Si derogan el decreto que lleva su apellido, el 8610 quedará tácitamente como el responsable por el asesinato de Kluiverth Roa. Pero si no lo derogan, el gobierno demuestra que la muerte del jovencito le importa un pepino.
Por
Elizabeth Fuentes.-
La lamentable declaración de la fiscal Luisa
Ortega Díaz, al comparar la situación del joven asesinado con la de su
asesino, da pie a demasiadas interpretaciones. La fiscal dijo que ambas
tragedias, la de dos jóvenes venezolanos, eran más o menos similares.
Básicamente, la funcionaria intentó repartir las cargas de la culpa.
Sufre la víctima pero también el victimario, una novedosísima hipótesis
jurídica proveniente nada menos que de quien debía velar por la
justicia y los derechos humanos. Pobrecito el policía, que no hizo otra
cosa que interpretar el decreto de su superior Padrino López y, al
sentirse amenazado de muerte por un muchachito de catorce años que se
le escapó de las manos, optó por asesinarlo.
Y aunque ya el
general Padrino López se había encargado de defender su decreto, de
calificarlo como un “documento hermosísimo, de profundo respeto a los
derechos humanos, a la vida y a los manifestantes incluso…” (el
subrayado es nuestro porque, como se ve, para el general Padrino López
los manifestantes son algo distinto a ” la vida y los derechos
humanos”), el panorama se le complica porque a raíz del trágico episodio
en el Táchira, al Ministro de la Defensa no le quedaría otra que
derogar su decreto, lo que inmediatamente convertiría al 8610 en
responsable de la conducta del policía. De hecho, sería un argumento
para su defensa. Pero si no lo deroga, el ejecutivo demostraría no
solo una absoluta insensibilidad hacia lo ocurrido, sino que exhibiría
desde hoy y para siempre su cara de represor, su conducta inhumana y
dictatorial, su ADN abusador y antidemocrático. Y todo eso a escasos
meses de las elecciones parlamentarias, que es lo que realmente les
quita el sueño. Porque les interesan tanto los resultados de esa
elección, que no fue por azar que los nuevos diarios del gobierno (El
Universal y Ultimas Noticias), ocultaron en un recuadro menudito la
noticia sobre el jovencito asesinado – aunque lo que destacaban era que
el policía se había puesto a la orden de los tribunales- y le dieron el
titular enorme y fundamental al hecho de que el CNE dio fecha para las
primarias del PSUV y de la MUD.
Sobre
los comentarios del presidente Maduro – la culpable es la derecha o que
el jovencito pertenecía a una secta-, no merecen ni siquiera una
réplica argumentara. Conviene más bien releer lo que el politólogo
Victor Mijares, politólogo del Instituto Alemán de Estudios Globales y
Regionales (GIGA), dijo a la cadena alemana DW en relación a Maduro y
el decreto Padrino López:
“Ni la tiranía
más cruel opta de buenas a primeras por reprimir a la población. La
represión es un ‘mal necesario’ a los ojos de los mandatarios que son
ilegítimos en términos de gobernabilidad democrática. Si Maduro apuesta a
la represión no es porque la prefiera, sino porque no tiene otro
recurso a mano para mantener la cohesión dentro del chavismo
post-Chávez. La debilidad de su liderazgo y su inseguridad lo llevan a
ello”. “La resolución 008610 del Ministerio de Defensa es evidencia
clara de que el Gobierno necesita instrumentos para legalizar la
represión. Eso era previsible dadas las actuales condiciones
socioeconómicas, que dificultan la estabilización del país y atizan el
descontento general. El Gobierno se verá obligado a recortar el gasto
público y redirigir la renta petrolera, pero se guardará las espaldas
mediante mecanismos que le permitan, por lo menos, amenazar con el uso
de la fuerza; un gesto que, de por sí, es un acto de violencia
estructural”.
No comments:
Post a Comment