En pocas palabras. Javier J. Jaspe
Washington, analisislibre.org February 23, 2015
La dictatura militar presidida por el ilegítimo Nicolás Maduro ha acentuado su carácter represivo en el curso del presente mes, lo cual se encuentra presionando en favor de cambiar su gobierno por otro que permita abonar el camino hacia una tansición democrática.
Esta semana, el régimen parece haberle dado un palo a la lámpara con la detención de Antonio Ledezma, Alcalde Mayor de Caracas, a quien acusan de estar envuelto en una conspiración auspiciada por Estados Unidos para tumbar a Maduro, mediante un despliegue violento y brutal de fuerzas policiales, donde causaron cuantiosos daños a sus oficinas, lo vejaron desconsideradamente y pusieron en grave riesgo su vida. Maduro también ha anunciado que esperan detener igualmente a Julio Borges, jefe máximo del partido Primero Justicia; a María Corina Machado, lider de la oposición; y a dirigentes de Voluntad Popular, partido encabezado por Leopoldo López, quien cumplió recientemente un año injusta e ilegalmente encarcelado. En los medios también se han publicado amenazas de voceros del gobierno, para destituir y someter a prisión a Henrique Capriles Radonski, Gobernador del Estado Miranda.
Febrero en la historia venezolana
Febrero ha sido generalmente un mes con mucho movimiento en la escena histórica venezolana. Valga la pena recordar que en un mes como éste se produjeron hechos, tales como: La batalla de la Victoria, Estado Aragua, el 12 de febrero de 1814, ganada por las fuerzas patriotas, integradas por jóvenes universitarios y seminaristas, comandados por José Félix Ribas, a las fuerzas realistas de José Tomás Boves y Francisco Tomás Morales; los acontecimientos estudiantiles en febrero de 1928, en contra de la dictadura de Juan Vicente Gómez, los cuales dieron carta de nacimiento a la generación de 1928 de tanta significación en la fundación de los partidos que enriquecerían la lucha por la democracia en Venezuela; y las movilizaciones populares en febrero de 1936 que presionaron al gobierno de Eleazar López Contreras, sucesor de Gómez, a presentar su programa de modernización institucional y de mayor apertura democrática.
En época más hacia la segunda parte del siglo XX y lo que va del XI: el célèbre “viernes negro” ocurrido el 18 de febrero de 1983, el cual trajo el control de cambios para dar punto final a la libre convertibilidad de la moneda nacional y al dólar a Bs. 4,30; el llamado “Caracazo” del 27 de febrero de 1989, instigado por fuerzas castristas infiltradas, con su cadena de saqueos y cuantioso numero de víctimas; el fracasado golpe militar del teniente-coronel, Hugo Chávez Frías, el 4 de febrero de 1992, en contra del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez; y las manifestaciones ocurridas a partir de febrero del año pasado en contra del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, las cuales dejaron más de 43 víctimas, cientos de detenidos y decenas de heridos y torturados.
Incremento de la represión
Las detenciones de Ledezma y los demás personeros de la oposición mencionados al comienzo de este artículo han venido precedidas de otras manifestaciónes represivas recientes del régimen militarista encabezado por Maduro bajo el tutelaje de los Castro en Cuba, entre otras: la Resolución No, 8610 del Ministerio de la Defensa, mediante la cual Maduro y los militares se auto otorgaron licencia para matar a los participantes en manifestaciones pacíficas de la oposición democrática; el constante acoso y tortura efectuados en contra de los estudiantes que se encuentran detenidos, especialmente los que se mantienen recluidos en la prisión conocida con el remoquete de “la tumba” en la sede del SEBIN en Caracas; el ruleteo en los juicios, tales como los seguidos a Leopoldo López y al alcalde Daniel Ceballos, con el fin de mantenerlos indefinidamente bajo prisión, al par de vejarlos y castigarlos en calabozos infamantes; la resolución también emitida por el Ministerio de la Defensa en materia de contrainteligencia, mediante la cual se legitima la política de considerar “enemigo” a cualquier persona de la oposición y se oficializa la labor de espionaje de los llamados “patriotas cooperantes”; y la persecución sistemática de unidades empresariales privadas con el fin de culparlas de la crisis de desabastecimiento que vive la sociedad venezolana, gracias a las equivocadas políticas oficiales, bien sea cerrándolas, interviniéndolas, confiscándolas o sometiéndolas a medidas de administración compulsiva.
Posibles objetivos del aumento de la represión: la hipótesis del peine…
El aumento de la represión del régimen madurista/militarista, no sólo respondería a su interés de atemorizar a la población y reducir la amplia protesta popular que se realiza merecidamente en contra de sus desatinos también este año. Pensamos, que dicho aumento es principalmente un peine de un arma que ha montado Maduro a la oposición democrática, con el consejo de los Castro y la complicidad de un sector de Unasur, para lograr, entre otros, los siguientes objetivos: (i) provocar una reacción airada de la oposición democrática capaz de desembocar en una situación que le permita justificar la declaratoria de un régimen de excepción y la suspension de las elecciones para la designación de los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional; o cuando menos debilitarla de tal modo que valiéndose de los resortes del poder, el gobierno pueda organizar un fraude electoral ; (ii) acentuar la división existente en el seno de la oposición entre quienes pugnan por una salida de Maduro del poder y quienes desean que la oposición se concentre exclusivamente en la tarea de participar en las elecciones para designar a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional; y (iii) estimular el incremento de la abstención electoral de los votantes opositores.
En
otras palabras, el interés primordial de Maduro al aumentar la
represión y provocar una crisis en el seno de la oposición sería el de
mantener el control de la Asamblea Nacional, el cual le ha permitido,
junto con el dominio de los demás órganos de los poderes públicos
(Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales, Fiscalía General de la
República, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo),
concentrar de manera autoritaria junto con un cogollito militar, bajo
el tutelaje de los Castro, el ejercicio del poder para implantar el
castrocomunismo en Venezuela. Ésto, porque actualmente todo apunta a que
las elecciones para elegir los nuevos integrantes de la Asamblea
Nacional deberían ser ganadas por la oposición democrática de manera
aplastante, como lo revelan unanimemente las encuestas efectuadas al
respecto.Un variado número de factores estarían jugando para el aludido proceder represivo del gobierno. Valga la pena mencionar, entre ellos, sin indicar rango de prelación: la debilidad del régimen en las últimas encuestas donde se muestra que más del 85% de la población considera negativa la situación del país (http://www.noticierodigital.com/2015/02/datanalisis-856-evalua-de-manera-negativa-la-situacion-del-pais/); la reducción de los precios petroleros que han ubicado el deficit fiscal y las reservas internacioanles en niveles sumamente críticos; el aumento de la escasez y la inflación; el menor interés que muestran los Castro por el gobierno de Maduro, por encontrarse ocupados con las negociaciones para normalizar sus relaciones con Estados Unidos; las revelaciones que habría hecho Leamsy Salazar a la DEA en Estados Unidos, persona de confianza del finado Hugo Chávez y escolta de Diosdado Cabello, sobre la muerte del primero el 30 de diciembre de 2012 (y no el 5 de marzo de 2013), así como para denunciar el liderazgo que ejerce el segundo sobre el llamado cartel de los soles en el negocio de las drogas; el descontento cada vez mayor entre los militares ante la falta de capacidad de Maduro y su gobierno para lidiar con la grave crisis económica, política y social del país; la división en el seno del PSUV; y la presión que ejercen los llamados colectivos paramilitares chavistas para una mayor radicalización del régimen en la implantación del castrocomunismo en el país.
La perspectiva de la oposición democrática
La oposición democrática venezolana parece encontrarse dividida entre quienes desean una solución que permita poner cese este mismo año al gobierno de Maduro y quienes optan por centralizar todo el esfuerzo opositor para ganar las venideras elecciones y designar a los nuevos miembros de la AN. Esta situación de división podría dar lugar a que la oposición, o una parte de ella, caiga bajo el peine montado por Maduro con el aumento de la represión, falicitando el logro de los objetivos que éste persigue según lo arriba indicado. De ser cierto que existe una división de la oposición por la razón indicada, pensamos que la misma se ha basado en una falsa disyuntiva, ya que sería posible construir una doble vía que permita avanzar armónicamente en ambas direcciones.
Al
contrario, al considerar la lucha por la cesación del gobierno
madurista y la participación en las elecciones para la AN como objetivos
excluyentes, la oposición le estaría haciendo el juego al gobierno, el
cual, con el afán de provocar divisiones entre sus integrantes, ha
emplazado a los líderes de la oposición a manifestar explícitamente si
están con el “golpe” o con la “democracia”. Hostigamiento que ha llegado
hasta el punto de incluir entre las acusaciones que se hacen a Ledezma y
otros líderes de la oposición para someterlos a prisión, el haber
incurrido en un supuesto “doble juego” consistente en luchar por un
cambio de gobierno que permita la transición democrática y el de
participar en el evento electoral (http://www.lapatilla.com/site/2015/02/19/el-acuerdo-nacional-para-la-transicion-golpe-de-estado-en-papel-que-asusta-al-gobierno-nacional/).Por otra parte, el hecho de que al gobierno le irrite lo que llama despectivamente el “doble juego” es un claro indicativo de que la lucha combinada de la oposición por los objetivos antes mencionados es la adecuada y se encuentra respaldada por razones de peso. Entre otras: Primero. porque la cesación del gobierno de Maduro es un sentimiento compartido por la mayoría de los venezolanos, como lo revelan todas las encuestas, donde más del 80% de los encuestados se pronuncian por esta solución. Si la oposición no actuara de conformidad con este sentimiento, estaría siendo inconsecuente con la mayoría nacional y perdería votos en las elecciones venideras.
Segundo, porque ya se ha anunciado que las elecciones para la AN estarían programadas a ser celebradas en el próximo mes de julio y las primarias de la MUD en mayo, con lo cual resulta casi imperativo consolidar la unidad inmediata de la oposición en pos del triunfo electoral, sin que ello signifique bajar la guardia para lograr la cesación del gobierno de Maduro. Y tercero, porque si el resultado electoral se traduce en un triunfo de la oposición democrática, o en un fraude electoral del gobierno, cualesquiera de tales hechos, con las diferencias que haya que guardar en cada caso, vendría a potenciar los elementos que se estarían conjugando para lograr la cesación del gobierno de Maduro este año, o a no más tardar con un referendum revocatorio en el 2016, como lo desea la mayoría de los venezolanos.
La cesación del gobierno de Maduro y su cambio por otro de transición democrática tiene respaldo constitucional
Se ha dicho que la lucha por la cesación del gobierno de Maduro es un objetivo que puede seguirse en coordinación con la lucha electoral, por no ser estos objetivos excluyentes sino más bien concurrentes. Efectivamente, no es cierto, como se sostiene en la cantilena del gobierno, que luchar por un cambio hacia la transición constituye un golpe de Estado. Más bien habría que agradecer el llamado a los diversos sectores del país (y no sólo a los opositores) que hacen los dirigentes de la oposición, Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López, para perfilar un Acuerdo hacia la transición democrática, en el documento que fue citado con anterioridad. A este documento, dicho sea de paso, podría adherirse el resto de dirigentes de la oposición (sin perjuicio de que puedan sugerirse ampliaciones o cambios que no lo desnaturalicen), ya que el mismo cuenta con respaldo constitucional.
Efectivamente,
la propia Constitución en sus artículos 333 y 350 exige como deberes
ciudadanos el luchar en contra de las derogaciones, inobservacias y
violaciones constitucionales, materia ésta en la cual se ha
especializado con singular aplicación el gobierno madurista. Dichos
artículos, en su parte pertinente dicen:Artículo 333. Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.
En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.
Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.
Nótese, en primer término, que los destinatarios de las normas antes transcritas son todos los venezolanos sin distinción, incluidos los miembros del estamento militar. Adicionalmente, existe abundantes pruebas para demostrar que el gobierno de Maduro está incurso en una ilegitimidad tanto de origen como desempeño, así como que ha incurrido en reiteradas derogaciones e inobservancias del texto constitucional, en violaciones a los valores, principios y garantías democráticos, y en el menoscabo de los derechos humanos de los venezolanos.
La aludida ilegitimidad del gobierno de Maduro se habría puesto especialmente de manifiesto, con motivo de las confesiones presuntamente realizadas en época reciente por Leamsy Salazar a las autoridades de Estados Unidos, al informar que el finado Hugo Chávez falleció el 30 de diciembre de 2012 y no el 5 de marzo de 2013, como fraudulentamente Maduro y su gobierno militar ha hecho creer a los venezolanos, para amparar un número considerable de decretos falsamente suscritos con el puño y letra de Chávez (http://www.reportero24.com/2015/02/leamsy-salazar-con-chavez-muerto-la-cupula-chavista-mando-ilegitimamente-por-meses/). Tales decretos y los actos a que éstos dieron lugar se encuentran viciados de nulidad absoluta y afectan gravemente la responsabilidad de quienes los hicieron posibles o se beneficiaron de los mismos, a tenor del artículo 25, en concordancia con el artículo 138, del texto constitucional, los cuales a la letra rezan:
Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.
Artículo 138. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
Por tanto, el aludido proceder de Nicolás Maduro y su gobierno no sólo compromete su responsabilidad penal, civil y administrativa, y vicia de nulidad absoluta todos los actos promulgados con su firma y la de Chávez en el período en que ya estaba muerto, sino que además confirma el carácter ilegítimo de su régimen e impone la necesidad de aplicar los dispositivos constitucionales contenidos en los artículos 333 y 350 arriba transcritos, como allí se le exige a los ciudadanos y en general a todo el pueblo venezolano.
La elección de Maduro como Presidente se encuentra viciada de nulidad absoluta
Mención aparte merece la situación que se ha producido con la elección de Maduro como Presidente, ya que si Chávez murió el 30 de diciembre de 2012, como afirma Leamsy Salazar y alega poder demostrar, dicha elección es absolutamente nula, por virtud de lo dispuesto en los artículos 25 y 138 de la Constitución arriba citados, al Maduro haber usurpado la autoridad de la Presidencia de la República y violado, inobservado o menoscabado el texto constitucional.
La anterior conclusion aparece de bulto porque tanto el gobierno de Maduro como el Consejo Nacional Electoral habrían incurrido fraudulentamente en la violación de normas constitucionales que debieron aplicarse con motivo de la muerte de Chávez, el 30 de diciembre de 2012, al haberse configurado la falta absoluta de un presidente electo, como lo era éste en aquél momento, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 233 de la Constitución, cuyo texto en su parte pertinente dice así:
Artículo 233…..
Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional..
La elección de Maduro se produjo a través de un procedimiento donde se burló la aplicación del dispositivo constitucional arriba transcrito, violándose así la norma, según la cual, correspondía al Presidente de la Asamblea Nacional encargarse de la Presidencia de la República, con el fin de que se celebraran elecciones dentro de los treinta días consecutivos siguientes a la muerte de Chávez, el 30 de diciembre de 2012. En cambio, las elecciones se celebraron el 14 de abril de 2013, es decir, pasados más de tres meses desde el 30 de diciembre de 2012, violándose abiertamente el artículo 233 y dando lugar a la aplicación de los artículos 25, 138, 333 y 350, los cuales se han transcrito arriba.
Conforme a lo expuesto, el cúmulo constitucional anteriormente comentado justifica y exige con creces la necesidad de que el gobierno de Nicolás Maduro sea sustituido por un gobierno de transicion democrática, con el fin de restablecer la vigencia del texto constitucional.
En pocas palabras, las noticias que nos llegan de Venezuela revelan que la dictatura militar presidida por el ilegítimo, Nicolás Maduro, ha acentuado su carácter represivo en el curso del presente mes. En los párrafos que anteceden se realizan consideraciones relacionadas con la posibilidad de que este incremento de la represión gubernamental constituya un peine de un arma montada por Maduro para debilitar y dividir la oposición democrática, la cual, según las encuestas, debería arrasar en las elecciones para designar este año los nuevos miembros de la Asamblea Nacional. Veremos….
No comments:
Post a Comment