21 DE SEPTIEMBRE 2016 - 12:01 AM
Al comenzar el segundo período de sesiones, la Asamblea Nacional dirigió su artillería hacia quienes pretenden disolverla o desconocerla: los poderes Judicial, Ejecutivo y Electoral. Contra el primero, la plenaria aprobó un acuerdo en rechazo a la usurpación de funciones del Tribunal Supremo de Justicia a través de 27 sentencias que, en la práctica, anulan al Legislativo.
En lo que respecta al gobierno, rechazó la extensión del Decreto de Emergencia Económica Nº 2323, por considerarlo inconstitucional e “ineficiente”, y avanzó en la reforma de la Ley de Telecomunicaciones que elimina las cadenas y la “hegemonía comunicacional” del Estado.
En respuesta al Consejo Nacional Electoral, designó a los 10 representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Electorales y los juramentó junto a los 11 parlamentarios, que lo integran y que escogerán a dos rectores principales del ente comicial. Esta instancia se instala hoy y convocará a candidatos a suplir a Tania D’Amelio y Socorro Hernández antes del 3 de diciembre cuando vencen sus períodos.
La fracción de la Mesa de la Unidad Democrática y del PSUV se acusaron entre sí de violar la Constitución. Elías Jaua reapareció luego de tres meses de ausencia. El oficialismo salvó sus votos, pues los diputados Pedro Carreño y Hugbel Roa dijeron que “los actos de la AN son nulos, son inoficiosos. La AN continúa ilegal”.
Aunque la presidente de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, propuso que se declararan nulas todas las sentencias del TSJ contra el Legislativo, la plenaria decidió “activar la sustitución de los magistrados” escogidos a fines de 2015; interponer una denuncia ante la Fiscalía por los delitos cometidos, “decisiones arbitrarias, negación del debido proceso” por los miembros del Poder Judicial, específicamente contra las salas Constitucional y Electoral, y que el caso sea expuesto ante la ONU, OEA, Mercosur y la Unión Interparlamentaria Mundial.
La bancada de la MUD usó un video en el cual puede verse y oír a Hugo Chávez, a los ex parlamentarios del PSUV, Roberto Hernández, Calixto Ortega (hoy magistrados) y a Carlos Escarrá, rechazando el 27 de febrero de 2007 una sentencia del TSJ que desconocía las atribuciones del Parlamento.
El presidente del Legislativo, Henry Ramos Allup, ordenó colocar el materia en la página web, como evidencia de que el oficialismo consideró que el TSJ ocasionó un “golpe de Estado” contra otra institución, en ese entonces dirigida por la primera dama, Cilia Flores. Ortega deploró “la invasión de funciones” y Escarrá instó: “Llevemos a Uribana a los siete magistrados”.
En el debate sobre el Decreto de Emergencia se acordó exigir a instancias internacionales “poner freno al desmantelamiento de la democracia y del Estado de Derecho”. El diputado de la MUD, Sergio Vergara, advirtió: “(Nicolás) Maduro pretende cubrir cualquier acto de corrupción”. Omar Barboza denunció que el texto ha sido prorrogado 240 días, el doble de lo que permite la Constitución. Ramón Lobo (PSUV) respondió que la emergencia facilitó conseguir recursos para la nación.
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