Las
modificaciones del sistema cambiario que fueron anunciadas el 10 de febrero
pasado han generado una serie de cuestionamientos en cuanto a su racionalidad y
funcionalidad. El primero de ellos se refiere a la decisión de mantener
incólume el control de cambios vigente desde hace 12 años, a pesar de estar
este tan corrompido y caduco, sin dar signos de la intención de desmantelarlo
progresivamente y de sustituirlo por un sistema cambiario dinámico y eficiente.
Otra crítica se relaciona con el mantenimiento de los tipos de cambio
preferenciales de 6,30 bolívares por dólar y de Sicad. Esa decisión, si bien
busca evitar el encarecimiento de los productos importados, no se justifica
desde el punto de vista económico, ya que esas tasas implican la preservación y
agravamiento de una sobrevaluación desproporcionada de la moneda. Eso significa
que el gobierno seguirá subsidiando las divisas preferenciales a pesar de la
crítica escasez que de ellas existe, particularmente después del desplome de
los precios del petróleo de los últimos meses. Esa crítica sería aún más grave
si el tipo de cambio de 6,30 bolívares por dólar no solo se mantiene para las
importaciones de alimentos y medicinas, como ha sido anunciado, sino que
también se aplicare a todas las del sector público, pues ello implicaría que un
altísimo porcentaje de las compras foráneas se seguirían haciendo a esa tasa
fija absurdamente baja, lo cual propiciaría aún más la profunda corrupción que
caracteriza el manejo del control cambiario.
Si bien
la decisión de crear el Sistema Marginal de Divisas, Simadi, se puede
considerar como positiva, pues la misma busca corregir el grave error que se
cometió en mayo de 2010, cuando se declaró ilegal el mercado de permuta de
títulos valores, o mercado paralelo, han surgido una serie de cuestionamientos
y dudas acerca de su posible funcionalidad y eficacia. Si bien se ha anunciado
que a través de ese mercado se podrán adquirir divisas libremente y a un tipo
de cambio que se establecerá por el libre juego de oferta y demanda, las
operaciones de compra-venta de dólares que allí se realicen estarán sujetas a
una serie de regulaciones y normas que podrían distorsionar y limitar su
funcionamiento, apartándolo de lo que debería ser un verdadero mercado libre de
divisas. En efecto, la estrecha supervisión en cuanto al origen y el destino de
los fondos, la obligación de canalizar las operaciones a través de cuentas
denominadas en dólares en bancos locales cuyos fondos deben ser mantenidos en
cuentas en moneda extranjera en el BCV, y el posible requisito de aprobación
previa de las transacciones por el instituto emisor pudieran desincentivar la
oferta privada de dólares y limitar la cantidad de divisas que se pudieran
adquirir en ese mercado.
Otro
factor que pudiera distorsionar las operaciones del Simadi es la elevada
cantidad de bolívares que se puede destinar a la compra de dólares debido a la
alta y creciente oferta monetaria existente. Dado que Pdvsa tendrá que seguirle
vendiendo el grueso de sus mermadas divisas al BCV a razón de 6,30 bolívares
por dólar, y que sus gastos probablemente seguirán siendo muy elevados, su
gestión financiera podría seguir siendo ampliamente deficitaria,
particularmente si el precio de la gasolina no es aumentado. Eso la
obligaría a seguir buscando financiamiento en el BCV, que seguiría creando
dinero inorgánico en grandes cantidades, que generaría un fuerte aumento de la
oferta monetaria. Si paralelamente la oferta de dólares en el Simadi se ve
restringida por los pocos dólares que puede vender allí Pdvsa, por las bajas
reservas internacionales líquidas y por los pocos incentivos de los oferentes
privados, las intenciones de bajar el tipo de cambio libre se podrían ver
frustradas.
Como se ve, se necesita mucho más
que aplicar unas medidas cambiarias aisladas, muchas de ellas sin fundamento
económico, como ha sido el caso hasta ahora.
Vía El Nacional
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