AGUSTÍN BLANCO MUÑOZ | EL UNIVERSAL
viernes 25 de mayo de 2012 03:12 PM
No hay día sin alguien que mate al golpista presidente (GP). Esto se volvió un juego, circo o distracción que produce en muchos frustración, inestabilidad y confusión sobre lo que aquí ocurre.
El inventario hoy es muy claro: cada día se le otorga mayor espacio político al golpista-presidente (GP) quien aprovecha la coyuntura para aumentar su mesianismo.
Estamos entonces, como se ha dicho, frente a un caudillismo de larga data. La liquidación del guzmancismo desemboca en la tiranía Castro-Gómez.
A la hora de la muerte natural de Gómez, quien se suponía el último gobernante de fuerza, advino una llamada transición, con López y Medina que, con el aval de sus opositores, mantuvo intactas las estructuras del Estado y llevó el caudillismo a otra forma de ser y actuar.
Continúa así la ficción de democracia y libertad que ya había sido esbozada por Guzmán Blanco. Las llamadas nuevas escuelas civiles y militares, que derrocan por la vía violenta el gobierno de Medina Angarita, se recubren de inmediato con el ropaje exigido.
Betancourt se siente el mayor heredero del caudillismo-mesiánico y le imprime la cobertura del partido y de un pueblo-colectivo. Continúa la organización vertical en cuyo vértice está un jefe único y todopoderoso.
Pero RB sabía que en ese momento su liderazgo no tenía la fuerza necesaria para enfrentar los militares. Y por ello lleva a Rómulo Gallegos a una presidencia que estaba condenada de antemano a caer en manos de la conspiración, como ocurrió el 24 de noviembre de 1948.
Se abre entonces el período de los 10 años de lo que se ha llamado perezjimenismo. El mismo caudillismo, cambiando de forma y revestido de planes de modernización.
Los 40 años de democracia representativa conservan el mismo Estado que pertenece a las fuerzas del saqueo pero con una mayor utilización de las respectivas ficciones.
Contaban con un asiento político-partidista y una plataforma de renta petrolera que sirvieron para consolidar la institución de la corrupción y el reparto destinado a tranquilizar las conciencias y a ganar proselitismo.
Una vieja política clientelista que fue incapaz de impedir el agotamiento que termina por producir una situación del contenido y proyección del 27F-89.
Y en ese marco, los grandes beneficiarios de la renta petrolera acuerdan una salida con fuerzas militares y civiles, con una vestimenta, ahora "revolucionaria". En su contenido, sin embargo, no es más que la continuación de la política del afianzamiento del Estado de corte neocolonial que CAP retocó para una distribución menos grosera de los privilegios.
Con el llamado "gobierno revolucionario" el Estado no experimenta cambios significativos, se limita en la práctica la descentralización e impulsa la centralización para llevar todos los poderes a las manos del caudillo mayor o jefe único.
A 200 años de república sin república están a buen resguardo los orígenes de todas las desigualdades. Y hoy estamos ante una síntesis de lo actuado en el campo del caudillismo mesiánico y la opresión.
Hoy tenemos una sociedad absorbida por la enfermedad, real o no, del GP, controlada por la vía del miedo y la represión, bajo el mando de un caudillismo-autoritarismo agotado y ante una ausencia de sucesión. ¿Qué va a pasar entonces aquí? ¿Puede negarse que vamos hacia una profunda inestabilidad que llevaría a los grupos polarizados a una violenta confrontación por los dominios del mando-poder?
El Estado actual está controlado hoy por una nueva fuerza militar-civil que cuenta con relaciones claramente establecidas a nivel de capital y renta petrolera. Nadie puede suponer siquiera que estamos ante una revolución que tiene como agente principal al proletariado ni nada parecido. El poder del Estado está en las mismas manos y lo que se ha movido reposa en las forjas de los boliburgueses.
Una revolución con una política de Estado dispuesta para servirse de la actuación de dos bandos que representan y preservan la institución. Entre ellos dos se reparten los privilegios del poder, mientras la política que se adelanta se ocupa de controlar el grueso de la sociedad con la inseguridad y el espectáculo-circo.
El activismo político lo ejerce en lo fundamental el bando armado del Estado, que cuenta además con la maquinaria de la delincuencia y el narcotráfico. El otro bando, ante la imposibilidad de enfrentar, se lanza hacia una política de imitación y convalidación.
Por una parte, señaló Pablo Hernández Parra en su conferencia este lunes 21/05 sobre las posibilidades de una guerra civil, el oficialismo registra una baja de la pobreza y por la otra el alza de las cifras de criminalidad. Y esto, agregamos, lleva a pensar en una inseguridad programada que libra al Estado de todo movimiento organizado de y para la subversión.
En ningún otro momento de nuestra vida republicana se había presenciado una campaña electoral con una fuerza gubernamental desatada en su expresión violenta y una de oposición poniendo la mejilla de la conciliación, la paz y el entendimiento ¿De dónde se saca este comportamiento tan alejado de nuestra realidad política? ¿Por qué tomar y exaltar las banderas del supuestamente contrario? ¿Una Ley de Misiones para asegurar la disposición a dar más y con mayor calidad?
Y mientras avanza esa identificación, el registro de muertes no se detiene. La guerra es en el propio bando oficial por el control de espacios, poderes como el relativo al narcotráfico y demás capitales. Y este bando a la vez va contra todos los demás y en particular contra aquellos que no concilien con el padre Estado-Revolución.
No se trata simplemente de una guerra con rasgos de civil que viene, sino que ya está andando en este expaís y que cada día liquida más y más gente mientras la revolución socialista sin socialismo, avanza criminalmente a paso de vencedores y con el aval incluso de sus oposiciones. ¡Qué historia amigos!
El inventario hoy es muy claro: cada día se le otorga mayor espacio político al golpista-presidente (GP) quien aprovecha la coyuntura para aumentar su mesianismo.
Estamos entonces, como se ha dicho, frente a un caudillismo de larga data. La liquidación del guzmancismo desemboca en la tiranía Castro-Gómez.
A la hora de la muerte natural de Gómez, quien se suponía el último gobernante de fuerza, advino una llamada transición, con López y Medina que, con el aval de sus opositores, mantuvo intactas las estructuras del Estado y llevó el caudillismo a otra forma de ser y actuar.
Continúa así la ficción de democracia y libertad que ya había sido esbozada por Guzmán Blanco. Las llamadas nuevas escuelas civiles y militares, que derrocan por la vía violenta el gobierno de Medina Angarita, se recubren de inmediato con el ropaje exigido.
Betancourt se siente el mayor heredero del caudillismo-mesiánico y le imprime la cobertura del partido y de un pueblo-colectivo. Continúa la organización vertical en cuyo vértice está un jefe único y todopoderoso.
Pero RB sabía que en ese momento su liderazgo no tenía la fuerza necesaria para enfrentar los militares. Y por ello lleva a Rómulo Gallegos a una presidencia que estaba condenada de antemano a caer en manos de la conspiración, como ocurrió el 24 de noviembre de 1948.
Se abre entonces el período de los 10 años de lo que se ha llamado perezjimenismo. El mismo caudillismo, cambiando de forma y revestido de planes de modernización.
Los 40 años de democracia representativa conservan el mismo Estado que pertenece a las fuerzas del saqueo pero con una mayor utilización de las respectivas ficciones.
Contaban con un asiento político-partidista y una plataforma de renta petrolera que sirvieron para consolidar la institución de la corrupción y el reparto destinado a tranquilizar las conciencias y a ganar proselitismo.
Una vieja política clientelista que fue incapaz de impedir el agotamiento que termina por producir una situación del contenido y proyección del 27F-89.
Y en ese marco, los grandes beneficiarios de la renta petrolera acuerdan una salida con fuerzas militares y civiles, con una vestimenta, ahora "revolucionaria". En su contenido, sin embargo, no es más que la continuación de la política del afianzamiento del Estado de corte neocolonial que CAP retocó para una distribución menos grosera de los privilegios.
Con el llamado "gobierno revolucionario" el Estado no experimenta cambios significativos, se limita en la práctica la descentralización e impulsa la centralización para llevar todos los poderes a las manos del caudillo mayor o jefe único.
A 200 años de república sin república están a buen resguardo los orígenes de todas las desigualdades. Y hoy estamos ante una síntesis de lo actuado en el campo del caudillismo mesiánico y la opresión.
Hoy tenemos una sociedad absorbida por la enfermedad, real o no, del GP, controlada por la vía del miedo y la represión, bajo el mando de un caudillismo-autoritarismo agotado y ante una ausencia de sucesión. ¿Qué va a pasar entonces aquí? ¿Puede negarse que vamos hacia una profunda inestabilidad que llevaría a los grupos polarizados a una violenta confrontación por los dominios del mando-poder?
El Estado actual está controlado hoy por una nueva fuerza militar-civil que cuenta con relaciones claramente establecidas a nivel de capital y renta petrolera. Nadie puede suponer siquiera que estamos ante una revolución que tiene como agente principal al proletariado ni nada parecido. El poder del Estado está en las mismas manos y lo que se ha movido reposa en las forjas de los boliburgueses.
Una revolución con una política de Estado dispuesta para servirse de la actuación de dos bandos que representan y preservan la institución. Entre ellos dos se reparten los privilegios del poder, mientras la política que se adelanta se ocupa de controlar el grueso de la sociedad con la inseguridad y el espectáculo-circo.
El activismo político lo ejerce en lo fundamental el bando armado del Estado, que cuenta además con la maquinaria de la delincuencia y el narcotráfico. El otro bando, ante la imposibilidad de enfrentar, se lanza hacia una política de imitación y convalidación.
Por una parte, señaló Pablo Hernández Parra en su conferencia este lunes 21/05 sobre las posibilidades de una guerra civil, el oficialismo registra una baja de la pobreza y por la otra el alza de las cifras de criminalidad. Y esto, agregamos, lleva a pensar en una inseguridad programada que libra al Estado de todo movimiento organizado de y para la subversión.
En ningún otro momento de nuestra vida republicana se había presenciado una campaña electoral con una fuerza gubernamental desatada en su expresión violenta y una de oposición poniendo la mejilla de la conciliación, la paz y el entendimiento ¿De dónde se saca este comportamiento tan alejado de nuestra realidad política? ¿Por qué tomar y exaltar las banderas del supuestamente contrario? ¿Una Ley de Misiones para asegurar la disposición a dar más y con mayor calidad?
Y mientras avanza esa identificación, el registro de muertes no se detiene. La guerra es en el propio bando oficial por el control de espacios, poderes como el relativo al narcotráfico y demás capitales. Y este bando a la vez va contra todos los demás y en particular contra aquellos que no concilien con el padre Estado-Revolución.
No se trata simplemente de una guerra con rasgos de civil que viene, sino que ya está andando en este expaís y que cada día liquida más y más gente mientras la revolución socialista sin socialismo, avanza criminalmente a paso de vencedores y con el aval incluso de sus oposiciones. ¡Qué historia amigos!
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