En: http://www.lapatilla.com/site/2012/05/12/carlos-raul-hernandez-la-ley-de-la-miseria/
Carlos Raúl Hernández
La Ley del Trabajo no “tiene aspectos positivos” ni “beneficia a los que están empleados”, ambas afirmaciones rigurosamente falsas. Analistas e investigadores no pueden engañarse. Mantener semejante herencia, aceleraría la marcha hacia la africanización. Es “holísticamente” una desgracia llena de odio, puniciones, amenazas, primitivismo e incomprensión de la dinámica social.
Aniquila la posibilidad de que salgan de su infierno cotidiano la enorme masa de trabajadores informales, y lesiona la existencia de los precarios, mal remunerados e improductivos empleos formales que sobreviven a la debacle roja. Veremos a los hoy trabajadores metalmecánicos vender golosinas en las colas.
Como El Bebé de Rosemary, nace del odio -por los que construyeron un poco de bienestar y fortuna- y del empecinamiento de Giordani en destruir la condición de ciudadanía y hacer de todos menesterosos que coman de la mano del gobierno. Amenaza hacer de Venezuela un país fracasado como Cuba.
Muy lejos del “anticapitalismo” ojeroso y dañino del gobierno, la OIT promovió la formación de nuevos conceptos fundamentales y asociados, entre ellos trabajo decente y empresa sustentable, pilares de la estrategia actual latinoamericana de desarrollo social y humano. No hay trabajo decente sin trabajo, y no hay trabajo sin empresas en expansión.
La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague de las Naciones Unidas (6 al 12 de marzo de 1995) y la Conferencia Internacional del Trabajo en 2007, son dos hitos en la producción de instrumentos conceptuales para el desarrollo social, que la barbarie ignora.
Ambas consagraron que las empresas privadas son únicas fuentes de empleo sustentable y superación de la pobreza, y que el entendimiento armónico entre Estado, empresarios y trabajadores, el Diálogo social o concertación tripartitadestruido por el gobierno, es el eje del progreso.
Crear empleos depende de que la sociedad civil, la ciudadanía, convierta sus ahorros en empresas productivas, pero la Ley de la Miseria refleja la obsesión de quebrarlas para “sustituirlas”. La proporción de empleos públicos es sana cuando son los necesarios para la eficiencia de los servicios del Estado y la economía.
Su número ideal los marca la tasa decreciente de ganancia en la productividad del Estado. Si en una oficina hay tres personas para la función que haría eficientemente una, se reduce el rendimiento individual a menos de un tercio. Se incrementa la ineficiencia y el burocratismo.
Brasil, Chile, Colombia, Perú, Panamá, Uruguay, etc., donde se afianza la democracia, el respeto a la libertad y el diálogo social, reducen los obstáculos al nacimiento de empresas y registran las mayores tasas de crecimiento, generación de empleo y disminución de la desigualdad. Hay una relación muy clara entre estos factores.
Los gobiernos asumen crear condiciones para la sustentabilidad exógena de las empresas, la que no depende de ellas. La modernización masiva de la infraestructura física y social. Garantizar una fuerza de trabajo capacitada, estabilidad macroeconómica, fiscal, presupuestaria, cambiaria y monetaria.
Un ambiente institucional y legal predecible que garantice la propiedad, combata la corrupción y favorezca el ahorro y la inversión, la competencia y la productividad. Entorno jurídico y político favorables para crear, crecer, y para que los ciudadanos, los trabajadores y el Estado desempeñen sus papeles respectivos.
Ese, según Porter, es el ambiente para los emprendedores. El cerco político, económico y jurídico a la actividad económica, incrementa el desempleo y la informalidad. Muchos jóvenes carecen de las capacidades necesarias y la alianza entre el Estado y el sector privado facilita programas de becas y créditos para cursar en institutos técnicos, tecnológicos, universidades, capacitación para jóvenes de bajos recursos.
La sustentabilidad endógena, por el contrario, depende de las propias empresas, de su eficiencia, administración, capacidad de innovar, actualización tecnológica, competitividad y esfuerzo para proveer trabajo decente, productivo, con respeto al ambiente, con responsabilidad social.
Del crecimiento económico arranca la inclusión social. Inversiones masivas públicas y privadas en infraestructura, servicios, educación y capacitación técnica, determinarán si el futuro será de estancamiento, o desarrollo y trabajo decente. Venezuela sería hoy un país desarrollado sin el despilfarro y la corrupción de un billón de dólares en 13 años. Sin la miserable herencia de la Ley del Trabajo.
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