lo que el
Gobierno detesta: que le recuerden que las detenciones deben tener un
sustento y que, además, un presidente de la República no puede erigirse
en juez a través de una cadena de radio y televisión para criminalizar a
la disidencia y ordenar su arresto.Lo que le molestaba al chavismo es que el artículo 11 de la Convención plantea: 1) Que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad 2) Que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3) Que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques. Pensemos nada más en lo que programas como Con el mazo dando o La Hojilla significan en términos de estos derechos elementales recogidos por el Pacto de San José y vulnerados sistemáticamente bajo la cobarde figura de los “patriotas cooperantes” o bajo las intervenciones telefónicas al más puro estilo del Big Brother. Eso es lo que el chav ismo detesta: que le recuerden que viola garantías universales. Es eso, el miedo al escrutinio, el temor a caer en una jurisdicción neutral, lo que al chavismo espanta del Pacto de San José.
Lo que le molestaba al chavismo es que el artículo 13 de la Convención Americana habla de la libertad de pensamiento y de expresión y en su numeral tercero pauta que no se puede presionar a los medios negándoles el papel para periódicos o ejerciendo controles indebidos hacia las frecuencias radioeléctricas. Esto, por supuesto, es algo que todo régimen autoritario desprecia. Lo que le molestaba al chavismo del Pacto de San José es que su artículo 16 garantiza la libertad de asociación con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales. Y hemos visto cómo el Gobierno la ha emprendido contra quienes defienden los derechos humanos y contra los partidos políticos. Este artículo, desde luego, no es compatible con el plan totalitario que auspicia el régimen, cuyo líder máximo, el presidente Nicolás Maduro, ya comienza a insinuar que hay que ilegalizar a la oposición porque la oposición no es un contrincante sino un enemigo.
Lo que le molestaba al chavismo del Pacto de San José es que en su artículo 21 establece el derecho a la propiedad privada y en Venezuela se han expropiado más de mil 200 empresas. Este elemento medular no entra en el portafolio de la pseudo revolución rora rojita. Y por ello hay que proscribirlo. Y por ello hay que obstaculizar toda posibilidad de que quien se vea afectado por la confiscación de esta garantía pueda recurrir de manera individual ante un organismo hemisférico para exigir que este derecho humano universal le sea reivindicado. Lo que al Gobierno le producía alergia es que la Convención Americana establece en su artículo 33 que quienes son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos que han contraído los estados partes del Pacto son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde luego: estar sometidos a ese corsé no es propio de los gobiernos que vulneran las garantías de sus ciudadanos.
Lo que al chavismo le “chocaba” de la Convención es que su artículo 44 prevé que cualquier persona o grupo de personas puede consignar ante la Comisión Interamericana quejas o denuncias de violaciones de las normas establecidas en el Pacto de San José. Este “empoderamiento” es a lo que el chavismo le huía con frenesí. A ningún dictador le gusta el Estado de Derecho. A ningún déspota le gusta la palabra apelación. La palabra casación. Y en eso la Convención es categórica (y eso, por supuesto, no era del agrado del chavismo): incluso establece en su artículo 46, numeral dos, que, aunque no se hayan agotado los recursos de jurisdicción interna, la persona afectada puede recurrir a la Comisión si no se ha respetado el principio del debido proceso para la protección de los derechos que han sido violados. Lo que al chavismo le irritaba de la Convención es que los estados partes, según reza el artículo 68, numeral uno, están obligados a acatar las decisiones que adopte la Corte Interamericana.
¿Ahora entendemos por qué Chávez quiso salirse del Pacto de San José? A ningún autócrata le gusta que haya una instancia que esté por encima de su arbitrio. Y ahora, cuando el chavismo se ve forzado a apelar a la represión porque ha ido perdiendo la calle, es cuando mejor se entiende esa jugada que Chávez lanzó en 2012 y que se hizo efectiva en septiembre de 2013. El chavismo no da puntada sin dedal. Cada vez lo conocemos más.
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