MARIANELLA SALAZAR
23 DE NOVIEMBRE 2016 - 12:05 AM
La autocensura practicada por los medios en manos del régimen o de sus enchufados y testaferros quedó en evidencia con el escandaloso ocultamiento del veredicto unánime de un gran jurado, en un tribunal de Nueva York, que declaró culpables a los llamados narcosobrinos de la pareja presidencial: Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Esos medios decidieron esconder el sol con un dedo e inútilmente desaparecieron la noticia bomba de sus periódicos y canales de televisión. Las impactantes grabaciones, los mensajes de celulares, correos y documentos fueron tan contundentes que la defensa no tuvo otra estrategia que apelar a la lástima del jurado, al declarar que los pobres muchachos “eran tan estúpidos que es muy poco probable que pudieran armar una conspiración para traficar 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos”.
Allí está la confesión –grabada secretamente– de esos dos “hombres nuevos”, productos finamente acabados de la narcorrevolución, que se ufanaban del poder de los tíos que les facilitaron sus pasaportes diplomáticos, y como un par de bocones se las echaban de su dinero proveniente del narcotráfico. Los sobrinos presidenciales resultaron ser dos expertos en manipular cocaína de alta pureza con guantes quirúrgicos, de esos que hacen falta hoy en los hospitales de este país.
Todas esas aberraciones fueron borradas de la memoria oficial, de los medios rojos y semirrojos venezolanos, mientras el escándalo puso a Maduro a bailar con sus narcosobrinos, en diferentes memes en las redes sociales que se hicieron virales en cuestión de minutos. Pero lo verdaderamente inaceptable es que el Ministerio Público no haya ordenado una inmediata investigación, que revele cuál es la conexión de los narcosobrinos con la familia Maduro-Flores, las complicidades existentes en la Presidencia de la República, el Ministerio de la Defensa y la Cancillería, que tienen mucho que explicar o, mejor dicho, confesar sobre el uso que los narcosobrinos dieron a la rampa 4 –la rampa presidencial en el aeropuerto Simón Bolívar–, convertida en una de las pistas preferidas por los narcotraficantes, sean miembros de la narcoguerrilla de las FARC, los narcosoles o de ¿ex aliados revolucionarios?, como Walid Makled, que usaba sus aviones de Aeropostal para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, hasta llegar a los “estúpidos” narcosobrinos que la usaban a sus anchas.
Inventaron un supuesto complot político y acusaron al gobierno de Estados Unidos de secuestro, y hasta de sembrar el caso para promover una invasión. Un argumento que causó risas en el jurado cuando los abogados, pagados por el magnate rojo Wilmer Ruperti –con dólares obtenidos sin licitación en Pdvsa–, intentaron aplacar la contundencia de las pruebas y, lo que es más grave, la poderosa fuerza de las grabaciones en las que también dejan al descubierto la lucha de poder entre el número dos, Diosdado Cabello y la familia Maduro-Flores.
El caso de los narcosobrinos es la punta del iceberg. La justicia internacional descubrirá y enjuiciará a los verdaderos capos que manejan la extensa red de narcotráfico desde Venezuela hacia Estados Unidos y Europa. El país está a un tris de ser declarado como narcoestado. La Asamblea Nacional debe llegar hasta las últimas consecuencias e impedir que el G3 de la MUD, encompinchado con los representantes del narcorrégimen, paralice las investigaciones en las mesas de diálogo, como hicieron con el debate sobre las responsabilidades políticas del tío en la debacle del país.
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